Grabois no está procesado por malversación de fondos públicos en el FISU: fue sobreseído en julio de 2025

En medio de la campaña para las elecciones legislativas de 2025, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois (Fuerza Patria), denunció al diputado José Luis Espert (LLA) por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, a quien se lo acusa en una causa de narcotráfico en los Estados Unidos. Esto derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional. 

En este contexto, comenzaron a circular en redes sociales varios posteos que señalan que el dirigente social “está procesado por malversación de fondos públicos en el manejo del FISU”, Fondo de Integración Socio Urbana que fue creado en 2018 durante la gestión de Cambiemos. 

Sin embargo, esto es falso. En enero de 2024, Grabois fue denunciado por liderar una supuesta asociación ilícita para la malversación de dinero del FISU. Sin embargo, el dirigente fue sobreseído, según consta en fallos judiciales y confirmaron a Chequeado desde la fiscalía que tramitó el expediente. 

Qué es el FISU 

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue una herramienta fiduciaria destinada a la urbanización de barrios populares. En mayo de 2025, durante la gestión de Javier Milei (LLA), el FISU fue disuelto a través del Decreto 312/2025. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), la Secretaría de Integración Socio Urbana, responsable de la ejecución presupuestaria del FISU, estuvo a cargo de Fernanda Miño, aliada de Grabois. 

Según un informe presentado por el Centro de Cooperativas y Economía Social (Cencoes), espacio académico que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, durante la vigencia del FISU se llevaron adelante “más de 1.200 proyectos de integración socio urbana en más de 1.000 barrios populares de la Argentina”, que incluyeron “obras de infraestructura, mejoramiento del hábitat y generación de nuevo suelo urbano, beneficiando a alrededor de 772 mil personas”.

El Juzgado Federal Nº 12, subrogado por Ariel Lijo, tramitó una serie de expedientes que fueron unificados en ese tribunal y cuyo objeto procesal eran las presuntas irregularidades en la administración del FISU. Al menos una de esas presentaciones fue realizada por el abogado Jeremías Rodríguez. 

Qué dicen los posteos virales y por qué se trata de una desinformación

“Al que está procesado por malversación de fondos públicos en el manejo del FISU (…), lo premian con una banca en la Cámara de Diputados”, señala un posteo de la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Ajmechet (PRO), quien también es candidata en las elecciones legislativas del 26 de octubre. 

Otros usuarios, como Sebastián Caos y Stanley del 56%, también publicaron la misma afirmación.

Sin embargo, esto es falso. Grabois no fue procesado por esta denuncia. Fue imputado inicialmente, junto a otros acusados, pero luego resultó sobreseído por Lijo el 18 de julio de 2025. 

El fallo de sobreseimiento, al que accedió Chequeado, concluye que no hay pruebas que sustenten las acusaciones de irregularidades y que la causa se basó principalmente en notas periodísticas sin respaldo suficiente. 

Según el documento, se pudo advertir: “Toda la información traída al proceso es producto de meras reproducciones de todo cuanto se expuso en programas de televisión y del eco que se hicieron en distintos medios periodísticos del país”.

El fallo también señaló que esa falta de rigor derivó en “datos que mezclan las obras a realizar, los funcionarios intervinientes u otros que exhiben la falta de profundidad o de precisión de los hechos que se pretendían denunciar”.

Además, la sentencia destaca que los informes presentados en la causa dan cuenta de “la labor desplegada por los distintos actores (…) a fin de cumplir con una tarea más que difícil” y resalta “los logros y desafíos de la misma y, en particular, la transparencia en la ejecución de los fondos y la gestión ágil y eficiente de los recursos destinados a los barrios populares”.

Finalmente, el texto judicial advierte que las demoras en los proyectos se deben a “la falta de coordinación de múltiples actores con diferencias jurisdiccionales” y alerta que avanzar con denuncias sin sustento “esconde un riesgo de incluir en un proceso de revisión y cuestionamientos a un sin fin de obras ante la aparición de noticias que anuncien nuevas irregularidades”.

La Fiscalía Federal Nº 5, a cargo de Franco Picardi, no apeló el fallo de Lijo. Por eso, quedó firme el sobreseimiento dictado por el magistrado. Así lo confirmaron a Chequeado desde la fiscalía. 

El abogado Jeremías Rodríguez sí apeló, pero su pretensión de ser querellante en el expediente ya había sido rechazada por lo que el expediente no pasó a una segunda instancia de revisión.

Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checking de Meta en la Argentina.