El Estado no le paga a la Iglesia católica según la cantidad de personas bautizadas

En las últimas semanas se compartió en Facebook una imagen en la que se afirma: “Todos los bautizados figuramos como católicos en los registros. Nos cuentan como población católica y el aporte del Estado a la Iglesia se basa en dichos afiliados”. Pero, ¿realmente el financiamiento de la Iglesia depende de la cantidad de fieles que tiene? La respuesta rápida es “no”.

En el artículo 2 de la Constitución nacional se afirma que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, es por eso que los fondos que recibe la institución son girados por la Nación. Estas transferencias se regulan a través de tres leyes, que fueron promulgadas durante la última dictadura militar y siguen vigentes: la Ley 21.950, la 22.162 y la 22.950. Sin embargo, en ninguna de estas leyes se afirma que los montos a transferir dependan de la cantidad de bautizados que tenga la Iglesia.

La primera de estas leyes (21.950) fue sancionada por el dictador Jorge Videla en 1979. A través de esta norma se estipula que los arzobispos y obispos cobren mensualmente una asignación equivalente al 80% del sueldo fijado para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia y los obispos auxiliares el equivalente al 70% del mismo monto. Esto significa una suma de $95.300 para los primeros y de $83.400 para los segundos.

Con la Ley 22.162 -también sancionada y promulgada por Videla, pero en 1980- se creó la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas. En esa misma línea, la Ley 22.950 (promulgada por el dictador Reynaldo Bignone en 1983) le otorgó un subsidio mensual a cinco institutos religiosos (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios Jesuitas y Salesianos) destinados a la formación de nuevos párrocos. El subsidio varía según la cantidad de seminaristas que tenga cada diócesis en cada uno de sus institutos, pero no hay relación alguna con la cantidad de bautizados.

Chequeado consultó a la Secretaría de Culto de la Nación para conocer el monto de dinero actualizado que se le transfiere a la Iglesia específicamente para pagar sueldos. La respuesta fue $130,4 millones para 2018. Según explicaron desde la Secretaría, el área transfiere el dinero hacia la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal que se ocupa de distribuirlo. Además, indicaron que de ese total se sustrae lo necesario para las asignaciones de los 120 obispos, los aproximadamente 900 seminaristas y las 527 parroquias de frontera que hay en el país.

La imagen que circuló en Facebook, y en la que falsamente se afirma que el Estado transfiere dinero a la Iglesia según la cantidad de bautizados, incluye un link al sitio de Apostasía Colectiva, un proyecto de la Coalición Argentina por un Estado Laico -conformada por distintas organizaciones que militan cuestiones vinculadas al género y la separación de la Iglesia y el Estado- que busca promover que las personas bautizadas renuncien a la Iglesia. Incluso, en ese mismo sitio se aclara que los ingresos que el Gobierno nacional le da a la institución religiosa no dependen directamente de la cantidad de fieles.

Los fondos estatales que se destinan a la Iglesia disminuyeron en los últimos años. Si se considera la inflación que hubo entre 2015 y este año, se registra una caída en términos reales. Al final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se ejecutaron $238 millones, pero para 2017 -segundo año de gestión de Mauricio Macri– esa suma cayó a $215 millones en términos reales.

A pesar de que el Presupuesto 2018 se encuentra en ejecución y que la Jefatura de Gabinete podría ampliar la partida de dinero asignada para la Iglesia, la suma estipulada para este año es menor a la del año anterior: $176,5 millones (sueldos más otros gastos).

Además de estas transferencias, la Iglesia católica posee otros beneficios económicos por parte del Estado. En el inciso 3 del artículo 43 del Código Fiscal se exime a la Iglesia de pagar impuestos nacionales, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. A raíz de este beneficio, el legislador porteño Gabriel Solano (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que la Iglesia deje de estar exenta de pagar esos impuestos en la Ciudad.

Existen más transferencias que el Estado hace a la Iglesia, como el dinero que destina para refaccionar sus edificios o los subsidios a escuelas religiosas. Sin embargo, estas cifras no están discriminadas dentro del Presupuesto y, por lo tanto, no es posible calcularlas con datos públicos abiertos.

Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina.

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