Buscan unificar el etiquetado frontal de alimentos en los países del Mercosur: por qué corre peligro el etiquetado argentino

Desde 2025, el Mercado Común del Sur (Mercosur) está trabajando en la unificación del etiquetado frontal de alimentos en los países miembros. Se trata de un órgano técnico dependiente del Grupo Mercado Común (GMC), que tiene el objetivo de eliminar barreras técnicas al comercio entre los estados partes. Participan delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina.

En esta oportunidad, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) lograron incorporarse como observadores en las reuniones. En consecuencia, estas y otras organizaciones de la sociedad civil y especialistas en nutrición advierten que la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable en Argentina, de etiquetado frontal, corre riesgo.

Ana Cáceres, coordinadora del grupo de trabajo etiquetado y ex presidenta de la Fagran, dijo a Chequeado que observa “una urgencia de Argentina por avanzar en la unificación”. Sin embargo, advirtió que “bajo esa iniciativa puede esconderse un proceso de igualar hacia estándares más bajos. La armonización debería tomar los mejores estándares disponibles, no diluir las políticas que ya han demostrado ser efectivas para proteger la salud, especialmente de niños y niñas”.

Por su parte, Mario Bedosti, coordinador de Incidencia de FIC, señaló: “Nos preocupa que se retroceda en el etiquetado frontal, lo que implicaría una regresión en términos normativos y posibles colisiones con nuestra Constitución nacional y tratados internacionales que Argentina incorporó con la misma jerarquía”.

El debate se da en medio de un aumento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, contexto en el que el etiquetado de alimentos puede ser un instrumento eficaz para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables, afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es el mejor etiquetado de alimentos aplicado en países del Mercosur? ¿Qué evidencia existe sobre la efectividad de los sistemas de advertencia? ¿Qué está en riesgo en Argentina?

El etiquetado argentino, entre los más rigurosos

Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en marzo destaca que Argentina es el país con la normativa de etiquetado de alimentos más alineada con las mejores prácticas recomendadas por la agencia sanitaria. “En particular, la legislación argentina cumple con 10 de los 11 criterios analizados en el estudio, que revisó los parámetros implementados hasta junio de 2024”. Le siguen Colombia y México, que adoptaron mejores prácticas en 7 de los 11 aspectos evaluados.

Existen 158 tipos de etiquetas de alimentos, según la FAO. Por ejemplo, en Paraguay los envases incluyen una lupa con la leyenda “Alto en” y, aunque el perfil de nutrientes se basa en recomendaciones de la OPS, el país fija sus propios límites. Brasil utiliza el mismo sistema gráfico, pero con umbrales definidos a nivel nacional. Uruguay, en cambio, aplica octógonos negros como Argentina, aunque también con límites propios para los nutrientes.

Ariadna Villalobos es coordinadora de Investigación y Nodo Etiquetado Frontal de la Comunidad Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud (Colansa) desde México, y explicó a este medio que “hay varios países, especialmente en Centroamérica, que aún no cuentan con etiquetado frontal de advertencia nutricional. La mayoría de los bloqueos y retrocesos han sido por una gran interferencia de la industria alimentaria en la región”. 

“La evidencia revisada por la OPS indica que los sellos de advertencia octagonales son los más eficaces para captar la atención del consumidor y facilitar la identificación de productos con contenido excesivo de nutrientes críticos (como azúcar, sodio y grasas saturadas)”, concluye el estudio de la OPS.

En Argentina, la ley fue reglamentada en 2022, por lo que la evidencia científica sobre sus resultados a largo plazo todavía está en construcción. No obstante, Cáceres aclaró que “los resultados preliminares son muy alentadores”, ya que “muestran que el etiquetado frontal está siendo una herramienta efectiva para mejorar la comprensión de la información nutricional y orientar decisiones de compra más saludables”. 

Qué está en juego para Argentina

Las enfermedades no transmisibles -como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer- son la principal causa de muerte en la región y están estrechamente vinculadas a dietas poco saludables y al consumo elevado de productos ultraprocesados y procesados con altos niveles de azúcares, grasas y sodio, explica la OPS.

“Cuando hablamos de etiquetado frontal no hablamos de una regulación técnica, sino de la posibilidad de que millones de personas tomen decisiones informadas sobre lo que consumen. Estamos hablando de que está en juego la prevención de enfermedades crónicas que hoy afectan fuertemente a los sistemas de salud, así como la protección del derecho a la salud y a una alimentación adecuada en toda la región”, explica Villalobos.

De acuerdo con un informe de la FAGRAN, el proceso de unificación representa un riesgo inminente de nivelar para abajo, modificando aspectos de la ley argentina, tales como criterios de calidad en compras públicas del Estado, restricciones de publicidad, promoción y patrocinio, y protección de entornos escolares.

Respecto de la posible tensión entre criterios comerciales y de salud pública, según Bedosti, “es posible priorizar la salud y a la vez eliminar las supuestas barreras comerciales. Puede avanzarse en una armonización mediante un reglamento que establezca un sistema basado en los estándares más altos de protección del derecho a la información y a la alimentación adecuada que, en el caso del Mercosur, es el de Argentina”.

Los próximos pasos de la iniciativa de unificación

Actualmente, la Comisión de Alimentos está trabajando en la armonización del etiquetado frontal en el Mercosur en sus reuniones ordinarias. Bedosti explicó que, de llegar al consenso total necesario para la aprobación, deberá someterse a la instancia de consulta pública, una revisión que cada Estado parte debe realizar durante al menos 60 días.

“Pasado ese tiempo, incorporadas o no las observaciones que haya, el proyecto debe elevarse al GMC para su consideración. Una vez aprobado, los Estados tienen la obligación de incorporar el reglamento a la normativa interna, la cual entrará en vigencia una vez que todos los países hayan cumplido con este requisito”, precisó el experto.

Para Argentina, como implicaría modificaciones a una ley emanada por el Congreso nacional, se requerirá una nueva intervención de este poder para incorporar los cambios, sumó Bedosti.

Cáceres aclaró que la ley argentina no solo está en riesgo por el proceso de unificación, sino que “estamos frente a un proceso de debilitamiento de la ley por disposiciones de 2024 de la ANMAT (11362/2024 y 11378/2024), que modificaron y flexibilizaron aspectos de la reglamentación a favor de la industria y en detrimento de los objetivos sanitarios”. 

Al cierre de esta nota, la licenciada Lucía Jorge, de la Secretaría de Industria y Comercio y representante de Argentina en las reuniones del subgrupo, no había respondido a la consulta de Chequeado.