¿Qué ocurre con los Tratados Bilaterales de Inversión?

La empresa Repsol podría presentar en los próximos días una demanda contra la Argentina ante el CIADI por la expropiación de YPF. Esto vuelve a traer al discurso público el debate sobre la importancia de los tratados de promoción de inversiones firmados por nuestro país.

Quien se refirió a este tema fue Cristina Fernández de Kirchner. En un acto de entrega del DNI número 20 millones, la Presidenta afirmó: “Durante la época de los ‘90 -para asegurar la inversión y dar una buena señal- hicimos TBI, que realmente son TBI prácticamente expoliatorios, anti-argentinos, decididamente política antiargentina que además todos tienen cláusulas, tasas de reconducción, y además si uno los denuncia tienen como 15 ó 20 años más de ultra-actividad, lo que se llama la ultra-actividad”.

¿Con qué objetivos se firmaron, cuáles fueron sus resultados y qué ha hecho el país hasta el momento con ellos?

Es cierto, como afirma CFK, que uno de los ejes de política exterior durante la década del 90 fue la firma de tratados de promoción de inversiones. De acuerdo con un documento publicado por la CEPAL del ex procurador de la Nación, Héctor Rosatti, fueron 58 tratados ratificados por leyes del Congreso entre 1992 y 2000.

En el marco internacional “el objetivo de estos tratados era alentar la inversión extranjera dándole protección frente a los riesgos de discriminación o privación de justicia por parte del Estado nacional. Se suponía que países no confiables debían dar seguridad extra a los inversores de otros países”, recordó a Chequeado.com Alejandro Peyrou, economista (UBA) y ex diputado nacional por el FREPASO.

Sin embargo, según los datos del Banco Mundial, las tendencias de la inversión fueron globales en toda la región y no discriminaban si el país receptor ofrecía TBI o no, como es el caso de Brasil que no firmó ningún tratado de inversión hasta la actualidad.

En el caso de la Argentina, fue la aprobación de la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, que dispuso privatizar toda empresa pública que generara pérdidas, el factor estimulante para alentar el ingreso de capitales extranjeros al país.

Evolución inversión extranjera directa (en % PBI). Periodo 1990-2001.
Fuente: Elaboración propia de Chequeado.com en base a datos de UNCTAD.

“En el período 95-98, la inversión extranjera estuvo dirigida a la compra de alrededor de 500 empresas, entre las que se incluyeron bancos, adquisiciones pasivas -como industrias, servicios y supermercados-, y finalizó cuando en 1999 Repsol adquirió prácticamente la totalidad de las acciones de la petrolera YPF”, recordó en una nota publicada por Chequeado.com Bernardo Kosacoff, profesor de Economía de la UBA y ex director de la CEPAL.

Las principales condiciones que establecían los tratados eran:

• Duración de diez años. En caso de no ser denunciados, se prorrogan automáticamente, en general por uno o dos años y así sucesivamente

• Controversia. Los TBI le ofrecen una doble alternativa al inversor: acudir a la justicia nacional del Estado receptor y, por otro lado, presentarse ante el órgano arbitral internacional (el CIADI).

• Laudo. La resolución del CIADI tiene el valor de una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado nacional, y las decisiones no son apelables por el país receptor de la inversión.

Los Estados Unidos establecieron en su Trade Promotion Act de 2002 “la supremacía de la ley interna en todo lo relativo a las inversiones extranjeras y garantiza que los inversores extranjeros no tendrán mayores derechos que los que gozan los inversores locales”. A diferencia de este país, los tratados argentinos establecen un sistema de privilegios hacia los extranjeros, con tribunales como el CIADI y con normas legales diferentes a las de los inversores nacionales.

Por otra parte, los TBI incluyen cláusulas de hiperactividad, es decir que las inversiones siguen siendo protegidas, después de la denuncia del tratado por un período de diez o quince años.

Es por esto que, en un documento realizado en 2005 para el Plan Fénix, Peyrou plantea una evaluación integral de los TBI, ya sea a través de su renegociación o reinterpretación. Allí sostiene que, después de diez años de la firma de los primeros convenios y del ingreso de la Argentina al CIADI, “es importante considerar que muchos de ellos ya han vencido en sus plazos originales, por lo que debería ser más sencilla su renegociación. (…) Es probable que ningún país con inversiones significativas en Argentina acepte una renegociación (…), si previamente el gobierno no manifiesta de forma explícita la decisión de la denuncia o de dar por acabado el tratado en el caso en que no se admita la necesidad de revisión.”

En la actualidad, de acuerdo con datos de abril de 2012 de la Oficina de Estadísticas de la ONU (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Argentina enfrenta 51 reclamos en contra en el CIADI, liderando el ranking y seguida en la lista por Venezuela, con 25. Muchas son empresas de servicios públicos que argumentan que el Gobierno argentino realizó una “expropiación indirecta” en 2001 al devaluar sus inversiones por la pesificación o la eliminación de las indexaciones. Es por esto que solicitan una compensación.

A pesar de esto, el país no ha denunciado los tratados y se está defendiendo en el CIADI de sus demandantes. “La posición argentina es que para efectivizar el pago primero deben agotarse las instancias judiciales nacionales, y alega que no reconocerá el pago de las sentencias sin un previo control de constitucionalidad por parte de los tribunales locales”, explicó Santiago Urbiztondo, economista en jefe de la consultora FIEL, en el informe. Y concluyó que “de forma simultánea se permite que los TBI sean prorrogados a medida que vencen”.