Represión en Formosa: qué pasó y qué dijeron desde el Gobierno y organismos de Derechos Humanos

Cientos de personas se manifestaron el viernes último frente a la Gobernación de Formosa en rechazo de la decisión del Gobierno de Gildo Insfrán (Frente de Todos) de regresar a la Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la capital provincial, y la protesta terminó con decenas de heridos y 92 detenidos luego de enfrentamientos con la Policía provincial. 

La manifestación se originó a raíz de la resolución del Consejo de Atención Integral de la emergencia COVID-19, que ordenó la vuelta a la Fase 1 del ASPO en la ciudad de Formosa desde el 4 hasta el 18 de marzo, luego de que se detectaran el último jueves 17 nuevos casos de coronavirus en la capital provincial.

En esta nota explicamos cuáles fueron los argumentos del Gobierno provincial para definir el retorno a la cuarentena estricta, qué ocurrió en la manifestación y la reacción del Gobierno nacional y organismos internacionales de Derechos Humanos.

La vuelta a la Fase 1

El último jueves la administración de Insfrán -quien gobierna la Provincia desde 1995- comunicó en un parte informativo que se habían realizado 3.054 test para la detección de coronavirus, y que 23 de ellos habían arrojado resultados positivos, de los cuales 17 pertenecían a la ciudad de Formosa. 

El Gobierno definió esta situación como un “rebrote de contagios”, por lo que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resolvió el regreso al ASPO a partir del jueves 4 de marzo y hasta el 18 de marzo inclusive, “a los fines de mitigar la circulación y propagación del virus”.

Según otro informe oficial, el viernes último se detectaron otros 16 casos en la capital formoseña, por lo que a esa fecha se registraban 93 casos activos y un fallecimiento por coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, la provincia registra 1.444 casos positivos de coronavirus y 19 fallecimientos por la enfermedad. Pero el Gobierno justificó la decisión de retornar a la Fase 1 por considerar que “el 65% de los nuevos casos detectados no tienen nexo epidemiológico”.

La medida implica la “suspensión de la flexibilización de actividades dispuestas a nivel provincial”. También se ordenó la caducidad de los certificados de circulación vigentes hasta el momento y la suspensión del transporte interurbano entre las diferentes localidades de la provincia.

Solo quedan exceptuados de las prohibiciones los servicios declarados como esenciales, entre ellos, “personal de salud, personal docente, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal convocados para garantizar servicios esenciales”.

En noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó la atención sobre las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Formosa, al responder a una presentación de Amnistía Internacional y los amparos del senador nacional Luis Naidenoff (UCR-Juntos por el Cambio) y Carlos Roberto Lee (quien fue candidato a Concejal por Cambiemos en 2017) ante las restricciones al ingreso de personas a la Provincia.

El máximo tribunal del país ordenó entonces que en 15 días se autorice el ingreso de los ciudadanos que lo habían solicitado, y consideró que esa medida representa una “restricción de derechos” que no es “razonable en su aspecto temporal”, debido a “las excesivas esperas”.

Las protestas

Tras la decisión oficial, cientos de personas se manifestaron el viernes último frente a la Gobernación de Formosa para reclamar contra la medida. El hecho derivó en un enfrentamiento con la Policía provincial, que terminó con 92 personas detenidas, 13 de ellas menores de edad que -según informó el Ministro de Gobierno provincial, Jorge González, a la señal IP Noticias- “fueron retenidos por un rato mientras venían los padres a buscarlos”.

En tanto, oficialmente no se brindaron cifras del número de manifestantes heridos, aunque Amnistía Internacional reportó que “varias personas resultaron heridas y detenidas, incluyendo periodistas”. 

La Policía provincial reconoció que en las protestas se arrojó “agua a presión, gases y disparos con posta de gomas”, y señaló que durante los hechos hubo 14 efectivos heridos, uno de ellos de gravedad. No obstante, no se brindaron detalles sobre los manifestantes lastimados.

Repudio de organismos de Derechos Humanos

Tras el episodio, diversos organismos internacionales de Derechos Humanos expresaron su preocupación por lo ocurrido en Formosa. El Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Robert Valent, indicó: “La respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada en personas heridas y detenidas”.

Amnistía Internacional expresó su “condena a la represión a manifestantes en Formosa” y señaló que “el Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales”.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a cargo de Horacio Pietragalla-, emitió un comunicado en el que si bien repudió “la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes”, justificó el hecho al hablar del “uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes”.

El director ejecutivo de Human Right Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó su preocupación por el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y afirmó que “su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente”.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, replicó en su cuenta de Twitter el comunicado del organismo que preside Pietragalla, y señaló: “El Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía. En momentos de angustia colectiva, tiene que primar la serenidad. La violencia nunca es el camino. Y mucho menos la violencia institucional”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, rechazó “la represión a toda manifestación pacífica, así como nos oponemos a la restricción a la libertad de expresión. Nuestra obligación es fortalecer las instituciones y reducir la violencia”. 

Finalmente, el gobernador Insfrán no se refirió al episodio, pero el viernes último, mientras se producía el hecho, inauguró una sede del Poder Judicial en la localidad de Las Lomitas, y dijo que “debemos priorizar el bien común por sobre los intereses individuales y eso se logra con unidad, organización, solidaridad y, sobre todo, con amor”. 

En las últimas horas el partido Republicanos Unidos -que conducen Fausto Spotorno y Yamil Santoro- presentó ante la Justicia Federal de Formosa una denuncia penal contra Insfrán y otros funcionarios de Formosa por “la represión sufrida por una multitud de ciudadanos formoseños que se manifestaban pacíficamente en la Ciudad de Formosa”.