Plan “Argentina sin narcotráfico”: datos sobre consumo y tenencia personal en la Argentina

Antes del anuncio del Plan “Argentina sin narcotráfico” realizado ayer, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, señaló en una entrevista en radio Nacional: “Hemos duplicado los niveles de consumo en la última década”. Si bien Burzaco no aclaró a qué tipo de droga se refería, si se analiza el período del que se cuenta con datos oficiales de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (2004-2011), en la población de 15 a 65 años el consumo de cocaína se duplicó y el de marihuana se triplicó, mientras que la pasta base creció levemente (ver también consumo en estudiantes de nivel medio). No obstante, todos los indicadores se mantienen estables o con tendencia a la baja desde 2008.

En otro hecho destacado en la agenda contra el narcotráfico, un grupo de más de 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país firmaron un documento donde reclaman una nueva política que, entre otras cosas, “no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas” y respete los derechos humanos. El documento fue difundido al cumplirse 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. Esta doctrina, dejada atrás por la Corte en los ‘90, fue retomada en 2009 a través del fallo “Arriola”.

Según datos de 2015 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dentro de los delitos comprendidos en la llamada “ley de estupefacientes”, el de tenencia para consumo personal fue el más común: 8.125 de las 22.020 causas iniciadas en la Justicia federal por delitos relacionados con la droga. Es decir que el 36,9% de los casos fue por tenencia para consumo, cuya penalización es inconstitucional según la jurisprudencia de la Corte. Si a eso se le suman las causas por tenencia simple (casos en los que por la escasa cantidad de droga no se puede determinar la intención de esa tenencia y que los firmantes del documento también proponen despenalizar), la cifra llega al 50% del total de expedientes tramitados.

Esta nota contó con la colaboración de Juan Pablo Alvarez.