¿Qué son los indultos y cuándo se aplicaron en la Argentina?
- El indulto es una facultad que le da la Constitución al Presidente de la Nación para reducir o extinguir penas por delitos federales.
- En la Argentina no se utiliza desde hace más de 2 décadas: la última vez fue en 2004.
- En 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los indultos para condenados por delitos de lesa humanidad.
En la previa del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, comenzó a circular en redes sociales una versión que indicaba que el Gobierno nacional podría decretar indultos a militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Si bien ninguna voz oficial se pronunció en ese sentido, diversos referentes de derechos humanos alertaron sobre la gravedad de una medida en ese sentido.
¿Qué es un indulto?
Es una facultad que tiene el Presidente de la Nación para reducir o extinguir penas por delitos federales.
La Constitución nacional, en el artículo 99, que refiere a las atribuciones del primer mandatario, sostiene que “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
¿Qué antecedentes de indultos existen?
Es una facultad que no se aplica desde hace más de 2 décadas. A fines de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) indultó al oficial retirado Segundo Bernardo de Jesús Rentería de la sanción que le había impuesto el Tribunal Superior de Honor del Ejército. Fue el último indulto presidencial. Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), Mauricio Macri (Cambiemos), Alberto Fernández (Frente de Todos) y Javier Milei (La Libertad Avanza) no utilizaron esta herramienta.
Eduardo Duhalde (Partido Justicialista), en los últimos días de su presidencia, indultó a Enrique Gorriarán Merlo, responsable del copamiento del cuartel militar de La Tablada en 1989, Mohamed Alí Seineldín, líder del levantamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990, y a otras 23 personas. Fernando De la Rúa (Alianza) también firmó un decreto de conmutación de penas para presos de La Tablada.
El caso más recordado es el de Carlos Menem (Partido Justicialista), ya que lo hizo para condenados por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Menem decretó indultos para 220 militares, entre ellos, los integrantes de las juntas que habían sido condenados en 1985.
Los indultos de Menem y la jurisprudencia de la Corte Suprema
En 2003, al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y 2 años más tarde la Corte Suprema, en el fallo “Simón”, confirmó que estas 2 leyes eran inconstitucionales. Sin embargo, los indultos seguían vigentes.
En 2007, en el fallo “Mazzeo”, la Corte declaró, en un caso en particular, la inconstitucionalidad de los indultos para casos de lesa humanidad. Años más tarde, ratificó esa jurisprudencia en los casos de Jorge Videla y Emilio Massera.
En julio de 2015 el Congreso sancionó la Ley 27.156, que estableció que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra” contemplados en el Estatuto de Roma y los tratados internacionales “no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.
“Los juicios por delitos de lesa humanidad son irreversibles en cuanto hay convenciones internacionales con jerarquía constitucional que impiden las amnistías o indultos por este tipo de crímenes”, señaló a Chequeado en esta nota Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y ex miembro de la Cámara Federal porteña que juzgó a las juntas militares en los ‘80.
“Jurídicamente, cualquier medida que implique un perdón es contraria al derecho y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, sería violatorio del derecho constitucional argentino”, agregó Manuel Garrido, abogado penalista y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación.
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