Investigaciones

La presentación junto a la Fundación Poder Ciudadano busca revertir 2 fallos que rechazaron un pedido para que la petrolera brinde información, pese a una resolución favorable de la Agencia de Acceso a la Información. La apelación sostiene que ni YPF ni la Justicia identificaron qué perjuicio concreto ocasionaría divulgar esos datos.

El presidente y el flamante vocero presidencial Adrián Ravier cerraron el evento “Ideas para una sociedad libre”. Según la Biblioteca de Anuncios de Meta, la cuenta Ratio Oficial que pertenece a la Fundación gastó más de $ 135 millones en los últimos 3 meses en publicidad clasificada por la plataforma como política o electoral.

El organismo rechazó un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado y sostuvo que los datos están protegidos por el deber de confidencialidad previsto en la Ley de Prevención del Lavado de Activos.

La Silla Vacía identificó que en la campaña electoral en Colombia los 3 principales candidatos le apostaron a una estrategia opaca pero conocida: usar cuentas falsas para inflarse y atacarse en redes. Según sus cálculos, 1 de cada 10 comentarios en un post de un candidato es hecho por una cuenta bot o coordinada.

A 10 días de la revelación de Chequeado, la obra social estatal de los jubilados quitó el acceso a los archivos que aparecían en el buscador de compras de las Unidades de Gestión Local (UGL), que mostraban datos sensibles de sus afiliados. 

El organismo que depende del ministro Juan Bautista Mahiques le requirió la presentación del “Anexo XIII”, en el que deben listarse los ingresos recibidos por donaciones que superen los 40 salarios mínimos ($ 11 millones) y que la Fundación aún no detalló.

En 2023, cuando se llamaba Fundación Valorar, sólo había registrado un patrimonio neto de $ 12 millones, mientras que en 2024 ascendió a $ 4.394 millones, según declaró la organización que dirige Agustín Laje ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Especialistas sostienen que los afectados pueden realizar reclamos ante el propio organismo o la Agencia de Protección de Datos Personales, e incluso recurrir a un habeas data para que un juez ordene el borrado de la información.

Entre los documentos expuestos, hay historias clínicas completas, resultados de estudios, certificados de discapacidad y copias de DNI. Se trata de, al menos, 40 casos registrados.

La publicidad de vapeadores sigue prohibida, aun después de que el Gobierno habilitó su venta. La denuncia pide suspender la campaña, eliminar todos sus contenidos digitales, rescindir el contrato y aplicar sanciones.

Chequeado analizó 106 respuestas de Gemini, ChatGPT, Grok y la IA de Google: el 36% presentó algún tipo de problema informativo. Entre los problemas identificados, había cifras incorrectas y alucinaciones de frases y fuentes, entre otros.

Un relevamiento de la Red Federal de Periodismo en 7 provincias detectó recortes en la provisión por parte del Estado nacional. Organizaciones de pacientes advierten sobre demoras críticas en el acceso a medicamentos contra el cáncer y reactivos para diagnosticar VIH y tuberculosis. 

Destinó $ 30.411 millones a publicidad en 2025. Los datos surgen de un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado, que solicitó, además, que se informe cómo se asigna ese dinero. El Banco Nación rechazó esa solicitud, como ya lo había hecho YPF.

Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país.

En el corredor entre Añelo y Senillosa, en pleno Vaca Muerta, se proyectan mega data centers en un territorio árido atravesado por la actividad petrolera. Las comunidades locales -incluidas las mapuches- ya conviven con los impactos de los derrames de petróleo y alertan por la falta de controles ambientales.