Qué se sabe y qué no sobre el avión venezolano retenido en Ezeiza

Última actualización: 16/08/2022.

Un avión de la empresa venezolana Emtrasur SA lleva más de 2 meses estacionado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y su tripulación es motivo de una controversia diplomática y judicial. En esa aeronave, a inicios de junio de este año, llegaron al país 19 pasajeros venezolanos e iraníes que desde entonces, y por diversos motivos no del todo claros, parte de la tripulación aún permanece en la Argentina.

Por qué están en el país, quiénes son, por qué no pueden irse y por qué esto genera tanto revuelo. Las respuestas y dudas sobre estas preguntas, en esta nota.

¿Cuándo llegó el avión y qué pasó después?

En la tarde del lunes 6 de junio aterrizó en Ezeiza un avión Boeing 747­ 3B3 matrícula YV-3531 proveniente de Caracas, Venezuela. Ese avión, de la empresa venezolana Emtrasur SA, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air. De sus 19 tripulantes, 14 son venezolanos y 5, iraníes. Según la información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones ante la Justicia Federal, no pesaba sobre ninguno de ellos ninguna alerta, restricción o impedimento, por lo que se habilitó su ingreso (ver más abajo el caso de Gholamreza Ghasemi, uno de los iraníes). La tripulación se alojó en el Hotel Holiday Inn de Ezeiza.

Para el día siguiente estaba previsto un nuevo vuelo a Caracas, con los mismos tripulantes, pero la partida fue cancelada por falta de combustible. En la tarde del miércoles 8 de junio el avión partió con destino a Montevideo, Uruguay, pero debió volver a Ezeiza porque el país vecino no admitió el ingreso de la aeronave.

Al volver a solicitar el permiso de ingreso a la Argentina, Migraciones dispuso retener la documentación de todos los tripulantes, otorgarles una autorización provisoria de permanencia y dejó constancia de que se alojarían en el hotel mencionado hasta conseguir combustible. El viernes 10 la tripulación cambió su alojamiento: se mudaron al Hotel Plaza Canning Design.

¿Cuándo se originó la causa judicial?

El sábado 11 de junio, Rafael Resnick Brenner, abogado representante de la tripulación y quien fue condenado en la causa Ciccone, presentó un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto de Ezeiza. El abogado señaló que la aeronave fue sometida a un exhaustivo control de distintos organismos públicos, en el que no se encontró nada extraño, y que el avión fue liberado “en lo formal, pero en lo operativo hay una negativa de hecho en cuanto a sus reabastecimiento y salida del país ya que ni YPF ni Shell le permiten reabastecerse de combustible”.

El domingo 12, el juez federal Federico Villena declaró abstracta la situación respecto de los ciudadanos venezolanos, ya que al pertenecer a un Estado asociado al Mercosur se les debía devolver toda la documentación. Sobre los ciudadanos iraníes, Villena señaló que Migraciones actuó dentro de sus competencias y no dispuso que se le devuelva la documentación.

A su vez, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, requirió que se investigue el caso y el expediente quedó bajo secreto de sumario.

La Ley de Migraciones, en su artículo 35, señala: “Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada (…) y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la salud e integridad física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la misma, le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará ingreso legal a la República Argentina”.

“La noticia señalada por la fuerza policial respecto de posibles sospechas de un avión de origen iraní que retornó al país pues el Uruguay negó su ingreso, resulta suficiente como para configurar la sospecha razonable que señala el mencionado artículo [de la Ley de Migraciones]”, sostuvo Villena. Con la noticia se refería al aviso dado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a Migraciones de que el avión había sido rechazado en Uruguay. El juez, por otra parte, ordenó extraer testimonios en una nueva causa judicial para investigar un posible delito.

¿A qué vino esta aeronave a la Argentina?

No se sabe con certeza. Se trata de un avión de carga, según el fallo de Villena, pero en la misma resolución no se aclara cuál es esa carga. Distintos medios informaron (ver acá y acá) que la aeronave transportaba autopartes. Lo que sí informa el fallo del juez federal de Lomas de Zamora es que esa carga fue controlada el 8 de junio por la PSA, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos X, alguno de los pallets de la carga en cuestión; dichos controles arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos prohibidos”, señala el fallo.

