¿Qué está pasando en la Agencia de Acceso a la Información Pública nacional?

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), cuya directora, Beatriz de Anchorena, asumió hace menos de 2 semanas, dictó una resolución que limitó temporalmente los trámites y reclamos que están bajo su órbita. El organismo fundamentó su decisión en la necesidad de realizar una auditoría sobre el estado del organismo, que estuvo 14 meses acéfalo desde la renuncia de Eduardo Bertoni, que estuvo en el cargo entre septiembre de 2017 y diciembre de 2020. Diputados opositores presentaron un pedido de informes para que el organismo explique los motivos de esta decisión, que básicamente suspende el ejercicio de un derecho constitucional.

Quién es la nueva funcionaria, qué resolvió, qué cuestiona la oposición y que sostuvo la Auditoría General de la Nación (AGN). Todos los detalles en esta nota.

La directora

De Anchorena asumió el 10 de marzo último como directora de la AAIP. El organismo estaba acéfalo desde principios de 2021, momento en el que se hizo efectiva la renuncia de Bertoni, quien había sido nombrado durante la gestión de Cambiemos. Según la Ley 27.275, el director de la Agencia es nombrado luego de un proceso de audiencias con participación de la sociedad civil y dura 5 años en el cargo.

Al momento de su designación, De Anchorena se desempeñaba como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de la Nación. En el período intermedio entre ambos directores, el Gobierno nacional propuso al abogado Gustavo Fuertes, que trabajaba como asesor en la Jefatura de Gabinete, pero las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron su postulación por falta de idoneidad y la designación no avanzó.

La resolución cuestionada

El 14 de marzo último, 4 días después de su asunción, Anchorena dictó la Resolución 1/2022. Como la Agencia estuvo acéfala más de un año, la nueva directora solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) una auditoría de la AAIP “a fin de contar con la debida información sobre la situación general del organismo en miras a la mejor organización de las tareas y funciones que le son propias”.

Con esa auditoría como contexto, la mencionada resolución dispuso prorrogar de forma excepcional y por 20 días los plazos de los procesos administrativos con vencimiento entre el 10 de marzo y el 10 de abril, “a fin de asegurar la eficacia de las tramitaciones y avocarse al conocimiento y decisión de los asuntos que tutelan los derechos y garantías de las personas interesadas”, sostiene la resolución. El resto de los pedidos de acceso continúan su trámite según la ley.

Un pedido de informes

La diputada nacional Karina Banfi (Juntos por el Cambio), quien además es especialista en acceso a la información pública, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el escrito, firmado por más de 50 diputados de Juntos por el Cambio, solicita a la Agencia que indique los motivos por los cuales se prorrogan los plazos, que señale cuáles son los obstáculos para no cumplir con esos plazos, que identifique las situaciones concretas de incumplimiento de la ley registradas en el período de acefalía y que explique la motivación para que el desarrollo de una auditoría justifique el “incumplimiento de los principios del derecho humano al acceso a la información pública”.

Banfi, además, envió una carta documento a la directora de la AAIP intimándola a que dé marcha atrás con la Resolución 1/2022. “En los considerandos de la norma no se encuentra una sola información que dé apariencia de legalidad a la manifiesta ilegalidad de modificar los plazos establecidos en una ley”, señala.

Ante la consulta de Chequeado, desde la AAIP explicaron que la medida no implica “una suspensión de plazos, sino una prórroga excepcional, que responde a pautas razonables de tiempo y que no resultan perjudicados derechos de terceros. En esta línea, el área Jurídicos de la Agencia presentó un dictamen que avaló la medida”. Y agregaron: “Esta prórroga alcanza únicamente a 16 tramitaciones del organismo, mientras que el universo total de los procedimientos continúa con los plazos previstos de forma habitual”.

Otra auditoría ya concluida

La asunción de Anchorena coincidió con la publicación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que preside el auditor radical Jesús Rodríguez, que evaluó el tramo final de la gestión anterior de la Agencia, entre enero de 2018 y junio de 2019.

La auditoría contiene algunas conclusiones negativas de la gestión: señala que no desarrolló herramientas para garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales; que no cumplió con lo que la ley prevé para el Consejo Federal de Transparencia; que existió un control limitado e insuficiente sobre los sujetos obligados; que se llevó un registro incompleto de cuántas solicitudes de acceso a la información pública fueron realizadas y respondidas y eventualmente, si lo fueron en tiempo y forma; y que la autonomía del organismo se vio limitada por la dependencia financiera de la Jefatura de Gabinete, aunque esa situación fue regularizada en 2019.

La Agencia hizo su descargo en el segundo semestre de 2021, ya sin Bertoni al frente del organismo. Allí se aclaró que la Agencia comenzó a funcionar en septiembre de 2017, pocos meses antes del período auditado, que “corresponde a la puesta en marcha de un nuevo órgano (…), con la consabida burocracia e inconvenientes que pudieran sucederse ante tales circunstancias”.

En ese escrito, la Agencia, que en el período de acefalía conservó a los directores que trabajaron durante el período auditado, rebatió la mayoría de los hallazgos presentados en el informe de los auditores y relativizó otros. Chequeado consultó a Bertoni, quien optó por no hacer declaraciones.