Javier Milei y su promesa a 2 años de asumir: “Vamos a reformar el Código Penal y el Código Penal Procesal”

El entonces candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, prometió en el debate presidencial previo al balotaje de 2023 “reformar el Código Penal, el Código Penal Procesal (…) Porque, por ejemplo, el Código Penal, que es de 1921, tuvo 900 modificaciones y muchas de esas modificaciones que tiene son contradictorias unas con otras”.

Esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. En el primer año de gestión, una comisión de especialistas elaboró un anteproyecto de reforma del Código Penal. Y en el segundo año, el Presidente anunció en un acto la finalización del proyecto. Se espera que sea presentado en el Congreso en los próximos días, ya que el Ejecutivo incluyó esta iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 30 de diciembre.

Por otra parte, aunque no se impulsó una reforma del Código Procesal Penal, el Gobierno  avanzó en la implementación del texto aprobado en 2014, que ya está vigente en 9 jurisdicciones.

El proceso para la presentación del proyecto

El Ministerio de Justicia de la Nación creó en febrero de 2024 la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, encargada de elaborar un anteproyecto de ley que unifique  la legislación penal “en un único cuerpo normativo”. La integraron académicos, jueces, abogados de la matrícula, funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia, y el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La comisión terminó el anteproyecto entre octubre y noviembre de 2024 y lo presentó al Ministerio de Justicia. La presentación oficial de la propuesta se realizó un año después en un acto encabezado por Milei. Sin embargo, 2 meses más tarde el proyecto aún no ingresó al Congreso. Desde el Ministerio de Justicia informaron a Chequeado que la presentación se hará en las próximas semanas y el Ejecutivo incluyó este proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 30 de diciembre.

Según una síntesis a la que accedió este medio, el proyecto plantea que los delitos más graves -como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad- sean imprescriptibles. Endurece penas para robos de celulares, estafas y delitos viales. Además, incorpora un capítulo completo de ciberdelitos y regula nuevos, como la pornovenganza, los delitos ambientales y la crueldad animal sistemática.

Sobre el narcotráfico, se elevan las penas máximas para organizadores internacionales y se crean figuras específicas para opioides sintéticos y precursores químicos. Además, se refuerza el rol de las víctimas en el proceso, con la incorporación del concepto de “seguimiento socio-judicial” para condenados que terminan de cumplir la pena en delitos graves. Esto implica que los jueces deberán escuchar a las víctimas antes de decisiones que extingan la acción penal y notificarles todas las resoluciones. También incluye un capítulo para delitos contra la familia y la violencia de género, se agravan penas por delitos sexuales y grooming, y se tipifican nuevas conductas como el acoso sexual en entornos laborales y educativos.

El Código Penal vigente fue  sancionado en 1921. Si bien tuvo más de 900 reformas parciales, nunca se hizo una reforma integral. Esas reformas parciales, según los especialistas, han provocado un desequilibrio y una falta de proporcionalidad en el régimen de penas.

Sin reforma, avanza la implementación del Código Procesal Penal

Hasta el momento el Gobierno no impulsó una reforma del Código Procesal Penal, que establece cómo se rige el proceso penal. Sin embargo, avanzó en la implementación del Código Procesal Federal sancionado en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que instauró un sistema acusatorio: los fiscales investigan, y los jueces resuelven sobre base de las pruebas aportadas por fiscales y defensores.

Cuando el Congreso sancionó ese Código, se dispuso una implementación progresiva y se le asignó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación la facultad de fijar un cronograma. La jurisdicción de la Cámara Federal de Salta (integrada por Salta y Jujuy) fue la primera en utilizar el sistema acusatorio, desde mediados de 2019. Luego entraron progresivamente en vigencia algunos artículos en todo el país entre fines de 2019 y mediados de 2021.

Tras asumir, Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia en febrero de 2024 que le quitó a la Comisión Bicameral del Congreso la facultad de establecer el cronograma y la derivó al Ministerio de Justicia.

Con estas atribuciones, el Ministerio de Justicia dispuso la entrada en vigencia del CPPF en 8 nuevas jurisdicciones: Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia en 2024; y Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes y Resistencia en 2025.

Se había programado la entrada en vigencia del Código en la Cámara Federal porteña y la Cámara en lo Penal Económico para noviembre de 2025, pero fue postergado para abril de 2026. La Plata y Posadas también lo implementarán el año que viene. Queda pendiente de resolución la aplicación en la Justicia Nacional de la Ciudad, y en las cámaras federales de San Martín, Tucumán, Córdoba y Paraná.

De esta manera, el Código ya está vigente en 9 jurisdicciones. Está programada su implementación para 2026 en 4 cámaras, y las 4 restantes están pendientes de resolución.

Con base en estos avances, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno finalizó la redacción del proyecto de reforma del Código Penal, que será presentado en los próximos días en el Congreso y avanzó en la implementación del Código Procesal en 8 jurisdicciones de la Justicia federal.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.