Todo lo que dejaste de hacer para pagar las tarifas

Carmen apoya la bandeja con pocillos de café sucios sobre la mesada de la cocina. La empresa donde trabaja, una o dos veces por semana, ocupa tres pisos en un rascacielos de la city porteña. La contratan cuando el único mozo que tiene relación de dependencia no da abasto y necesita ayuda. Le pagan en negro y por día. El uniforme de Carmen es sencillo. Pantalón y chaleco negros, camisa y delantal blancos, el pelo recogido, zapatos de goma cómodos, bajos y abotinados. Tiene 30 minutos para la entrevista en su tiempo de descanso. Sobre una de las paredes cuelga una pantalla de televisión: encendida, con el volumen bajo, sintonizada en un canal de noticias que está transmitiendo en directo la sesión del Congreso donde los diputados debaten el proyecto de ley para retrotraer el nivel de las tarifas de los servicios públicos al mes de noviembre de 2017 y proponer su actualización para los usuarios residenciales según la evolución de los salarios, entre otros puntos.

El contexto de este aumento difiere de los anteriores. Abril y mayo fueron meses hostiles para el bolsillo. Subieron la luz y el gas, y un cambio de humor inesperado de los inversores -o una maniobra bien ejecutada- achicó sensiblemente la tolerancia de “los mercados” al riesgo argentino y provocó una corrida cambiaria y la pérdida de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central. La decisión del Presidente Macri de acudir al Fondo Monetario Internacional, en un intento por recuperar la confianza de los acreedores de la deuda pública, ha generado en buena parte de los argentinos más dudas que certezas para el mediano y largo plazo. En cambio, para el cortísimo plazo no hay discusión: la suba de tarifas, la devaluación y su impacto sobre el nivel de inflación impacta de lleno en trabajadores y jubilados.

El problema de Carmen es que ya no tiene, no sabe, no imagina, por dónde más recortar un presupuesto familiar que hasta hace un año y medio la hacía sentir parte de una clase media que llegaba a fin de mes con margen para darse algunos gustos. Vive en Florencio Varela con su marido, tres hijos, una nuera y un nieto que está empezando a caminar. El marido de Carmen tiene un empleo formal como mozo en un banco del Microcentro, gana $25 mil netos por mes pero desde hace un año ya no le permiten hacer horas extras. Sus dos hijos más grandes, de 20 y 23 años, tienen trabajo y se encargan de parte de las compras del supermercado. Uno es colocador de placas de durlock; el otro es empleado en un call center. El hijo más chico tiene 10 años. Hasta 2017 fue a un colegio privado. Este año la cuota se duplicó y Carmen lo inscribió en una escuela pública. En febrero dieron de baja la televisión por cable. Y cambiaron los abonos de los celulares por el plan básico; los conservan por seguridad, porque todos trabajan hasta tarde y viajan de noche, necesitan estar comunicados y organizar la vida familiar: quién compra la comida, quién compra los pañales, quién hace la cena. Hasta hace poco, una vez por mes iba al supermercado mayorista con $3 mil y se aseguraba los alimentos básicos del mes. Ya no puede. Esos $3 mil es lo que subieron las tarifas en un año. Ahora vive al día, comprando menos y más caro en los mercaditos del barrio. Carmen es austera, cuidadosa en los consumos, trabajadora y razonable. Está de acuerdo en que las tarifas eran extremadamente bajas, pero la enoja la combinación de malas noticias, que lleguen todas juntas y la hagan sentirse acorralada: aumenta la luz, el gas, el agua y el transporte -el recorrido en micro desde el centro al cruce de Florencio Varela cuesta $30-; sube el precio de la comida, las medicinas y los útiles escolares; el sueldo del marido no se actualiza en igual proporción y le cortan las horas extras; su trabajo eventual es cada vez más escaso, cayó un 50% desde la primavera del año pasado.

Consumo de casa en municipio de San Miguel (en $). Mayo de 2018.

Se trata de una boleta con un costo total de $1.944 mensuales si se consideran los costos fijos, variables y los impuestos. Los datos acá.

Fuente: mediciones realizadas con Wabee Home Energy.

