El Gobierno modificó por decreto la ley de acceso a la información antes de que empezara a regir

Tres días antes de que entrara en vigencia, el Gobierno nacional modificó la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública que había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2016. Lo hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una atribución legal del Poder Ejecutivo Nacional para casos excepcionales, con el que realizó modificaciones a distintas leyes. La medida recibió críticas desde distintas organizaciones de la sociedad civil.

La norma sancionada por el Congreso creó la Agencia de Acceso a la Información Pública “como ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo”. El DNU, sin embargo, le quitó a la agencia la autonomía para diseñar su estructura y planta de personal, que desde ahora deberá tener la aprobación de la Jefatura de Gabinete. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) señaló, además, que “no existe previsión presupuestaria para el funcionamiento de la agencia en 2017 ni se ha previsto una partida específica en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2018. De esta manera, el financiamiento del órgano está sujeto a la discrecionalidad del Jefe de Gabinete”.

El DNU también asignó a la agencia el control en materia de protección de datos personales, que hasta ahora estaba a cargo de una dirección nacional dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Advirtió ADC que la protección de estos datos y el acceso a la información pública son derechos de idéntica jerarquía constitucional y “que en ciertas ocasiones ambos derechos pueden entrar en conflicto”. Agregó que la unificación no es un “inconveniente en sí mismo”, aunque “debe servir como una alerta” que el órgano no fue creado para atender el acceso a la información y la protección de datos personales. “Por el contrario, toda la estructura fue pensada únicamente para ponerla al servicio de uno solo” de los derechos, concluyó.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Datos Concepción, Directorio Legislativo, FOPEA, Fundación Conocimiento Abierto y Poder Ciudadano emitieron un comunicado en conjunto en el que compartieron las críticas de la ADC y sostuvieron que el DNU no fundamenta en forma “concreta y acabada la necesidad y la urgencia de tales reformas ni las circunstancias excepcionales que imposibilitan el trámite legislativo ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes”.