Macri: “[Las pensiones por invalidez] durante el kirchnerismo habían crecido de alrededor de 200 mil a 1 millón, gracias a un sistema muy laxo de controles”

En su libro Primer Tiempo, el ex presidente Mauricio Macri criticó el manejo de las pensiones por invalidez durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “[Las pensiones por invalidez] durante el kirchnerismo habían crecido de alrededor de 200 mil a 1 millón, gracias a un sistema muy laxo de controles”, señaló, y agregó: “Era un sistema malo y anticuado, porque permitía el fraude y porque, aún bien aplicado, sacaba del mercado laboral a personas con discapacidad”.

Esto es verdadero, pero. Los datos coinciden con el crecimiento señalado por Macri, pero sólo una pequeña parte de esa suba fue detectada como irregular, según lo auditado por la propia gestión de Cambiemos.

En 2003, año en que Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, las pensiones por invalidez laboral eran 78.585; y en 2007, cuando fue reemplazado por Cristina Fernández de Kirchner, alcanzaban a 197.575 personas, de acuerdo con datos oficiales.

Para diciembre de 2015, cuando terminó el mandato de Fernández de Kirchner y empezó el de Macri, las pensiones por invalidez ejecutadas eran 1.034.743; y en 2019, último año del gobierno de Cambiemos, alcanzaron a 1.029.097 personas. Es decir que durante los 8 años de gestión de la actual vicepresidenta las pensiones crecieron en la proporción señalada por Macri, y durante la gestión de Cambiemos se mantuvieron.

Pero, ¿las pensiones crecieron sólo por las falencias del sistema? ¿Cómo cambió el sistema?

En 2017, el Gobierno nacional comenzó a dar de baja pensiones por invalidez amparado en el Decreto N° 432/1997, que establecía una serie de exigencias para el acceso a la pensión como “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna”, y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”. Esta norma no había sido derogada por ningún gobierno desde 1997.

Si bien muchas de esas bajas fueron revertidas por la Justicia federal, la gestión de Cambiemos continuó durante 2018 y 2019 auditando las pensiones entregadas.

Santiago Ibarzabal, quien dirigió la Agencia Nacional de Discapacidad desde agosto de 2018 hasta 2019, señaló a Chequeado que identificaron pensiones “que se otorgaban desde municipios, que la certificación de discapacidad la podía firmar cualquier médico y que en algunos casos el porcentaje de invalidez necesario para recibir la pensión no estaba completado en el formulario”.

Ante la consulta de qué cantidad de personas estaban en una situación irregular, Ibarzabal detalló el análisis realizado por la agencia que estaba a su cargo. En un primer filtro identificaron 130 mil menores de 18 años y 21 mil mayores de 65 años que no deberían recibir la pensión y/o que les corresponden otros beneficios, pero que no consideraron una prioridad a corregir.

“A un total de 659 mil personas que recibían la pensión los introdujimos en una matriz de riesgo, en donde cruzamos con distintas variables”, agregó el ex funcionario. A partir de allí, se seleccionaron los casos dudosos, se les envió cartas documento para que los beneficiarios de la pensión se reempadronaran, y de esta manera revisar su situación.

Ibarzabal indicó que se enviaron alrededor de 150 mil notificaciones en 2019. El resultado final de estos trámites no lo pudo definir ya que coincidieron con el final de la gestión de Cambiemos, pero confirmó que se dieron de baja entre 11 mil y 15 mil casos por incompatibilidades con los requisitos económicos.