En el barrio de Carmen, la mayoría de los vecinos vive una situación parecida. Las facturas llegan con consumos altísimos que para ellos son inexplicables. Hacen el reclamo y esperan en vano. Al final, el temor a que les corten el suministro y a tener que pagar la reconexión se transforma en el incentivo para pagar en tiempo y forma, pidiendo plata prestada o pagando con tarjeta de crédito.

El vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli, confirmó en la tercera semana de mayo que, a pesar de los aumentos, la morosidad de ambas distribuidoras de energía eléctrica se mantiene en los niveles históricos. Este dato también fue ratificado por voceros de Edesur. ¿Qué sucede cuando un cliente no puede pagar e intenta establecer un diálogo con la empresa para buscar alternativas? Distintas personas que cumplen funciones tanto en Edenor como en Edesur dejaron trascender que cuando un cliente que no puede pagar se acerca a la empresa, se estudia caso por caso para determinar -de acuerdo al historial del cliente y su situación financiera actual- si es plausible un plan de financiación o si la única salida es pagar o quedarse sin luz.

Según la información que Chequeado obtuvo de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, entre enero y abril de 2018 hubo 2.163 quejas sobre servicios públicos, casi el doble de las recibidas en igual período de 2017 y cerca del triple de las de 2016. Más del 50% de los reclamos apunta a las distribuidoras de energía eléctrica y se refieren a la facturación, cortes de suministro, mala atención o incumplimiento del contrato. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo dijo no tener estadísticas que permitan analizar la evolución de los reclamos.

El malestar emergente tras los últimos aumentos de este año en la luz y el gas fue percibido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que habilitó, el 23 de abril, una línea para denuncias por cargos indebidos y facturación errónea de los servicios públicos. En pocas horas llegaron al 0800-333-6384 alrededor de 4.200 denuncias. Cerca de la mitad derivaron en la apertura de una investigación que tiene en el ojo del huracán, con más del 80% de los reclamos, a las empresas eléctricas, según datos del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), publicado en distintos medios de prensa.

Algunas miles de denuncias en un universo de casi 5 millones de usuarios, sólo contemplando los de Edenor y Edesur, podría parecer estadísticamente un guarismo aceptable. Carmen no piensa igual. Hace cuatro meses, con su marido decidieron entrar en una espiral que saben peligrosa: él comenzó a pedir adelantos de sueldos. Y en las últimas semanas volvieron a una práctica que Carmen se había prometido no repetir: financiar los consumos del supermercado con tarjeta de crédito, y también algunas facturas cuando no queda otro remedio. Ella sabe que es el comienzo de un final infeliz. “Lo último que dejo de comprar es lo que mi hijo necesita para ir a la escuela como se debe. Si no tiene los útiles que le pide la maestra o no se puede conectar a Internet para hacer los deberes, él pierde la voluntad. Y eso, yo no lo puedo permitir”. La semana que viene, el chico cumple 11 años. El alquiler por cuatro horas de un salón modesto con canchita de fútbol y metegoles cuesta en Florencio Varela $8000. Un lujo que, por primera vez, Carmen no puede pagar.

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“Nadie va a dejar de comer por el aumento de las tarifas”, dice Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante los dos últimos años del gobierno anterior, ex director por el Estado en la empresa Edenor y ex empleado de Edenor antes de entrar a la función pública. “Digo esto para que se entienda que los más perjudicados por los ajustes de tarifas no son la parte de la población más vulnerable y con menos recursos, porque ese segmento está siendo atendido por la tarifa social”, agrega.

Según sus estimaciones -calculadas en base a datos del INDEC, el Ministerio de Energía de la Nación y las empresas prestatarias de los servicios-, la cobertura de la tarifa social excede el porcentaje de población en situación de pobreza. A nivel país, el 26% de los hogares son pobres y la tarifa social cubre al 31%; en CABA y Gran Buenos Aires la relación es 25% contra 26% -la cobertura se ubica un 1% por debajo-; en la Provincia de Buenos Aires hay 22% de hogares pobres y la tarifa social cubre la situación del 32% de hogares.

