El Gobierno nacional redujo la distribución de anticonceptivos y preservativos

En el país, el 59% de los embarazos no son intencionales, una proporción que sube al 68% entre menores de 19 años, de acuerdo con datos que presentó el Gobierno en 2017 en el Plan nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, diseñado justamente para reducir esta proporción.

El propio presidente, Mauricio Macri, señaló que el embarazo adolescente no intencional es uno de los problemas que es importante resolver. Sin embargo, las cantidades de anticonceptivos y preservativos distribuidos por el Gobierno nacional disminuyeron en los últimos dos años, con una caída muy fuerte en 2016 y una recuperación en 2017, pero que todavía no llega a los números distribuidos en 2015. Dado que entre las adolescentes el 43% declara acceder a los métodos anticonceptivos de manera gratuita, la provisión del Estado es fundamental.

Es el Estado nacional quien compra y reparte anticonceptivos a las provincias, y luego estas pueden complementarlo con compras propias, de acuerdo con lo que establece una ley de 2002. Pero para que se puedan repartir anticonceptivos, primero hay que comprarlos, algo que no siempre se hace en tiempo y forma.

En 2016, el ex Ministerio de Salud repartió sólo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales (en su mayoría, pastillas) que se había propuesto, con lo que el organismo estima que cubrió solo al 37% de la población que lo necesita “una fuerte baja con respecto a 2015, cuando la cobertura fue del 82%”, según reconoce el propio Ministerio en las cuentas de inversión, un documento de evaluación de la ejecución presupuestaria. En 2015 se habían distribuido más de 11 millones de tratamientos.

En 2017, la entonces cartera de Salud redujo la meta de lo que esperaba repartir: pasó de 16 a 11 millones, y repartió 7,8 millones de tratamientos, una mejora en relación con 2016, aunque por debajo de los niveles de 2015. Los cambios en las metas pueden ser por modificaciones en el tipo de tratamientos, los que son de larga duración, como los implantes subdérmicos, reemplazan a un número mayor de pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Pero en todos los casos, las metas estuvieron lejos de cumplirse. Para 2018, el objetivo es aún menor, 8,3 millones y para 2019 aumentaría a 10,7 millones, según el proyecto de ley de presupuesto que estudia el Congreso.

La explicación que dio el ex Ministerio en 2016 para esta disminución en las entregas fue el problema de una licitación iniciada en 2015, durante el gobierno anterior. En 2017, sin embargo, cuando ya no había cambio de gobierno, la razón fue similar: “Demoras de diversa índole que afectaron los procesos de adquisición durante el año 2017”, explicó la cartera a cargo de Adolfo Rubinstein.

Consultados sobre los inconvenientes en las compras, desde el organismo explicaron que se debieron a las modificaciones realizadas al inicio de la gestión en el nombre de las secretarías y subsecretarías, y a los cambios de responsable del área de compras. Señalaron también que el paso al sistema de compras electrónicas (Compr.ar) generó dificultades y hubo demoras por parte de los proveedores en las entregas.

Los atrasos en las licitaciones implicaron que en algunos casos, además de las dificultades en la provisión, se hicieran compras directas por urgencia a precios más caros, mientras se terminaban las licitaciones. Es el caso, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas que en octubre de 2016 se adquirieron de urgencia a $13,5 el paquete, mientras que en la licitación, que se adjudicó en diciembre de ese mismo año, se pagaron a $10,85, un 20% más baratas, por la misma combinación de componentes. Los datos surgen de A qué precio, un observatorio en compras públicas de Salud realizado por Chequeado, La Nación Data y ACIJ. Y este es sólo un ejemplo de cómo los problemas de planificación pueden aumentar los costos para el Estado.

Los inconvenientes que tiene el Ministerio para comprar los insumos afectan directamente a las mujeres más pobres, que dependen de la provisión gratuita del Estado para asegurarse métodos anticonceptivos. “Muchas veces, cuando las mujeres van a pedir métodos anticonceptivos tienen que aceptar lo que hay, según cuáles sean las opciones disponibles, en lugar de tener la posibilidad de buscar el tipo de anticoncepción que más les conviene”, explicó Marisa Matía, ex coordinadora del programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires. Matía agregó también que es común que las mujeres compren de su bolsillo los medicamentos si quieren mantener el tratamiento.

La situación con los preservativos es similar. Entre los diferentes programas del Ministerio de Salud que entregan preservativos, en 2016 se repartió sólo el 20% de lo previsto, 18,4 de los 93,7 millones. En 2017 se esperaba entregar 113 millones, de los cuales se distribuyeron 42,7 millones, un número mucho mayor que el de 2016, pero todavía bajo, si se considera que equivale al 42% de lo previsto. Las cantidades distribuidas en años anteriores varían, pero en 2015 se habían repartido 52 millones de preservativos.

Las diferencias entre jurisdicciones

En los casos en que las provincias compran para complementar las entregas de Nación puede haber diferencias de precios importantes. Por ejemplo, durante 2016 y 2017, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compró preservativos a un promedio de $2,54 por unidad, el doble del precio promedio de Nación, que fue de $1,45 (ver el cálculo). La diferencia en los volúmenes de compra influye en los precios que se consiguen, mientras que la Ciudad compró 25 millones de preservativos en esos dos años, Nación compró 114 millones.

Esta nota es parte del proyecto A qué precio es un observatorio creado por Chequeado, ACIJ y LA NACION Data, junto a ALTEC,  para monitorear las compras públicas en Salud entre distintos organismos públicos.