La Corte Suprema denuncia un recorte; el Gobierno dice que le aumentó

En medio de una creciente tensión -abonada por los diarios opositores- entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial denunció haber sufrido un recorte del 40% en el presupuesto destinado al Tribunal Supremo. El Gobierno lo desmintió y dijo que, incluso, lo aumentó. Sin embargo, como comprobó Chequeado.com, las dos partes hacen una presentación engañosa de los datos.

El momento es particularmente complejo: el Gobierno está acusado de haber desobedecido un fallo de la Corte en el caso del procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, despedido por Néstor Kirchner cuando era gobernador de la provincia. Además, la propia presidenta se ha quejado públicamente de los “supremos” por no ser más terminantes en cuanto a las trabas para la aplicación de la Ley de Medios y el cierre de la proveedora de internet Fibertel, sin contar el reconocimiento del refugiado político dado al chileno Sergio Apablaza, cuando la Corte había aprobado su extradición.

El conflicto entre los dos poderes -que por debajo de los números roza temas de fondo que no pueden dejar de mencionarse– se desató cuando la agencia de noticias del Poder Judicial -el Centro de Información Judicial (CIJ)- publicó una nota titulada “El Poder Ejecutivo recortó casi 40% de presupuesto de la Corte”, el pasado lunes 27. La nota da información engañosa, puesto que no se trata, como da a entender el título, de un “recorte”. Concretamente, ese 40% es la diferencia entre lo que la Corte Suprema pidió como presupuesto para 2011, y lo que el Ejecutivo le otorgó en el proyecto de ley que está en este momento en discusión en el Congreso.

La cifra del 40% también es engañosa. En realidad se trata de una diferencia del 28 por ciento. El engaño está en que el cálculo del 40% está hecho en base al presupuesto otorgado, y no al que pidió la Corte, que sería la forma correcta. La Corte pidió $ 1273 millones y el gobierno le otorgó 918. Los $ 355 millones de diferencia representan un 28% de los 1273 millones, y no un 40 por ciento.

Esto no es una novedad. En años anteriores también hubo diferencias entre lo pedido y lo otorgado, aunque nunca de esta magnitud.

El Gobierno, por su parte, dice que el presupuesto, por el contrario, fue aumentado. Si bien es nominalmente cierto -porque en números el presupuesto realmente aumentó-, no fue tomado el efecto de la inflación que podría reducir la cifra del incremento de modo significativo. De hecho, el porcentaje que representa la Corte Suprema dentro del presupuesto nacional, pasó de 0.27% en 2010 al 0.25% en 2011.

También en números nominales, el aumento que la Corte pedía para 2011 era un 71% superior al presupuesto otorgado en 2010. En años anteriores los aumentos pedidos fueron similares o aún mayores (un 72% en 2010 y un 155% el 2009).

Los medios de comunicación jugaron su partido aparte. Mientras los opositores consideraron el “recorte” como parte de una avanzada del Gobierno contra la Corte, otros manipularon y forzaron las cifras para dar la sensación contraria. Tiempo Argentino, por ejemplo, indicó que la Justicia recibió el recorte más bajo en seis años. El dato puede ser real, pero para llegar a esa conclusión se unen los presupuestos de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, organismo que estaba fuera de la discusión central.