“El problema se trasladó hacia las familias de clase media-baja y media-media -dice Álvarez Agis-. La suba simultánea de tarifas y servicios públicos, en un contexto en el que la inflación no se controla, los obliga a destinar tres, cuatro, cinco mil pesos extras al pago de luz, agua, gas y transporte. Y ese monto, que para muchos es nada, en esa capa social hace la diferencia: una salida familiar los días viernes, el ahorro para las vacaciones, un gusto de vez en cuando”.

Carolina tiene 47 años y vive con su familia en el barrio de Saavedra, en una casa con un jardín privilegiado que es de su padre. No paga alquiler. Vive con su marido y sus tres hijos adolescentes que estudian en la escuela pública. Tres militantes ecologistas que cuidan la energía por convicción. Ella trabajó durante años como psicóloga en el equipo de Laura Gutman, psicoterapeuta familiar y autora de varios best sellers. En 2015 se enfermó y tuvo que dejar esa profesión. Entonces comenzó un emprendimiento propio: venta de muñecos personalizados y prendas de diseño tejidas a mano. La situación lo permitía. Su marido trabajaba en una empresa y ganaba bien; y sus ventas le dejaban a ella un ingreso de más de $10 mil por mes. Hacia fines de 2016 su marido perdió el empleo porque la empresa cerró, y las ventas de sus muñecos y prendas empezaron a caer en picada. Ahora, él es empleado administrativo en una agencia de traslados para ejecutivos del microcentro porteño. Gana $25 mil netos por mes. Un compañero estará ausente por enfermedad durante un trimestre y él lo cubrirá, trabajando 12 horas por día, para cobrar un poco más y tratar de cancelar algunas de las deudas que se juntaron en el último año.

“En pocos meses vimos cómo todo subía de a mil. Mil la luz, mil el gas. La nafta, la comida, la prepaga. Dimos de baja la televisión por cable y este verano no pudimos ni juntar el dinero para llenar el tanque del auto y tomarnos unos días de vacaciones en el departamento de mi suegra, en Mar del Plata. Se acabó la consigna: ‘Es viernes y mamá no cocina’. Mi marido vive amargado; no es lindo saber que gracias a tu suegro llegás a fin de mes. Pero ya no tenemos por dónde ajustar”. Ella empezó a pedirle plata a su padre el año pasado. Y desde entonces se siente como en el mundo del revés. A punto de jubilarse como técnico calificado de una empresa petrolera, es él quien la ayuda a ella y a su hermana Cecilia, una arquitecta que vive con sus tres hijos en Mendoza.

Si bien en las audiencias públicas de fines de 2016 se instaló la creencia de que las subas escalonadas para alcanzar la tarifa de equilibrio terminarían a fines de 2018 o, a más tardar, comienzos de 2019, y que a partir de entonces las actualizaciones semestrales serían menos impactantes, nada de eso parece estar por llegar. “Esa proyección suponía una inflación y dólar controlados. Algo que no ocurrió -dice Álvarez Agis-. Además, ahora dependemos del precio internacional de los combustibles que están en alza y encarecen las importaciones del gas que se necesitan, entre otras cosas, para producir electricidad. Las tarifas se han convertido en un blanco móvil”.

El ex funcionario es de los que creen que las tarifas tendrían que haber comenzado a normalizarse a partir de 2005, cuando la economía gozaba de buena salud; un 10% de suba cada año hubiese evitado el desequilibrio fiscal que hoy se intenta revertir. Desactivarlo ahora, requiere cuidado y una visión global que el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, le reclamó así al Presidente en su columna “El problema del todo”: “Macri ve los problemas como si fueran independientes. Tiene respuestas individuales para cada uno, como un gerente especializado o una militar eficiente, pero no mostró aún la visión del todo de un estadista”.

Los cálculos de Álvarez Agis revelan cómo fue variando el peso de las tarifas de luz y gas en las jubilaciones, en los sueldos más bajos y en los salarios medios de los usuarios que pagan la tarifa plena. Una montaña rusa que, tal vez, podrá ser emocionante para quienes tienen conocimiento, experiencia en los vaivenes de la economía y los mercados, y margen de maniobra.

