Quiénes financian a Fundación Faro: la IGJ tiene el listado de donantes, pero dice que no puede divulgarlo por la ley antilavado

Antes de la fecha límite fijada por la Inspección General de Justicia (IGJ), la Fundación Faro -el think tank que dirige el politólogo Agustín Laje cercano al presidente Javier Milei-, presentó el listado de personas y entidades que realizaron donaciones superiores a $ 11 millones a la organización durante 2024. 

Sin embargo, esa información no podrá ser conocida públicamente: la propia IGJ sostuvo ante el pedido de Chequeado que los datos están alcanzados por el deber de confidencialidad previsto en la legislación de prevención del lavado de activos.

“La declaración jurada prevista en el artículo 419 de la Resolución General IGJ N° 15/2024 se exige en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 25.246 [de Prevención de Lavado de Activos], que designa a la IGJ como sujeto obligado. Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público”, informó el Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Juan Bautista Mahiques.

¿Qué pasó?

Faro presentó el balance contable de 2024 ante la IGJ, y reportó ingresos por más de $ 5 mil millones (unos US$ 4,8 millones) en concepto de “donaciones” en el primer año de gobierno de Milei, como reveló este medio el 30 de mayo.

Tras la presentación, la IGJ -que dirige Alejandro Ramírez- le solicitó el lunes 1° de junio a la Fundación que cumpla con el artículo 419 de la Resolución General IGJ N° 15/2024, que obliga a las asociaciones civiles y fundaciones a presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos cuando reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles.

En diciembre de 2024, el salario mínimo era $ 279.718. Por lo tanto, los 40 salarios mínimos equivalían a $ 11 millones (US$ 10.630). En consecuencia, la IGJ le pidió a la Fundación Faro que liste quiénes son los aportantes de donaciones superiores a ese monto. 

Esa documentación se conoce internamente como el “Anexo XIII” y debe presentarse junto a los estados contables.

Según pudo confirmar este medio, la fundación cumplió con el requerimiento y entregó la documentación solicitada por la IGJ. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado para conocer el contenido de esa presentación, el organismo respondió que “no se encuentra habilitada a divulgar los datos”.

¿Qué argumentos utilizó la IGJ? 

La IGJ argumentó que la declaración jurada sobre el origen de los fondos (donaciones) no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación de acceso público. “En consecuencia, la IGJ, ni ningún sujeto obligado, se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la Ley 25.246, vigente desde el año 2000”, sostuvo el organismo.

Y agregó: “La normativa vigente impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT [de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo]. Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”.  

El artículo 22 de la ley mencionada establece que los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) deben guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo. La misma obligación alcanza a las personas y entidades “obligadas por esta ley a suministrar datos a la UIF”.

“En materia de control del origen de los fondos, la IGJ es lo que se llama ‘sujeto obligado ante la UIF’. Es el organismo que, en caso de detectar algún tipo de discrepancia, irregularidades o dudas sobre el origen de los fondos se lo debe informar a la UIF, quien hace el control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, explicó a este medio Germán Emanuele, consultor experto en temas de transparencia. 

Y agregó: “Por eso la ley que citan no sólo obliga a guardar secreto a la UIF sino también a todos aquellos organismos que le pasan información. Con esos temas son muy celosos porque Argentina tiene compromisos internacionales vinculados al secreto en cuestiones vinculadas a lavado de dinero”.

La Fundación Faro incrementó su patrimonio más de 350 veces

Chequeado accedió al balance presentado por la Fundación Faro ante la IGJ, correspondiente al período 2024, donde declaró un patrimonio neto de $ 4.394 millones e ingresos por casi $ 5 mil millones por el concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención”. Al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2024, la cifra equivale a unos US$ 4,8 millones. 

Sin embargo, en el documento no se especifica quiénes fueron los donantes ni permite identificar si esas donaciones fueron en la llamada “Cena Solidaria” en la que participó el presidente Javier Milei, que ocurrió el 13 de noviembre de 2024 y que la propia fundación presenta como un hito fundacional. 

Se trata del primer ejercicio completo bajo la estructura actual de la organización. En 2023, cuando todavía se llamaba Fundación Valorar, sólo había declarado un patrimonio neto de $ 12 millones, e ingresos (recursos) por $ 49 millones. Esto representa un incremento de 356 veces en su patrimonio neto entre 2023 y 2024.