¿Qué es el juicio político y qué antecedentes hay durante el kirchnerismo y el macrismo?

La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. La presentación apunta principalmente a la actuación del magistrado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, pero ocurre mientras tramita en la Corte el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli por los traslados anulados por el Senado de la Nación.

Aquí, repasamos algunas preguntas y respuestas sobre esta vía de destitución de funcionarios públicos.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación, a diferencia del juicio político de los jueces inferiores a la Corte, cuya remoción está a cargo del Consejo de la Magistratura luego de que se creara ese organismo en la reforma constitucional de 1994.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Las causales de juicio político, explicó en esta nota Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la comisión de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en materia de reforma judicial, son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son dos causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Constitución establece que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de dos tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Si los dos tercios de la Cámara baja aprueba el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, la última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.

En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

Si bien tiene poca actividad, la Comisión, que actualmente preside la diputada Josefina González, del Frente de Todos, recibió más de 200 denuncias desde 1999. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones.

En lo que va de 2020, se presentaron 3 pedidos de juicio político: 3 contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; y el presentado por Siley contra Rosenkrantz.

Durante su Presidencia, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) recibió 7 pedidos de juicio político, pero ninguno prosperó. El ex presidente Mauricio Macri (Cambiemos) recibió 2 pedidos. El actual mandatario, Alberto Fernández (Frente de Todos), no recibió ningún pedido de juicio político durante su mandato, pero sí en 2005, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Uno de los más denunciados es el ex vicepresidente Amado Boudou (Frente para la Victoria). En total, recibió 25 pedidos de juicio político. De la gestión de Cambiemos, la funcionaria más denunciada fue la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con 8 presentaciones, siempre según datos oficiales del Congreso.

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.