“El atraso tarifario acumulado en 12 años no puede resolverse en dos años y medio”, dice en una tarde de mayo Cecilia Laclau. La Presidenta de Fundelec, una fundación independiente especializada en temas eléctricos, cree que hay que buscar una salida para ese sector de la sociedad que está en el límite y es siempre el hilo delgado por el que se toma el atajo. “Debería haber un gesto de los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal; deberían dar una señal de austeridad y reducir los impuestos que llegan con las facturas. Si las tarifas subieron y el consumo se mantuvo, si el Gobierno redujo sensiblemente los subsidios, podría ceder a los usuarios parte de ese resultado que acumula a su favor. Según cómo se haga el cálculo, hoy se está recaudando entre 10 y 30 veces más que en 2015. Además, falta una campaña contundente que concientice a la población sobre la importancia de la energía y cómo cuidarla. No puede ser sólo el aumento de la tarifa lo que estimule la baja del consumo. Tengo una amiga que guarda dinero en verano para pagar en invierno la factura de gas. Se han construido cantidad de viviendas que no están preparadas para los fríos intensos. Como la energía era barata, se construyó con los mismos materiales en el sur y en el norte. Ahora, todas esas conductas tendrán que cambiar. ¡Pero hay que educar!”.

El lunes 28 de mayo, en un anuncio grabado y transmitido por todos los canales, Macri pidió a los senadores de la oposición que no votaran la ley que retrotrae el precio de las tarifas. Pero además dijo: “Mientras se da este debate, sigue aumentando el consumo de electricidad. Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillo en nuestras casas que nos permitan consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo”. Luego presentó una web oficial que permite calcular cuánto se ahorra si se cambian las lamparitas tradicionales de bajo consumo por lámparas LED.

En medio de la crisis de 2002, Cecilia, la hermana arquitecta de Carolina, decidió dejar Buenos Aires con su marido de entonces. Su padre ganaba muy bien como empleado petrolero y pudo prestarle el dinero para construir un complejo de cabañas en Potrerillos, Mendoza. Empezaron por dos unidades y prosperaron. En vacaciones y durante los fines de semana trabajaban casi con ocupación completa. “Ahora nadie gasta un peso. La gente se va a la orilla de un río y se hace un asado pero no sale a la ruta ni alquila cabañas. Pago cuotas de luz de $6 mil. Se me van juntando y ya ni sé qué período ni qué cuota estoy cancelando, ni cuándo esta locura se va a estabilizar. Además, no puedo trasladar los mayores costos al precio de la cabaña porque sería suicida. Cobro $2.500 por cabaña, por día. Y eso es el cuarto de un sueldo de un empleado mendocino, que son los clientes que puedo tener. Para ir al supermercado o a la sala médica, gasto $400 de nafta para recorrer los 40 kilómetros hasta Luján de Cuyo. Los chicos tienen 7, 11 y 15 años. Un micro público gratuito los lleva y trae del colegio, pero ahora a la escuela le quitaron el subsidio para la comida y ya no van a tener el comedor del mediodía. Te quitan por todos lados. Por acá, la gente ya no sabe qué hacer. Es una sensación que te va minando las ganas. Porque ¿cuándo va a parar?”

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Podría decirse que el gobierno anterior quedó atrapado en un laberinto de subsidios que benefició a todos por igual degenerando el sentido de la redistribución que se proponía. Y podría decirse que el gobierno actual quedó atrapado en la urgencia de desactivarlos para complacer el ánimo de los prestamistas internacionales y domésticos. Y en esa carrera contra reloj blindó a los más vulnerables con la tarifa social, pero descuidó la situación límite del eslabón que sigue en el entramado social. Carmen y su familia, Carolina y su familia, Cecilia y su familia. Y tantos más.

