Alberto Fernández: “El Estado ha asistido a 21 millones de argentinos de los 45 millones que somos”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó en el mensaje grabado en el que anunció medidas más estrictas para el aislamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que “el Estado ha asistido a 21 millones de argentinos de los 45 millones que somos”. ¿Esto es así? ¿Casi la mitad de la población de la Argentina recibió fondos públicos nacionales en los últimos tres meses, desde que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19, llegó al país?

¿Qué dicen los datos?

El Informe de Panorama Productivo, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que registra la evolución de los principales indicadores de la actividad productiva, indica que el 89% de la población argentina (unas 40 millones de personas) vive en un hogar donde al menos una persona percibe un ingreso proveniente del Estado. 

El documento señala que esto se debe a que más de 21 millones de adultos, tal como señaló Fernández, son beneficiarios de estos ingresos de forma individual y que, a la vez, conviven con otras 19 millones de personas en sus hogares.

Los nuevos instrumentos creados por el Estado nacional para asistir a las familias y a las empresas con el objetivo de atenuar el daño social y económico que está produciendo la pandemia de la COVID-19 fueron los programas Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El IFE, según los datos oficiales, alcanzó a 8,4 millones de personas (asalariados informales, cuentapropistas de bajos ingresos, desocupados e inactivos), mientras que 2,3 millones de ocupadas y ocupados que trabajan en empresas cobraron la ATP para salarios devengados de abril último. Entre ambos programas suman alrededor de 10,7 millones de beneficiarios.

El documento del Ministerio de Producción citado explica que 2 de las 4 grandes fuentes de ingresos en los hogares por parte del Estado nacional estaban en funcionamiento previo a la pandemia de la COVID-19: las jubilaciones y pensiones (percibidas por alrededor de 7 millones de beneficiarios contando prestaciones contributivas y no contributivas) y el empleo público “que alcanza a aproximadamente 3,2 millones de personas, incluyéndose aquí docentes y médicos de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno”.

Sin embargo, a partir de información publicada en el documento elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación presentado el último 18 de junio en el informe de gestión ante el Congreso nacional, se desprende que aproximadamente 9,7 millones de personas fueron beneficiadas por parte del Estado nacional con distintas asistencias, justificadas por el impacto económico de la pandemia, por fuera del IFE y la ATP.

Esas asistencias incluyen: bono extraordinario de $3.000 por hijo o hija para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) al que accedieron más de 4,7 millones de personas; bonos de $3.000 a beneficiarios de los programas sociales (más de 500 mil personas); bonos extraordinarios de $3.000 a jubilaciones y pensiones mínimas (más de 3,7 millones de personas); y bonos al personal de salud, trabajadores de seguridad y Fuerzas Armadas (800 mil personas). 

En este caso, no se contabilizan los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar porque, según la ANSES, le corresponde a personas que cobran la AUH con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Por lo que el beneficio se superpone con otras transferencias recibidas por parte del Estado.

Jorge Paz, director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad Nacional de Salta, respalda la cifra expresada por el Presidente y sostiene que estas medidas “tienen consecuencias económicas positivas porque ayudan a mantener el nivel de la demanda agregada (el total de bienes y servicios demandados por un país, a un determinado nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo) e impide que la actividad económica caiga de lo que ya va a caer por una reducción de la oferta agregada por el aislamiento obligatorio. Por lo que genera una actividad económica que termina favoreciendo a toda la sociedad y no solamente a los sectores que son beneficiarios de esto”.

El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en abril último, el primer mes completo de aislamiento obligatorio en la Argentina, que la economía tuvo una caída del 26,4% con respecto al mismo mes del año pasado y de 17,5% con respecto a marzo, la mayor de la que tenga registro el INDEC.

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Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. En los casos de fotos y videos trabajamos con imágenes trucadas o sacadas de contexto y siempre analizamos en conjunto las imágenes junto con el texto con el que fueron presentadas.