Qué está pasando en Formosa
- ONGs y referentes de Juntos por el Cambio denunciaron las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno de Gildo Insfrán para combatir la pandemia.
- Alegan malas condiciones higiénicas y sanitarias de los centros de aislamiento; y avasallamiento sobre las libertades de los residentes en la provincia.
- El secretario de Derechos Humanos de la Nación viajó a la provincia, se reunió con funcionarios y visitó centros de aislamiento.
ONGs y referentes de la oposición denunciaron, públicamente, ante la justicia y ante organismos internacionales, las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno de Formosa para prevenir el contagio del coronavirus. En las últimas horas, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, llegó a la provincia acompañado de otros funcionarios nacionales.
Amnistía Internacional le reclamó al gobierno a cargo de Gildo Insfrán (Partido Justicialista) “que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 sean respetuosas de los derechos humanos”. Insfrán gobierna la provincia desde 1995.
Según informó, la organización recibió denuncias sobre las condiciones en que se realizan las cuarentenas obligatorias en los Centros de Atención Sanitaria (CAS). Entre ellas, destacan que “se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio”. Además señalan que las estadías en los centros habrían excedido los 14 días y que las personas alojadas no serían informadas sobre cuánto tiempo deberían permanecer allí.
En relación a la actividad policial, Amnistía indicó que “las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS”, donde se encontraría las 24 horas custodiados por uniformados.
En tanto, siempre según la organización internacional, los centros de atención sanitaria no cumplirían con las condiciones higiénicas y de salubridad necesarias y allí “se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares”.
“Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente”, agregó el comunicado del organismo de derechos humanos.
Meses atrás, la misma organización había alertado sobre la situación de más de 7 mil personas que no podían ingresar a la provincia a partir de las medidas tomadas por el gobierno formoseño; algunas de ellas varadas en la ruta a la espera de una respuesta y presentado una acción ante la Justicia.
En respuesta a esa presentación y a dos amparos presentados por Luis Naidenoff (UCR-Juntos por el Cambio); y Carlos Roberto Lee (quien fue candidato a Concejal por Cambiemos en 2017), la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que las medidas puestas en marcha por el gobierno de Formosa representan una “restricción de derechos” y le ordenó que permita los ingresos.
Por su parte, las ONGs Bases Republicanas y Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) anunciaron que hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Consideran que en la provincia las personas son víctimas de violaciones a sus derechos humanos “provocadas por las medidas de aislamiento obligatorio en centros estatales de inaceptables e indignas condiciones de salubridad, edilicias y maltrato y las que afectan el normal reingreso a la provincia de residentes que se encuentran fuera de ella”.
En la misma línea, el senador nacional por Formosa Luis Naidenoff y el diputado nacional por Córdoba Mario Negri, ambos referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Juntos por el Cambio, informaron que presentaron una medida cautelar ante la misma CIDH.
“Tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, detalló Naidenoff.
También le solicitaron a Michelle Bachellet, ex presidenta de Chile y actualmente Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que intervenga “para constatar la existencia de la vulneración de los derechos humanos de las personas aisladas en los centros de aislamiento (…); además de encaminar las medidas de protección de los derechos humanos que estuvieren a su alcance”.
El senador formoseño también presentó un habeas corpus colectivo ante la Justicia Federal de la provincia para que se permitan realizar los aislamientos necesarios en los domicilios particulares de los pacientes.
Por último, 15 sacerdotes de la Iglesia Católica de Formosa emitieron una carta en donde condenaron las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial. “Las medidas que toma son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan a oscuras épocas de nuestra Patria”, indicaron según reflejaron distintos medios de comunicación (ver acá, acá y acá).
Qué dice el gobierno provincial
El gobernador Insfrán ratificó su estrategia de lucha contra la COVID-19 y consideró que “la oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa”.
Al mismo tiempo, invitó al secretario de Derechos Humanos de la Nación para que visite la provincia y pueda ver de primera mano las medidas tomadas.
Pietragalla Corti llegó a Formosa en las últimas horas y, según señaló, se reunió con Insfrán y otros funcionarios provinciales; y visitó los centros de aislamientos que “funcionan en la Escuela 224, en el Centro 17 de Cctubre, en el Cincuentenario y en la Fundación Racimo, para escuchar a todas y todos los que allí se encuentran”.
Días atrás, las medidas tomadas por Insfrán recibieron el respaldo del Partido Justicialista. En un comunicado firmado por los diputados nacionales José Luis Gioja y Lucía Corpacci; y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, entre otros, destacaron que “la política sanitaria desplegada por el gobierno provincial logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por COVID-19 en la República Argentina”.
Al mismo tiempo, denunciaron una “feroz campaña política y mediática” contra la administración de Insfrán que consideraron una “actitud mezquina y egoísta puede costar la vida de muchos compatriotas”.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, en Formosa se registraron 828 casos y 6 fallecimientos por COVID-19 desde marzo último, cuando se informó el primer caso de la enfermedad que provoca la pandemia. Según el recuento del ministerio de Salud de la Nación, se trata de la provincia con menos casos confirmados – 136 cada 100 mil habitantes – y no figura entre las zonas de transmisión comunitaria.
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Fecha de publicación original: 28/01/2021
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