A fines de 2015, un colaborador cercano a Mauricio Macri, mientras caminaba por el Patio de las Palmeras en la Casa Rosada, explicaba su heterodoxa función. Le habían encomendado recorrer los distintos ministerios con el propósito de recordarles a los técnicos que trabajaban en cada cartera que detrás de las medidas que tomaran estaba la gente que el Presidente había prometido cuidar. Ya en esos días, el funcionario parecía preocupado por el éxito de su misión; mientras Macri se presentaba ante la comunidad económica internacional en la Convención de Davos, en la Casa de Gobierno los técnicos de los ministerios preparaban el plan de desactivación de ese artefacto peligroso que había montado año a año el kirchnerismo llamado subsidios. Los del sector energético, que en 2006 equivalían al 0,6% del PBI -la riqueza producida por todos los argentinos en un año-, se habían multiplicado cinco veces en 2015, hasta superar el 3% del PIB. Una explicación simplificada de cómo se llegó hasta allí podría ser la que suele dar el ingeniero Julio Bragulat, un experto histórico del sector, en sus clases magistrales: la Argentina tuvo la tormenta perfecta. A partir de 2002 y en los años sucesivos, por la crisis económica, era inviable aumentar las tarifas; la Argentina que se había hecho gas-dependiente cuando en la década del 70 se descubrió el yacimiento de Loma de la Lata, supo de pronto que no había gas barato para 300 años como se creía; la Argentina se quedó sin gas y tuvo que comenzar a importar justo cuando el precio se multiplicó por diez. ¿Qué hizo el Gobierno a partir de 2008? Álvarez Agis dice que se importaba gas pagando US$ 15 dólares el BTU (la unidad de medida usada para el gas) y se entregaba a las empresas a US$ 3 para que produjeran electricidad y suministren gas sin aumentos de tarifas. Para el Gobierno al que perteneció, las tarifas baratas eran parte de la concepción económica que defendía: salario indirecto para las familias; precio competitivo de la energía para las empresas pequeñas y medianas.

“No se puede abandonar el esfuerzo cuando estamos cruzando un río caudaloso y faltan 20 metros para llegar a la orilla. Yo acuerdo con el Gobierno en que no se puede volver atrás. No es una opinión de ‘oficialista’ sino de ingeniero, y es por lo que vengo batallando tantos años. Necesitamos un plan de largo plazo. Necesitamos inversiones para sacar los combustibles de Vaca Muerta”, dice un día de mayo Emilio Apud. Director por el Estado en YPF y ex secretario de Energía en 2001, durante el gobierno de la Alianza. “En enero de 2016, las facturas eran pagadas en un 20% por la gente y el 80% restante era subsidios del Estado. En abril de este año, la relación se había invertido. Eso significa un ahorro de US$8 mil millones en subsidios. Lo que resta para llegar al objetivo de ‘subsidio cero’ es el último tramo del sacrificio”.

Apud reconoce que la suba del gas del mes de abril, 32%, impactará en el período de mayor consumo, y es posible que a la clase media le cueste pagar las facturas. Según sus proyecciones, el 60% de los usuarios de gas recibirá boletas por debajo de los $1000 pesos, el 20% entre mil y dos mil pesos, y sólo el 20% restante recibirá facturas por montos superiores a los dos mil pesos. Para los que lo necesiten habrá un plan de cuotas que permitirá prorratear el consumo elevado de invierno en las facturas de primavera y verano. Al proyecto de ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el mismo día de la entrevista con Carmen, 9 de mayo, y que hoy discutirá el Senado lo considera una especulación política. “Los aumentos escalonados son para alcanzar la tarifa de equilibrio, hubo 1.100% de inflación en 12 años sin que las tarifas sufrieran cambios significativos y eso es lo que se está corrigiendo. Después vendrán las actualizaciones por inflación. Pero no se puede discutir la actualización sin antes encontrar el valor de equilibrio”.

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Las políticas sobre subsidios, por exceso o defecto, han sido aplicadas, antes y ahora, con información imperfecta. Una cobertura homogénea para una población heterogénea; una quita de subsidios homogénea para la población heterogénea que paga la tarifa plena. Una indiferenciación entre quienes pueden o no pueden pagar que está lejos de ser inocua.

