Corte Suprema

La decisión es cautelar y no resuelve si la derogación de la Ley de Tierras por DNU es constitucional: ese debate de fondo sigue abierto.

La Corte Suprema revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo que derogó la Ley de Tierras. Además, revocó la absolución del ex jefe del Ejército, César Milani, por el acta de deserción del conscripto desaparecido Alberto Ledo.

El máximo tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, pero no se pronunció sobre la validez constitucional del DNU 70/2023. Con esta decisión, vuelve a estar vigente el artículo 154 del DNU y la Ley de Tierras queda derogada.

También derogó el artículo que establecía que el Presidente debía considerar, “en la medida de lo posible”, criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional.

El Registro Nacional de Femicidios no depende únicamente de cómo fiscales o jueces caratulan las causas: la Corte releva todas las muertes y analiza indicadores específicos, aún cuando no tengan el agravante de violencia de género.

De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos.  Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron.

La CIDH es un organismo de la OEA que investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

Los jueces concluyeron que las sentencias dictadas en el proceso se basaron en la “profusa prueba producida” sin que “se haya vulnerado alguna garantía constitucional”.

El máximo tribunal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la ex presidenta en la causa en la que se investigó el redireccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. Con esta resolución, la condena queda firme: la ex presidenta no podrá ser candidata a cargos electivos.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.