Macri: “En ocho años de gobierno no tuvimos una denuncia de corrupción”

El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, aseguró al principio del debate  que el Gobierno de la Ciudad no recibió denuncias de corrupción” durante su mandato. “Hace ocho años que gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocho años no tuvimos una denuncia de corrupción”, afirmó.

Sin embargo, desde que Macri asumió al frente de la Jefatura de Gobierno porteña, en diciembre de 2007, la administración del PRO recibió denuncias penales en diversas áreas de gestión, aunque ninguna tuvo avances claros en el plano judicial. Eso sin contar la seguidilla de denuncias que el propio Macri reconoció que se dispararon en los “últimos 20 días” y por las que acusó al kirchnerismo, con el caso de Fernando Niembro como el de mayor repercusión.

Justamente, el reparto de la publicidad oficial es uno de los temas por los que fue denunciado más de una vez el Gobierno porteño. En octubre de 2010, la entonces legisladora porteña de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía denunció a quien fuera secretario de Medios, Gregorio Centurión, y al director de Planeamiento de Medios, Rubén Azcárate, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración infiel en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros.

La presentación señaló que se les asignaba buena parte de la pauta porteña a empresas vinculadas con Azcárate y con la asesora contable de la Secretaría, Alejandra Suárez. La causa, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 6, llegó a avanzar e incluso hubo allanamientos, pero luego quedó estancada, sobre todo después de que Centurión se suicidara. En 2012, Sánchez Andía y su par Hernán Reyes presentaron una segunda denuncia contra la Secretaría de Medios por utilizar presuntamente la pauta oficial para posicionar a Macri a nivel nacional. Lo hicieron, según consta en la denuncia, en base a informes internos del Gobierno porteño en donde se reconocía ese objetivo en diversas campañas mediáticas. El PRO descalificó esos documentos y cuestionó su autenticidad.

La emisión de bonos públicos también fue motivo de denuncias contra el Gobierno porteño. En 2010, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una denuncia penal contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y contra el director de Crédito Público, Abel Fernández Semhan, por el lanzamiento de los bonos Tango S8. El escrito destacaba que se había pagado una comisión mayor a la que habían pagado otros gobiernos provinciales en la misma época, que un ex jefe de campaña del PRO era parte del consorcio contratado y que el dinero obtenido se había colocado a una tasa menor a la del mercado. Desde el Gobierno porteño respondieron entonces que ese consorcio se contrató porque fue el que presentó la mejor oferta.

En 2014, el dirigente del GEN Martín Hourest también se enfocó en la colocación de bonos de deuda. Denunció a Macri, a Grindetti y al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por colocar bonos a un costo del 60% anual. Los presuntos delitos eran los de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa recayó en el juez de instrucción Eliseo Otero.

La obra pública también fue foco de denuncias en contra del Gobierno de Macri. Una de las obras emblemáticas de la Ciudad, el Metrobus de la 9 de Julio, está siendo investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios. La denuncia la presentaron Facundo Di Fillipo, el ex legislador de la Coalición Cívica y actualmente asesor del legislador de Bien Común Gustavo Vera, y el abogado Enrique Viale en agosto de 2013, pero no registró avances. El Metrobus Sur y el Norte también quedaron en la mira -el primero incluso con un informe crítico de la Auditoría de la Ciudad-, pero no recibieron denuncias penales por sobreprecios aunque sí por otras presuntas irregularidades.

En julio de 2014, Di Fillipo también denunció a la empresa Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) por la compra de coches para la Línea B. Sostenía que se estaban comprando unidades que implicaban el cambio de tecnología y que se debían hacer reformas en estaciones y andenes. Así, estimaba, el Gobierno estaba gastando 30 millones de euros más de lo que correspondía.

En otra denuncia que afectó al PRO, Rodríguez Larreta, su hermano (Augusto) y su cuñada (Julieta Spina), quedaron en la mira de la Justicia porque esta última, que se desempeñaba como directora de Contenidos de Ciudad de la Moda –un programa del Ministerio de Desarrollo Económico- se presentaba como la única oferente en las licitaciones relacionadas con ese programa.

Otras denuncias podrían enumerarse, dependiendo de la definición de corrupción que se utilice. La licitación de los millonarios contratos de basura, por ejemplo, fueron eje de una denuncia judicial porque comenzaron a implementarse sin haber sido aprobados previamente por la Legislatura porteña. El argumento era que el artículo 104 inciso 23 de la Constitución de Buenos Aires  expresa que “toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura”.

También entra en una zona gris la causa de escuchas ilegales que habría liderado el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, en la que todavía está procesado el propio Macri.