Por supuesto que la producción de información que permite separar la paja del trigo cuesta dinero. Pero los atajos, ya se ve, parecen provocar más costos económicos y políticos que la decisión de costear las herramientas que se necesitan para desarrollar, desde el comienzo, políticas más eficientes y equitativas. Lo dijo un ex funcionario del gobierno menemista y kirchnerista Martín Redrado, en una entrevista que le hizo Santiago del Moro en el programa Intratables: “Hay que segmentar. No es lo mismo aumentar las tarifas en Recoleta que en Mataderos. Hay que ir con más cuidado, hay que conocer la capacidad de pago, hay que ir barrio por barrio. Segmentar es el nombre del juego, y no volver al pasado”.

Como una aproximación a los planteos de la Economía de la Información y las formas de evitar las “selecciones adversas” -que se subsidie a quien puede pagar; que se penalice a quien no puede- se encuentra disponible en Internet el discurso que Joseph Stiglitz pronunció en Estocolmo el 8 de diciembre de 2001 cuando recibió, junto con G. Akerlof y M. Spence, el Premio Nobel de Economía. Argentina ha sido para el economista uno de sus mejores ejemplos en materia de insuficiencia de información pública y, tristemente, en materia de sus usos indebidos. Como si los gobiernos argentinos olvidaran algo que parece obvio: que el Estado puede derivar en el sector privado -funciones, acciones, producciones-; pero lo que no puede hacer es dejar a la deriva.

Gabriela vive en Caballito con su marido y su hija de seis años. Antes vivían en Morón. Hace años, para mejorar las posibilidades de trabajo decidieron poner en alquiler su casa de la provincia y mudarse a capital. Pagaban el diferencial entre alquileres, trabajaban y vivían sin sobresaltos. Gabriela es psicóloga y tenía la agenda completa. A Paloma la cuidaba una niñera y crecía. A comienzos de 2015 todo cambió. A su hija le diagnosticaron TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), una enfermedad imprecisa que requiere tratamientos multidisciplinarios y que reclamó la dedicación completa de Gabriela. Paloma no se comunica, tiene un retraso importante en el lenguaje y para conseguir avances hay que deambular el día entero por consultorios médicos, psicopedagoga, psicólogo, fonoaudiólogo y kinesiólogo. Hay que acompañarla a la escuela y llevarla al club para que practique natación, la actividad que más le gusta y la conecta. Gabriela dejó de trabajar en 2015. Sólo siguió dando algunas clases dos veces por semana, durante el turno noche en la Universidad del Museo Social Argentino. Con una sonrisa débil, dice que -por esas cosas de la vida- tiene como alumno al vocero de prensa del Ministerio de Energía.

El marido de Gabriela es empleado administrativo en una mutual, algo que les asegura un muy buen trato en la obra social que tanto necesita su hija. Pero el sueldo neto mensual no llega a los $30 mil. Sin el aporte de Gabriela a la economía familiar pudieron resistir durante 2015 y 2016. En 2017 la situación fue volviéndose insostenible. Anularon salidas, vacaciones y hasta los pequeños lujos en las compras del supermercado. El alquiler del modesto departamento sobre la calle Neuquén, a dos cuadras de Acoyte y Rivadavia, trepó a $11 mil, las expensas a $5 mil y el gasto mensual en servicios pasó de $300 a $3 mil, todo en menos de un año. Ahora, Gabriela arma las cajas para la mudanza y el retorno a Morón. La decisión la tomaron cuando tuvieron que dejar de pagar la cuota del club y su hija se quedó sin clases de natación. La casa de Morón está venida a menos, dice Gabriela, y prefiere imaginar el jardín y la huerta que armará para Paloma.

Las historias de Carmen, Carolina, Cecilia y Gabriela fueron elegidas entre varios testimonios recogidos durante los primeros diez días de mayo de 2018. Las entrevistas se realizaron a personas conocidas desde hace largo tiempo. Personas trabajadoras, austeras, cuidadosas de sus consumos, valientes, con deseos de prosperar. Las tres primeras están casadas y comparten con sus maridos la preocupación de una situación de descenso social que no imaginaban hasta hace muy poco. La tercera es divorciada y apuntala a solas su ánimo y su casa.

Este artículo forma parte de un trabajo en conjunto con la revista Anfibia y la copublicación se puede ver acá.