Cinco puntos para entender la reforma de la ex SIDE

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para cambiar el sistema de espionaje, y en particular la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE). De aprobarse, el nuevo organismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), deberá estar constituida en 90 días.

1.    Creación de la AFI

La Secretaría de Inteligencia (SI) se disuelve y todo el personal pasa a la AFI. Al igual que lo fue la SI, la AFI será la cabeza del sistema de inteligencia nacional.

La falta de un cambio en la estructura y el traspaso de todo el personal fue uno de los puntos criticados del proyecto de reforma. “La ley debería contar con parámetros más específicos que permitan una reestructuración profunda de la nueva agencia y un proceso cuidadoso de selección de su personal”, señaló el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) en un documento de evaluación del proyecto.

Las sugerencias incluyen tener requisitos claros para el ingreso a la Agencia y que no todos los cargos sean reservados, como ocurre hoy.

2.    El manejo de las escuchas pasa al Ministerio Público Fiscal

La Dirección de Observaciones Judiciales (más conocida como Ojota, encargada del sistema de escuchas) deja de estar a cargo de la SI, y por lo tanto del Poder Ejecutivo, y pasa a manos del Ministerio Público Fiscal, el organismo que agrupa a los fiscales y no depende formalmente de ninguno de los tres poderes aunque la oposición cuestiona la independencia de su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó.  

Hasta ahora la SI era la única con capacidad de interceptar comunicaciones, algo discutido por los especialistas, como José Manuel Ugarte, experto en la legislación de inteligencia: “El monopolio de la SIDE [para interceptar comunicaciones] no tiene ninguna justificación técnica, dado que las intercepciones las realizan las empresas privadas a pedido judicial”. Y agregó que esta facultad otorgada en la Ley de Inteligencia Nacional de 2001 “le permite obtener información anticipada respecto de toda causa judicial en la que se soliciten intercepciones”. El especialista aclara también que es algo que antes de 2001 no ocurría, ya que “los jueces podían requerir intercepciones de comunicaciones a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad”. El monopolio de las escuchas pasaría de la SI al Ministerio Público, si se aprueba el proyecto de ley.

3.    Traspaso de funciones del Ministerio de Seguridad de la Nación a la AFI

Parte de las funciones de la Dirección de Inteligencia Criminal, que hasta ahora dependían del Ministerio de Seguridad (ver esquema de los organismos), pasan a la órbita de la AFI. Se trata de los casos en los que se haga inteligencia de delitos federales complejos. No se modifica la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del Ministerio de Defensa y comanda César Milani. 

Esta mayor adjudicación de competencias fue criticada por el CELS: “Le da a la AFI facultades amplias de inteligencia criminal aún si se lo limita a las amenazas internacionales (sacándoselas al Subsistema de Inteligencia Criminal) y le otorga facultades de investigación criminal, lo que no estaba previsto como actividad de inteligencia excepto a requerimiento específico de un juez”. Y señala que esto es negativo dado que, “según los especialistas, las tareas operativas de investigación criminal no deben confundirse con las de inteligencia criminal”.

4.    Control de los fondos

Una de las principales críticas al sistema actual es la falta de control de las agencias de inteligencia y, entre otras, cosas de los fondos que se le otorgan (ver Qué fue de: el control de los servicios de inteligencia).

Según el proyecto de ley “se establecerán mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados”, pero no aclara cuáles serán.  

“El proyecto sí prevé registros de ejecución presupuestaria que permitan su control. Pero sin fortalecer la capacidad de los legisladores de acceder a esa información, es lo mismo que nada”, señaló Hernán Charosky, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y especialista en transparencia.

Y agregó que “es necesario, por ejemplo, establecer mecanismos de control interno que reporten al Presidente de la Nación acerca de la efectividad y la legalidad del funcionamiento de la agencia. En algunos países, este tipo de función la ejerce un inspector general, que tiene pleno acceso a la información clasificada, rutinas de revisión de procesos internos y canales de recepción de denuncias”. Un país que tiene este tipo de procesos de auditoría es Estados Unidos.

5.    Desclasificación de la información: en 25 años

“En ningún caso el plazo para la desclasificación de información, documentos o material podrá ser inferior a los 25 años”, establece el proyecto de ley. En la ley actual no establece un mínimo legal.

Charosky criticó este nivel de secretismo: “El proyecto contiene un sistema de clasificación de información, copiado y pegado del vigente. Pero no prevé ningún mecanismo de desclasificación de la información a pedido de ciudadanos, jueces o legisladores. Es decir, el Poder Ejecutivo se queda con la facultad exclusiva de decidir qué información se hará pública, sin instancias que permitan requerírsela administrativamente, que éste deba responder fundadamente y que se habilite una vía judicial si lo niega”.