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¿Qué es el juicio político y qué antecedentes hay?

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La diputada Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Cómo funciona esta herramienta y por qué muy pocos funcionarios fueron removidos por esta vía desde la vuelta de la democracia.

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó en la Cámara alta un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, al que acusó por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. La presentación ocurrió luego de que el ministro asegurara en una entrevista que no es bueno para un país que un ex presidente esté detenido, en referencia a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es un juicio político y qué antecedentes existen?

El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación, a diferencia del juicio político de los jueces.

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias políticas: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución: “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Las causales de juicio político, explicó a Chequeado Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son tres: “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son dos causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.

Cómo es el procedimiento

La Constitución establece que la Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de dos tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no lo son. Recién cuando se considera admisible la denuncia esta Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Concluida la investigación, la Comisión debe emitir dictamen, con la mitad más uno de los presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Si los dos tercios de la Cámara alta aprueba el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara baja, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitás una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, señaló Gil Domínguez.

En lo que va de 2018 la Comisión de Juicio Político se reunión una sóla vez. Fue el 22 de marzo último y con el único fin de formalizar las nuevas autoridades. En 2017 no se reunión ni una sola vez. Y en 2016 sólo se reunió para constituir a las nuevas autoridades. La Comisión la preside actualmente el diputado nacional por Córdoba Pedro Pretto (PRO). La última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015, cuando el Frente para la Victoria (FpV) pidió que se iniciara una investigación para evaluar la capacidad psicofísica del entonces ministro de la Corte Carlos Fayt, que tenía 97 años.

Si bien la Comisión tiene poca actividad, en las últimas dos décadas recibió más de 200 pedidos de juicio político, la gran mayoría por la causal de mal de desempeño. El presidente, Mauricio Macri, por ejemplo, ya recibió dos pedidos de juicio político desde que asumió su cargo. Y la ministra de su gobierno con más denuncias es Patricia Bullrich (a cargo de Seguridad): tuvo siete pedidos de juicio político. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió siete pedidos de juicio político durante su mandato.

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició la depuración de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Su antecesor en la Presidencia, Eduardo Duhalde, había impulsado el juicio político de los nueve jueces de la Corte de ese momento. El expediente llegó al Senado, pero no alcanzó las mayorías necesarias.

Kirchner impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución. En diciembre de 2003, el Senado removió de su cargo de Moliné O’Connor y en septiembre de 2005 destituyó a Boggiano. Es decir, que el último caso de destitución vía juicio político se produjo hace 13 años.

Desde 1983, sin embargo, no existe ningún caso de un ministro del gabinete nacional que haya sido removido por juicio político.

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