Claves de la reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció desde la Casa Rosada un proyecto de reforma de la Justicia federal. Como había mencionado en la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo último, enviará al Congreso un proyecto para unificar los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, por un lado, y los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal por otro.

Además, anunció reformas para fortalecer la Justicia federal en el interior del país y la creación de un Consejo de expertos que hará recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En principio, el Presidente no presentó ninguna reforma que establezca cambios sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esto estará bajo análisis del nuevo consejo de asesores. A continuación, los puntos principales del anuncio.

Comodoro Py

“Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, señaló el Presidente en su discurso.

Con esta frase justificó la necesidad de unificar los fueros Penal Económico y el Criminal y Correccional Federal. Se creará una nueva Justicia Federal Penal que contará con 46 juzgados de primera instancia: los 12 juzgados actuales de Comodoro Py, los 11 juzgados en lo Penal Económico y otros 23 nuevos juzgados. Con este esquema, el Presidente sería quien nombre a, al menos, la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más relevantes del país.

Como cada uno de los tribunales que ya existen tienen 2 secretarías, continuarán funcionando con una y la otra se transformará en secretaría de los 23 nuevos juzgados. Fernández aclaró que la creación de nuevos tribunales no afectará el principio de “juez natural” de las causas que actualmente están en curso. Habrá, por otra parte, 4 cámaras federales de apelaciones y 17 tribunales orales federales (así, se sumarán 5 nuevos, con la posibilidad de nombrar a 15 magistrados más).

La reforma anunciada por el Presidente tiene algunas diferencias con el proyecto original de reforma que el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz había presentado en 2004 durante la Presidencia de Néstor Kirchner. Ese proyecto proponía la unificación total de los fueros Criminal y Correccional Federal, el fuero Penal Económico y la Justicia Nacional porteña que trata delitos ordinarios y no planteaba la creación de nuevos tribunales ni cargos. Esto daba como resultado un nuevo fuero con más de 80 juzgados de primera instancia. En la propuesta actual, la llamada Justicia Nacional porteña queda afuera de los cambios.

Subrogancias, traspaso a la Ciudad y cambios en los concursos

En este contexto, Fernández anunció que mientras se realicen los concursos para los nuevos juzgados penales federales se aplicará un sistema de subrogancias que contará con la participación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar acuerdo a los magistrados que hagan alguna suplencia.

Sobre el Consejo y las designaciones, propuso nuevas políticas de transparencia en los concursos para que todo el procedimiento sea registrado en soporte de imagen y sonido.

El último anuncio sobre la Justicia penal se basó en la transferencia total de los delitos ordinarios de la Ciudad a la Justicia porteña. Serán transferidos a la órbita porteña los jueces, funcionarios y empleados que manifiesten de forma expresa su consentimiento a ser transferidos. Este tema no está exento de problemas y posibles judicializaciones: la Asociación de Magistrados se expresó en contra del traspaso en varias oportunidades y los gremios judiciales también se oponen. No está claro qué sucederá con los que no presten consentimiento, aunque el proyecto prevé que puedan subrogar los nuevos juzgados hasta que tengan nuevos jueces titulares.

Contencioso Administrativo y Civil y Comercial

La otra unificación anunciada por el Presidente fue la del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal. “Se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”, señaló el Fernández.

El fuero Contencioso Administrativo Federal tiene 12 juzgados de primera instancia. Es el que trata los conflictos entre el Estado y los particulares y es, a su vez, el que tiene a cargo el control de los actos administrativos del Gobierno nacional, por ejemplo, el análisis sobre la constitucionalidad de un decreto o una ley.

El fuero Civil y Comercial Federal tiene menos juzgados (son 11 en total) y menos exposición. Trata temas del derecho privado, como cuestiones de derecho marítimo y aeronáutico, demandas sobre prestaciones de salud y conflictos sobre marcas y patentes.

“El fuero Contencioso Administrativo Federal interviene en asuntos regidos preponderantemente por normas y principios propios del Derecho Público Federal. Existen casos en los que, pese a ser parte el Estado, no es clara la preponderancia del derecho público y se discute si debe intervenir el Contencioso Administrativo Federal o el Civil y Comercial Federal”, explicaron a Chequeado los abogados Juan Pablo Perrino y Vicente Kenny, del estudio Beccar Varela, que pertenecen a la Comisión Pro Bono.

Anuncios para el interior

La reforma prevé, dijo Fernández, un fortalecimiento de la Justicia federal en el interior del país. Según sostuvo el Presidente, la iniciativa recoge el texto de un proyecto presentado por senadores de la oposición, en su mayoría de Juntos por el Cambio. El proyecto propone fortalecer la Justicia federal con asiento en las provincias con la creación de 94 nuevos juzgados penales. De esta manera, los juzgados ya existentes, que en muchos casos tienen competencia múltiple (penal, electoral, civil, tributaria), dejarán de abocarse a las causas penales y sólo se ocuparán del resto de las materias.

Un Consejo para futuras reformas

El Presidente anunció la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este cuerpo tendrá la tarea de “repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público Fiscal”, señaló Fernández. “Este Consejo que estamos creando deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, agregó. El decreto que crea esta comisión ya fue publicado en el Boletín Oficial.

Este consejo estará compuesto por 11 juristas:

-León Arslanián, ex juez de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares.
-Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
-Alberto Beraldi, ex secretario de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y actual abogado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
-Enrique Bacigalupo, quien fue juez del Tribunal Supremo de España.
-Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y candidata propuesta por Mauricio Macri para el cargo vacante de procurador general de la Nación.
-Raúl Gustavo Ferreyra, profesor de Derecho Constitucional de la UBA.
-Marisa Herrera, doctora en Derecho e investigadora del Conicet.
-Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
-Claudia Sbdar, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
-María del Carmen Battaini, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego.
-Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

Si bien el Presidente no anunció ninguna reforma vinculada a la Corte Suprema, este Consejo elaborará recomendaciones sobre los criterios para la selección de sus jueces, la competencia que la Constitución le atribuye al tribunal y la fijación de plazos procesales, entre otras cuestiones.

Durante el gobierno de Mauricio Macri existió algo comparable a este Consejo que fue el Programa Justicia 2020. Este espacio lo coordinaba el abogado Ricardo Gil Lavedra y tenía el objetivo de elaborar políticas, proyectos e iniciativas vinculadas al Poder Judicial. De ahí salió la llamada “ley del arrepentido”, entre otras normas.

También existieron en distintos gobiernos comisiones que tuvieron a cargo el diseño de la reforma de diversos códigos. Por ejemplo, del Código Penal. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner funcionó una comisión que elaboró un proyecto de reforma del Código Penal, vigente desde 1921, y la coordinaba Raúl Zaffaroni. Ese anteproyecto, sin embargo, no tuvo los consensos necesarios y no avanzó.

Durante el gobierno de Macri se elaboró otra comisión con la misma misión y la coordinó el juez de la Casación Federal Mariano Borinsky. El proyecto elaborado fue enviado al Congreso, pero sigue en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.