“Uno no actúa con información de redes sociales y periodísticas. Debe tener certezas y. en base a ellas, ir tomando decisiones. Después está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión”, señaló el entonces recién asumido jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien, por otro lado, había destacado que “no hay pedidos de captura ni alertas rojas” sobre los tripulantes.

¿Qué sospechas pesan sobre este avión?

Autoridades del gobierno paraguayo informaron que la aeronave que está ahora en el centro de la polémica estuvo en el aeropuerto de Ciudad del Este, Paraguay, entre el 13 y el 16 de mayo, día en el que despegó con destino a la isla de Aruba. El ministro del Interior de este país, Federico González, señaló que, luego de aquella estadía, agencias norteamericanas de inteligencia informaron que se trataba de una empresa (Emtrasur SA) sancionada por los Estados Unidos por tener nexos con el terrorismo. Según indicó González, luego se dio aviso a las agencias de inteligencia de la región.

Por su parte, Javier García, ministro de Defensa uruguayo, informó que tomó la decisión de rechazar el ingreso del vuelo venezolano en base a información que el Ministerio del Interior de Uruguay había recibido de agencias extranjeras.

Esta es la misma razón por la que ahora la aeronave tiene dificultades para acceder al combustible: las empresas YPF y Shell cotizan en bolsa y, por ello, están sujetas a las restricciones impuestas por los Estados Unidos.

¿Por qué otro motivo genera controversia este caso?

Otra polémica se originó en torno a uno de los tripulantes del avión. El lunes último, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, señaló que el nombre de uno de los tripulantes, Gholamreza Ghasemi, coincidía con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Pero 48 horas después afirmó que se trataba de un homónimo. Dos días después sostuvo que “el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas”.

En el pasado, la Guardia Revolucionaria Islámica tuvo como comandante a Ahmad Vahidi, quien actualmente es ministro del Interior de Irán. Vahidi tiene pendiente un pedido de captura de Interpol por su presunta participación en el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994.

¿Qué repercusión internacional tuvo el caso? ¿Y Estados Unidos?

Tras confirmarse que 5 de los venezolanos que venían en el avión son militares, el 16 de junio último la Embajada de Israel difundió un comunicado de prensa en el que expresó: “El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.

Un mes después, el Tribunal del Distrito de Columbia (Washington DC), encabezado por el juez Michael Harvey, dictó una orden de incautación del Boeing 747 de Emtrasur, señalando que “el avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air”.

El tribunal argumentó que desde 2008 el Departamento de Comercio de ese país emitió “una orden de denegación que prohíbe a Mahan Air participar en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de Estados Unidos”.

El 2 de agosto último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Argentina que incaute el Boeing 747, orden proveniente del mismo tribunal.

¿Y Venezuela?

Una semana después de esto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó a la fiscal Incardona de “recibir instrucciones de la Embajada de Estados Unidos” y añadió: “No hay jueces independientes en Argentina que convoquen a esa fiscal Cecilia Incardona para preguntarle qué hacía en la Embajada de Estados Unidos”.

En la misma línea, el 16 de agosto último el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, protestó contra la Justicia argentina por mantener “secuestrado” el avión y transmitió que “hay sensación de injusticia para el pueblo venezolano”.

Cinco días antes, en el marco del Tratado Multilateral de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales suscripto por la Ley 24.034, el juez Villena hizo lugar al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano. Es decir, de toda posesión legal de la aeronave y de sus bienes. En el operativo participó la agencia federal de investigación e inteligencia de Estados Unidos, FBI. Incardona había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de Estados Unidos de incautación.

¿Qué explicó la empresa?

El abogado Hernán Carluccio, representante de Emtrasur, había pedido el 21 de junio último la devolución de la aeronave, argumentando que había sido comprada a la compañía iraní Mahan Air y que el vuelo a la Argentina formaba parte de los planes de instrucción a la tripulación venezolana, un procedimiento regular -según él- en este tipo de compras.

¿Qué pasó con los tripulantes?

El juez Villena autorizó el 2 de agosto último la salida del país y la devolución de sus pasaportes a 12 de los tripulantes, 11 venezolanos y un iraní. Sin embargo, todos aún permanecen en la Argentina debido a que la fiscal Incardona apeló a la medida. La decisión final la debe tomar la Cámara Federal de La Plata.

Actualización, 16/8/2022: esta nota se actualizó con la última información disponible.