Corte Suprema

El Registro Nacional de Femicidios no depende únicamente de cómo fiscales o jueces caratulan las causas: la Corte releva todas las muertes y analiza indicadores específicos, aún cuando no tengan el agravante de violencia de género.

De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos.  Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron.

La CIDH es un organismo de la OEA que investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

Los jueces concluyeron que las sentencias dictadas en el proceso se basaron en la “profusa prueba producida” sin que “se haya vulnerado alguna garantía constitucional”.

El máximo tribunal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la ex presidenta en la causa en la que se investigó el redireccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. Con esta resolución, la condena queda firme: la ex presidenta no podrá ser candidata a cargos electivos.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.

El máximo tribunal, por unanimidad, dispuso que es inconstitucional el artículo de la Constitución local que habilita la reelección sin límites en Formosa, donde Gildo Insfrán (PJ) gobierna desde 1995. La Corte aclaró que su actuación se limita a invalidar esa cláusula y que ahora es la provincia, con su poder constituyente y sus reglas, la que debe modificar la Constitución local para cumplir con el fallo.

El Gobierno nombró por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Constitución prevé que el Presidente puede ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso. Esos nombramientos expiran al final del siguiente período ordinario. Qué antecedentes existen.

El 27 de febrero García-Mansilla juró como juez de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, 7 de abril, renunció a su cargo. El Gobierno nacional lo había designado por decreto. Su nominación había generado controversia debido a sus posiciones “conservadoras” en temas como el aborto y los derechos humanos, según distintas organizaciones.

Se desempeñó como juez de la causa Ciccone, en la investigación por el encubrimiento en la causa AMIA y tuvo a su cargo la causa por el asesinato, en 1973, del entonces secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. Diversas organizaciones se manifestaron a favor y en contra de su postulación.