¿Cuáles serán las provincias más perjudicadas por el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno nacional?

Tras la corrida cambiaria que implicó una devaluación cercana al 35%, el Gobierno nacional anunció en las últimas semanas que acelerará la reducción del déficit fiscal que se había propuesto a comienzos de su gestión. Así, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda de la Nación liderado por Nicolás Dujovne anunció un recorte de $30 mil millones en obras públicas así como también una baja en otros gastos, como salarios, subsidios y transferencias a las provincias.

En el caso particular de las transferencias a las provincias, como este gasto para el Gobierno nacional también constituye un ingreso para las arcas provinciales, merece un análisis particular. Eso se propuso el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un informe recientemente publicado.

Para comenzar, hay que entender que el Estado nacional envía recursos a las provincias a través de dos vías: las transferencias denominadas “automáticas” y las “no automáticas”. Las primeras se refieren al monto que la Nación distribuye en base a la Ley de Coparticipación Federal, además de otras leyes y regímenes especiales, mientras que las transferencias no automáticas son recursos no fijados por ley, como los fondos para pagar sueldos o para obra pública y vivienda.

Según el IARAF, dirigido por Nadin Argañaraz -ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017-, las transferencias no automáticas representaron en 2017 un 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en 2020 representarían cerca del 0,2% del producto. Esta baja se compartiría entre un comportamiento fiscalmente responsable de las provincias por el cumplimiento de la vigente Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada a fines de 2017, junto con una reducción adicional dispuesta por Hacienda en el acuerdo con el FMI.

¿Cuánto dependen las provincias de estos fondos discrecionales? El IARAF asegura en su estudio que La Rioja (gobernada por Sergio Casas, Partido Justicialista) y Jujuy (Gerardo Morales, Cambiemos) son las provincias que tienen una mayor dependencia de las transferencias no automáticas, ya que más del 20% de sus recursos están compuestos por estos fondos discrecionales.

En el otro extremo se ubican las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta, Cambiemos) y San Luis (Alberto Rodríguez Saá, Compromiso Federal), con una dependencia por debajo del 5 por ciento. Otras provincias -como Córdoba (Juan Schiaretti, PJ), Santa Fe (Miguel Lifschitz, Partido Socialista) y Buenos Aires (María Eugenia Vidal, Cambiemos)- presentan un relativamente bajo nivel de dependencia de los envíos no automáticos (cerca del 7%).

Además, el informe destaca el caso particular de la provincia de Santa Cruz, que en 2007 y 2011 obtuvo valores superiores al 29%, mientras que en 2015 (último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner) bajó al 13% y en los últimos dos años (ya con el gobierno de Mauricio Macri) cayó a niveles inferiores al 10 por ciento.

“Aquellas provincias en las cuales las transferencias no automáticas representan más del 10% de los ingresos totales provinciales registran un relativamente elevado grado de dependencia y sus finanzas podrían verse afectadas por un límite en los envíos de este tipo”, concluye el estudio.