¿Cómo fue la distribución de las vacunas COVID-19 por provincia?

La distribución de las vacunas COVID-19 por habitante fue diversa entre todas las provincias durante la campaña de vacunación -que aún sigue vigente-, ya sea por cantidad o por laboratorio, y el Gobierno nacional no informó de forma transparente qué criterios objetivos utilizó para su distribución.

El dato surge de un análisis de la organización Poder Ciudadano (PC), a cargo del capítulo local de Transparencia Internacional, en base a pedidos de acceso a la información al Estado nacional. La información fue publicada en el informe “Observatorio de Vacunas COVID-19. Primeros hallazgos y recomendaciones”, y volcada en el especial interactivo del mismo nombre.

Allí también se analizaron datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación en relación a la cantidad de vacunas contra el coronavirus comprometidas y adquiridas en el país, a través de diferentes contratos con los laboratorios, y el precio unitario de cada dosis.

A continuación, un análisis de la información recopilada.

La distribución de las vacunas COVID-19 por provincia

Según explicó el Gobierno nacional en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en Argentina”, la cantidad de vacunas contra el coronavirus se debía repartir en cada territorio provincial en función de la población objetivo de cada jurisdicción y de la disponibilidad de vacunas, pero “con el correr de los meses esas prioridades fueron cambiando”, señala el informe de PC.

Además, según explicó Poder Ciudadano, ni en el plan original ni en las modificaciones posteriores se establecieron metas de vacunación en función de parámetros objetivos. Por ejemplo, se desconoce el dato de qué porcentaje de población objetivo representó cada provincia en la distribución, dato que haría más correcto el análisis.

El informe, coordinado por Alejandra Bauer, coordinadora de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG, puso en cuestionamiento la falta de información pública relativa a la composición de la población objetivo de cada provincia, lo que impide evaluar si las diferencias entre jurisdicciones subnacionales responden a criterios objetivos o si la distribución se realizó a discreción de las autoridades sanitarias.

A través de un pedido de acceso a la información -ya que los datos no se encontraban abiertamente disponibles-, la organización encontró que hay provincias que recibieron más vacunas por habitante que otras.

A abril de 2022 -según datos publicados en el especial interactivo-, el promedio de vacunas por habitante recibidas por provincia fue 2,3, pero Formosa (2,9) y Catamarca (2,7) recibieron más vacunas por habitante que el promedio nacional, mientras que Jujuy (2,2), Misiones (2,2), Chubut (2,2) y Salta (2) lo hicieron por debajo.

Por otro lado, Poder Ciudadano tampoco recibió información por parte del Estado nacional sobre los criterios utilizados para repartir de forma distinta las dosis de los diferentes laboratorios entre las provincias. Mientras que el promedio nacional fue de 0,45 dosis de vacunas Pfizer, Santiago del Estero recibió 0,32 dosis por habitante, mientras que Ciudad de Buenos Aires, San Luis y La Pampa lo hicieron en 0,52 dosis por habitante.

Santa Cruz y Neuquén recibieron 1 dosis de Sputnik cada 2 habitantes, posicionándose como las principales jurisdicciones receptoras de vacunas de este laboratorio y La Pampa y Catamarca son las provincias que mayor cantidad de vacunas Sinopharm por habitante recibieron. En tanto, Formosa fue la que más dosis de AstraZeneca por habitante recibió.

“Además de la falta de transparencia, los pocos criterios que se anuncian no son claros, son cambiantes y sus cambios no son anunciados. Se entiende que ante la emergencia y la necesidad de satisfacer demandas tan urgentes se improvise, pero el problema no fue solo la falta de planificación, sino la falta de transparencia de los criterios utilizados”, señaló Bauer en diálogo con Chequeado.

En la misma línea, la organización señala que la documentación relativa a la distribución de vacunas contra el COVID-19 entre las distintas provincias no incluye el número de expediente correspondiente al contrato de adquisición de los lotes despachados, lo que imposibilita de manera explícita su trazabilidad -es decir, los pasos necesarios para seguir el camino de la distribución de las vacunas-.

“No hay una manera de vincular la información de la llegada al país de las vacunas con su distribución entre las provincias, no hay un elemento en común entre ambos procesos. Esto nos impide saber qué pasó con las vacunas desde que llegaron al país hasta que Nación las mandó a cada provincia”, agregó Bauer.

Las vacunas más costosas: Moderna, Sinopharm y Cansino

Si se analiza por precio unitario, la vacuna más costosa es la de Moderna, con un precio de US$ 22; a la que le sigue la de Sinopharm, con un costo de US$ 20; y la del laboratorio Cansino, con un precio de US$ 17. Por el contrario, las más baratas son las de Sputnik (US$ 13), Pfizer (US$ 12) y AstraZeneca (US$ 4,1).

La información surge de los datos publicados oficialmente por el Ministerio de Salud nacional y analizados por Poder Ciudadano, y son a febrero de 2022.

La mayor cantidad de vacunas recibidas en el país fueron las del laboratorio Sinopharm, con 32,4 millones de dosis; AstraZeneca, con 27,3 millones; y Pfizer, con 21,8 millones. En el ranking le siguen Sputnik, con 19,6 millones. Moderna y Cansino fueron los laboratorios de los cuales Argentina recibió menos dosis: 8,02 millones y 1,5 millones, respectivamente.

Poder Ciudadano también analizó el nivel de cumplimiento de los contratos firmados con las compañías farmacéuticas. Aquellos laboratorios proveedores de vacunas contra el COVID-19 que entregaron las dosis fuera del plazo establecido fueron AstraZeneca UK Limited, Beijing Institute of Biological Products (Sinopharm), Laboratorios Richmond (Sputnik V) y Limited Liability Company Human Vaccine (Sputnik V).

Inicialmente, Poder Ciudadano solicitó, a través de un pedido de acceso a la información, conocer los contratos celebrados por el Estado argentino con los distintos laboratorios proveedores de vacunas contra el COVID-19. Pero el Ministerio de Salud nacional rechazó el pedido amparándose en la “confidencialidad” de algunas cláusulas de los contratos, autorizado por la Ley 27.573 sancionada en 2020.

Además, la organización solicitó copias de las actuaciones de cada una de las áreas intervinientes en el proceso de compras de vacunas contra el COVID-19, en cada uno de los expedientes identificados, pero el Ministerio de Salud de la Nación envió respuestas que contaban con obstáculos tanto formales como materiales para acceder a los datos, como tachaduras en gran parte de la información, según detalla el informe de Poder Ciudadano.

“Nos llama la atención, no solo un actitud opaca del gobierno, que no quiere publicar los contratos, sino que nos preocupa además de que hay una mala gestión de la información”, señaló Bauer.

Recomendaciones para la transparencia y rendición de cuentas

En base a los hallazgos, Poder Ciudadano realizó una serie de recomendaciones para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado nacional. Entre ellas se destacan garantizar el efectivo acceso a la documentación en portales oficiales y adoptar una postura activa respecto a la transparencia de la información, sin necesidad de actuar en respuesta a la presentación de solicitudes formales por parte de la ciudadanía o la sociedad civil.

Además, recomienda, en caso de ser necesario el uso de tachaduras al entregar la información, tener presente el principio de disociación y la obligación de entrega parcial de la información.