El Gobierno gastó al menos US$ 1,2 millones en tecnología de vigilancia: qué compró y qué normas lo habilitaron

Entre 2024 y 2025, el Gobierno adquirió tecnologías de seguimiento de las redes sociales, de reconocimiento facial y de vigilancia aérea por al menos US$ 1,2 millones. La información surge de un informe de la ONG Amnistía Internacional sobre el crecimiento en el uso de tecnologías de vigilancia en el país. 

“Las contrataciones relevadas muestran una inversión sostenida en herramientas orientadas al monitoreo de fuentes abiertas, el reconocimiento facial y la vigilancia aérea, en un contexto de ajuste económico y sin información suficiente sobre controles, evaluaciones de impacto o salvaguardas para los derechos humanos, más allá de información mínima sobre contrataciones públicas”, advierte el documento. 

Estas compras se dieron en el contexto de una serie de modificaciones por decreto y resoluciones de las funciones de las fuerzas de seguridad y la ampliación de las restricciones en el acceso a la información pública, que en ningún caso pasaron por el Congreso. 

Qué compró el gobierno de Javier Milei

Amnistía Internacional analizó las compras realizadas por el Gobierno nacional y publicadas en el portal Comprar, y filtró sólo las correspondientes al Ministerio de Seguridad para el período diciembre 2023-diciembre 2025. El resultado fue un gasto de al menos US$ 1,2 millones en tecnología de vigilancia. 

De acuerdo con ese análisis, en octubre de 2025 el Gobierno adquirió por U$S 33.500 un software para reconocimiento facial de la empresa estadounidense Clearview AI, por contratación directa. 

Se trata de una “licencia de reconocimiento facial para apoyo en investigaciones en el marco del ForCIC” -el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito-, con el objetivo de “identificar instantáneamente a una persona con una foto”. 

La tecnología es el software Clearview AI y también fue adquirida por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Según la infomación publicada en su sitio web, la empresa cuenta con una plataforma impulsada por tecnología de reconocimiento facial que “incluye la mayor base de datos conocida, con más de 70 mil millones de imágenes faciales procedentes de fuentes web de acceso público, como medios de comunicación, sitios web de fichas policiales, redes sociales públicas y otras fuentes abiertas”. 

Clearview fue cuestionada en países como Francia, Austria y Grecia, donde fue multada e incluso prohibida por la explotación masiva de datos personales de la que dependen sus operaciones.

Aún no hay forma de saber cómo se está utilizando esta tecnología, ya que los pedidos de acceso a la información pública realizados por Amnistía no fueron respondidos de manera específica. 

Compra de drones y herramientas de investigación digital 

Otras 2 compras también fueron por contratación directa: una fue la adquisición de licencia de la plataforma OSINT Maltego, por US$ 239 mil. Se trata de una plataforma integral de investigación con Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) que junta y analiza información que ya es pública para armar un panorama sobre una persona, organización o tema.

Según el pliego técnico de la contratación, esta herramienta permite la recolección, integración, cruce y visualización de grandes volúmenes de datos provenientes de más de 100 fuentes abiertas como redes sociales, deep y dark web, datos personales y de contacto, etc. 

También cuenta con monitoreo en tiempo real con asistencia de IA, análisis de vínculos complejos, generación de perfiles, documentación y colaboración en casos, auditoría de uso y gestión de evidencias (incluida mensajería). 

“Este tipo de formulaciones plantea serios riesgos de vigilancia masiva sin orden judicial, y sin notificación ni consentimiento de las personas vigiladas”, advierte Amnistía en su informe. 

La otra adquisición por compra directa fueron los servicios de información de antecedentes crediticios Nosis, por US$ 17 mil. Nosis es una empresa argentina que recopila, procesa y comercializa información crediticia, comercial y patrimonial sobre personas y empresas. 

Por licitación pública, el Ministerio de Seguridad adquirió drones compactos para Seguridad Pública, por un monto de US$ 551 mil, y estaciones terrestres de operación de drones, por US$ 391 mil. Entre esas dos compras, se gastó cerca de US$ 1 millón sólo en drones y recursos asociados. 

Según la información del portal Comprar, el Gobierno adquirió 69 drones en agosto de 2024, pero la presentación pública por la entonces ministra Patricia Bullrich fue un año después, en 2025. En esa presentación, Bullrich dijo: “No tenemos reconocimiento facial en estos drones, y son para investigaciones criminales, que nada tienen que ver con manifestaciones”.

Sin embargo, Amnistía mostró en el informe evidencia del uso de los drones para la vigilancia de protestas, al menos, en 2 oportunidades, y una de ellas pertenece a un video oficial de la cuenta de la Policía Federal Argentina, del 28 de febrero de 2026. 

Uno de los oficiales entrevistados dice: “Contamos con equipos de última generación que […] nos permiten tener una mayor ventaja en la toma de registros fílmicos, con la capacidad de zoom que tienen, para un posterior procesado de imágenes, el reconocimiento facial, y así identificar a las personas”.

Según la organización internacional, “hay poca o nula transparencia acerca de cómo son procesadas las imágenes que se transmiten en tiempo real, cómo se archivan y ordenan. Desde Amnistía Internacional fueron realizadas preguntas específicas al respecto, pero la respuesta fue negada bajo el argumento del resguardo de la seguridad nacional”. 

Cuáles fueron los decretos y resoluciones que acompañaron estas compras 

Estas compras se dieron en el marco de reformas a través de decretos y resoluciones dentro del Sistema de Inteligencia Nacional, de la Policía Federal, y de otras fuerzas federales de seguridad. 

De acuerdo con el informe “El Estado de los datos: del registro a la vigilancia’, de Fundación Vía Libre, especializada en temas de datos personales, con las reformas normativas de 2024 y 2025 “las habilitaciones para la vigilancia se expandieron: más datos concentrados en más organismos y menos controles judiciales”.

El DNU 941/25, que reformó la Ley de Inteligencia, “obliga a una serie de organismos públicos y a gobiernos de distintas jurisdicciones a compartir sus bases de datos con la SIDE, sin respeto a los principios de consentimiento, finalidad ni minimización que exigen la ley 25.326 y los estándares internacionales”, indica Fundación Vía Libre. 

Otro de los cambios fue la reforma del estatuto de la Policía Federal, donde el Gobierno habilitó a esa fuerza a realizar tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales”, como redes sociales abiertas y sitios web, sin requerir autorización previa de un juez.

A ello se sumó un protocolo específico para la actuación de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales en investigaciones penales.

Entre los instrumentos creados por el Gobierno estuvo también el “Protocolo Antipiquetes”, que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”. La Justicia declaró la nulidad de este protocolo, pero aún sigue vigente. 

Además, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), cuyas funciones serían “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet”, y “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil”.

La Fundación Vía Libre aclara que la tecnología no es el problema en sí mismo: “El cruce de bases de datos estatales puede ser una herramienta legítima si se hace con base legal clara, evaluación de impacto previa publicada, auditoría independiente del algoritmo, revisión humana de las decisiones que afectan derechos individuales, garantías sobre la soberanía de los datos y las decisiones estatales, y con un proveedor cuya trayectoria en materia de derechos humanos sea razonablemente compatible con esos objetivos”. 

Sin embargo, concluye: “Ninguno de esos elementos parece prevalecer en este escenario”.