Alberto Fernández: “Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas”

En el segundo debate de candidatos presidenciales realizado en 2019, el entonces candidato del Frente de Todos y actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió aumentar la construcción de viviendas.

“Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. Y cuando las construyamos vamos a movilizar la economía y vamos a darles también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primera casa. Es mi compromiso”, indicó Fernández.

Al llegar a la Casa Rosada, el Presidente creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que inicialmente lideró María Eugenia Bielsa y desde noviembre de 2020 está a cargo del ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. Además, en 2021 se le aumentó el presupuesto. Sin embargo, no se registran indicadores significativos de avance y los especialistas destacan la falta de un plan coordinado para atender al déficit habitacional que sufre el país desde hace décadas.

Los recursos

Según informaron a Chequeado desde el área de Comunicación de esta cartera, desde la creación del Ministerio hasta la actualidad se entregaron 28.162 viviendas y para el periodo 2021-2023 planean otorgar “264 mil soluciones habitacionales en todo el país”. En el concepto de “solución habitacional” se incluyen las viviendas y también los mejoramientos que pueden hacerse, como renovaciones, ampliaciones, etcétera.

Por su parte -según indica el Ministerio-, “se encuentran en ejecución un total de 76.973 nuevos hogares en la totalidad de las provincias a través de los diferentes programas, entre los que se destacan Casa Propia, Procrear II, Reconstruir, Casa Activa y las líneas de créditos hipotecarios”.

Si se tiene en cuenta la inversión en la Función “Vivienda y Urbanismo” como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), se proyecta llegar al final de 2021 con un porcentaje del 0,29%, el mismo que en 2016 y un aumento con respecto a 2020, según describió el Ministerio de Economía de la Nación en el Proyecto de Presupuesto 2022. En tanto, para el próximo año se presupuestó que la inversión en este área represente un 0,35% del PBI, un porcentaje más alto que en 2021 pero que sigue siendo más bajo al del último año del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (0,51%).

Por su parte, de acuerdo con la Evaluación Físico Financiera del Presupuesto 2021 que realiza el Ministerio de Economía, las metas físicas cumplidas hasta junio último, que incluyen viviendas y mejoramientos entregados y en ejecución, fueron más bajas que en los mismos periodos de los años 2018, 2019 y 2020.

El análisis atribuye la baja en el cumplimiento de las metas a las medidas sanitarias puestas en marcha por la pandemia de COVID-19.

En tanto, de cara al año próximo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) evaluó los presupuestos nacionales destinados al “hábitat y territorio” e identificó que para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se proyecta un aumento real del 12,13% de sus recursos. A su vez, el presupuesto vigente para 2021 representa un aumento real de 135,66% con respecto al de 2020.

Sin embargo, la ONG indica que para 2022, “más que un aumento presupuestario significativo, estamos ante una redistribución del presupuesto que expresa nuevas prioridades”.

“Observamos que se priorizan políticas habitacionales que en el pasado no han dado buenos resultados, como la construcción de viviendas de entrega llave en mano, mientras que se desfinancian partidas que se encargan de la gestión del suelo”, explicó a Chequeado Rosario Fassina, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ.

Según explicó la especialista, si se construyen viviendas por fuera de una programa integral que incluya la regulación del mercado del suelo, se crea un desarrollo territorial desequilibrado, con menor integración, que no soluciona el déficit habitacional que tiene el país.

Además, el análisis presupuestario de ACIJ destaca que el programa “Integración Socio Urbana”, que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene como objetivo la reurbanización de los barrios populares, tiene una baja ejecución (hacia finales de noviembre se había ejecutado el 63% de su presupuesto) y para 2022 tiene proyectado fondos un 27% más bajos.

El informe agrega que los proyectos de integración socio-urbana se financian también por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que este año contó con ingresos por parte del Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia, conocido como aporte de las grandes fortunas, pero que no se prevé que se repita para el año próximo.

La mirada de los especialistas

Eduardo Reese, docente del Instituto del Conurbano en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), indicó a este medio que es difícil evaluar la gestión por el impacto de la pandemia y porque la actividad se reanudó recientemente.

El especialista añadió que el Gobierno nacional lleva adelante la política de vivienda que es tradicional en la Argentina y que atraviesa las distintas gestiones, que implica conseguir terrenos, ya sean públicos o la compra de tierras privadas, y la construcción a través de múltiples programas.

“En nuestro país se toma la política de vivienda como una medida de política económica contracíclica. La obra pública genera empleo y, como la mayoría de los insumos se fabrican en el país, mueve la actividad en la industria”, explicó Reese, quien agregó que esta mirada va en desmedro de una política enfocada en quienes necesitan las viviendas y en cuáles serían las mejores condiciones para ellos.

Por su parte, la investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Mercedes Di Virgilio coincidió en la necesidad de un cambio de perspectiva. “Es necesario asumir el desafío de la integralidad”, indicó la especialista en diálogo con Chequeado y añadió que iniciativas como el Plan Nacional del Suelo registran “resultados muy incipientes” pero que “no hay una línea que una todas las intervenciones. No se produce Ciudad”.

Por lo tanto, la promesa se encuentra EN PROCESO, DEMORADA. Cuando Fernández llegó a la Casa Rosada se creó un Ministerio específico para esta temática y en 2021 se le aumentó el presupuesto. Sin embargo, no se registran indicadores significativos de avance y los especialistas destacan la falta de un plan coordinado para atender el déficit habitacional que sufre el país.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.