Mega data centers de IA: qué propone el “Súper RIGI” y cómo otros países buscan atraer estas inversiones

El Gobierno argentino presentó en el Congreso nacional el proyecto de ley denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), que ofrece mejores beneficios fiscales para el desarrollo de industrias tecnológicas y estratégicas “que actualmente no existen en el país”. 

“El Súper RIGI amplía beneficios para impulsar una mayor industrialización de la Argentina y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el proyecto de ley. 

Entre otras cosas, apunta a empresas que quieran instalar mega data centers de inteligencia artificial en el país.

La iniciativa sale a la luz en un momento clave, luego de que Sur Energy firmara una carta de intención con OpenAI (la empresa detrás de ChatGPT) para instalar un centro de datos en la Patagonia con una inversión de hasta US$ 25 mil millones.

Y por estos días está de visita por el país Peter Thiel, dueño de Palantir, una empresa de software especializada en el análisis de macrodatos e IA. Al respecto, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas), afirmó en declaraciones radiales que “esta ley tiene nombre y apellido”, en relación al magnate tecnológico. 

En el mismo sentido, el diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria) sostuvo que el sistema propuesto es “un traje a medida” para empresarios de Silicon Valley. 

¿Qué diferencias hay entre el “Súper RIGI” y el RIGI?

Inversión. Establece un monto mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por proyecto. El RIGI exige un monto mínimo de US$ 200 millones.

Impuesto a las Ganancias. Reduce la alícuota al 15%; el RIGI la fija en 25% (la norma general es del 35%).

Dividendos. Aplica una alícuota del 7%, que baja al 3,5% tras 4 años. En el RIGI, esa reducción ocurre recién tras 7 años.

Seguridad social. Introduce una alícuota única del 10% para contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales. El RIGI no contempla una reducción de alícuotas previsionales o de seguridad social.

Incentivos cambiarios. Propone liberación más acelerada: 20% de libre disponibilidad tras el primer año, 40% tras el segundo y 100% tras el tercero. En el RIGI, el 100% se alcanza en el cuarto año.

Exportaciones. No se pagarán derechos a la exportaciones desde el día cero, a diferencia del RIGI, donde aplica a partir del tercer año.

Importaciones. Exención total, incluyendo bienes intermedios y partes. El RIGI no incluye a los insumos.

Impuestos locales. Exige que las provincias adheridas no cobren más del 0,50% de Ingresos Brutos.

En ambos regímenes garantizan que estos beneficios se mantendrán por 30 años.

Diego Fraga, especialista en derecho tributario y docente de la Universidad Austral, señaló a Chequeado y Ruido que Argentina sigue teniendo desventajas estructurales frente a países como Chile, Uruguay o Brasil. Detalló que pesan la inestabilidad macroeconómica, el historial de controles cambiarios, la incertidumbre regulatoria y la desconfianza acumulada tras décadas de cambios de reglas.

“El Gobierno intenta compensar ese ‘mega riesgo argentino’ con regímenes especiales como el RIGI o el súper RIGI, al menos hasta que pueda existir una reforma tributaria y regulatoria más profunda”, comentó Fraga.

Cómo se aborda la cuestión ambiental en el “Súper RIGI”

Para Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre -ONG que promueve y defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación- tanto el RIGI como el “Súper RIGI” son regulaciones hechas a medida de los grandes inversores.

“Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales. Incluso pone condiciones por las que el Estado no puede obligar a las empresas a promover el ‘compre nacional’”, sostuvo. Respecto a los requisitos ambientales, el proyecto enviado al Congreso no hace alusión a la eliminación de ninguna norma en ese sentido, ni impone controles adicionales. 

Por su parte, Fraga aseguró que los proyectos deben cumplir estrictamente con la normativa ambiental ya vigente en Argentina: “El propio mercado internacional ya empuja bastante en esa dirección”. 

Y sostuvo: “Sería importante no caer en una lógica donde las exigencias ambientales terminan funcionando en la práctica como una excusa para bloquear cualquier inversión grande o infraestructura nueva. Ahí, Argentina suele irse a extremos”.

Qué facilidades ofrecen otros países de la región para la instalación de data centers

Brasil impulsa el régimen Redata, con beneficios fiscales para la compra e importación de equipos tecnológicos. A cambio, exige uso de energía 100% renovable, eficiencia hídrica e inversiones en I+D. Lidera el sector en América Latina con unos 800 MW de capacidad y más de 200 instalaciones.

Chile apuesta por una estrategia nacional sin incentivos fiscales específicos. Prioriza energías renovables, tecnologías de enfriamiento de bajo consumo de agua y la formación de talento especializado. Aunque Google opera un centro de datos desde 2015, un segundo proyecto fue suspendido tras cuestionamientos por su demanda hídrica.

En Uruguay, Google obtuvo autorización para construir un data center de US$ 850 millones bajo el régimen de zonas francas, que otorga ventajas fiscales y aduaneras. Ante críticas por el uso de agua durante una histórica sequía, la empresa modificó el proyecto y adoptó un sistema de enfriamiento por aire para reducir el consumo hídrico.