El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la actividad de Revolución Federal: qué investiga la Justicia en cada expediente

Ya pasaron 3 meses desde aquel 1° de septiembre en el que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de un atentado en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta. Desde entonces, la Justicia federal investiga a los responsables de ese hecho. En otro juzgado federal porteño, además, tramita una causa en la que se investiga a la organización “Revolución Federal”.

En esta nota, que iremos actualizando, repasamos qué se investiga en cada uno de los expedientes y cómo avanzó la Justicia hasta ahora.

La investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

Desde el momento del hecho, la causa tramita en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Esa noche fue detenido Fernando Sabag Montiel, identificado como la persona que intentó dispararle a la vicepresidenta y ex presidenta de la Nación. Dos semanas después fue procesado con prisión preventiva y al día de hoy continúa detenido. El mismo día fue procesada con prisión preventiva su novia, Brenda Uliarte. 

A los 2 se los procesó por tentativa de homicidio calificado, en calidad de coautores, y otros delitos menores. En la investigación se probó que Sabag Montiel apuntó a corta distancia hacia el rostro de la vicepresidenta con una pistola semiautomática calibre .32, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración “25037”, y accionó la cola del disparador en, al menos, una ocasión, sin que se produjera el disparo. 

También fueron procesados con prisión preventiva como partícipes secundarios del mismo delito Nicolás Carrizo y Agustina Díaz. Carrizo es el líder de este grupo de supuestos vendedores de algodones de azúcar y, según consta en la investigación, en la planificación del atentado él aportó un arma, que luego no fue utilizada. Díaz es la amiga de Uliarte que, tras el atentado, le recomendó borrar toda la información de su teléfono celular.

A fines de octubre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Uliarte y de Carrizo. En el caso de Sabag Montiel no lo hizo, ya que su procesamiento no fue apelado. Respecto de Díaz, la Sala I dispuso revocar su procesamiento, dictó la falta de mérito y ordenó su liberación. Hasta el momento, no hay ningún otro imputado en el expediente, según confirmaron a Chequeado desde el Ministerio Público Fiscal.

La Cámara, además, le ordenó a Capuchetti hace 2 semanas que elevara la causa a juicio respecto de los imputados que ya tuvieran resueltas sus situaciones procesales (Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo) y que profundizara la investigación “en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de las agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández”.

Hace 2 semanas la defensa de la vicepresidenta, que lleva adelante el abogado José Manuel Ubeira, presentó un pedido de recusación contra Capuchetti. El escrito cuestiona varios aspectos de la investigación, pero el discurso del oficialismo se centró en uno de ellos: la presunta participación en la planificación del atentado del diputado nacional Gerardo Milman (PRO).

Esto se origina en la declaración testimonial de Jorge Abello, asesor del oficialismo en la Cámara baja, quien declaró haber visto a Milman el 30 de agosto (2 días antes del atentado) en el bar Casablanca, donde presuntamente allí le habría dicho a 2 mujeres “cuando la maten voy a estar camino a la Costa” atlántica. La Justicia probó que Milman estuvo ese día en ese bar y que viajó a la Costa, pero no que haya dicho lo que le atribuye el asesor de Marcos Cleri, diputado nacional del Frente de Todos por Santa Fe.

Desde la Fiscalía que interviene en la investigación, a cargo de Carlos Rívolo, señalaron a este medio que Milman no está imputado y que las únicas medidas que se tomaron sobre esta línea de investigación fueron las declaraciones testimoniales de las 2 mujeres que estaban con Milman y la revisión de las cámaras de seguridad del bar.

Por otra parte, el pedido de recusación presentado por Ubeira fue rechazado por Capuchetti y por la Cámara Federal. Sin embargo, la magistrada decidió delegar la investigación en el fiscal Rívolo, algo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación.

Causa “Revolución Federal”

Este otro expediente tramita en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien remitió la causa al juzgado de Capuchetti por presunta conexidad con la causa del atentado. Esto fue rechazado por la magistrada, quien señaló que los hechos denunciados ante el juzgado de Martínez de Giorgi “se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas en la causa” por el atentado. Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña, respaldó la postura de la jueza.

En esta causa se investiga a personas pertenecientes a una agrupación llamada “Revolución Federal”, que desde mayo de 2022 “llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, según señaló Gerardo Pollicita, fiscal de la causa, en un dictamen emitido el 18 de octubre último, en el que solicitó la detención de Jonathan Morel, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, integrantes de la agrupación.

El dictamen lista una serie de hechos que prueban, según el fiscal, que estas personas “alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión”. Estas personas fueron detenidas entre el 20 y el 21 de octubre, pero 10 días después la Cámara Federal ordenó la libertad de todos ellos ya que, a consideración del tribunal, no existían riesgos procesales que justificaran la detención.

El 3 de noviembre último, los 4 integrantes fueron procesados por Martínez de Giorgi por el delito tipificado en el artículo 213 bis del Código Penal de la Nación, que prevé penas para quien “organizare o tomare parte en agrupaciones (…) que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

El dictamen de Pollicita además menciona un aspecto que despertó suspicacias y fue ampliamente difundido en diversos medios. La Unidad de Información Financiera (UIF) señaló la existencia de transferencias realizadas por los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara del Sur”, administrados en calidad de fiduciario por “Caputo Hermanos”, entre enero y agosto de 2022, por cerca de $ 6,5 millones, destinadas a cuentas bancarias de Morel; de Ailen Vallero, quien sería empleada de la carpintería de Morel; y de Evelyn Balboa, quien sería ex pareja de Morel, según señala Pollicita.

La empresa, cuyos directores son Flavio y Hugo Caputo, hermanos del ex ministro de Finanzas Luis Caputo (Cambiemos), sostuvo que Morel fue contratado para 2 proyectos de carpintería “ya ejecutados y concluidos”. Flavio Caputo está imputado en este expediente, en el que la vicepresidenta fue aceptada como querellante.

“Caputo Hermanos SA no sabía nada de todo ello. Ni tenía por qué saberlo. Hizo todo lo que se hizo por un proyecto inmobiliario puntual, a través de un fideicomiso, con inversores, compradores, fiduciantes, etc”, señaló Caputo en un escrito presentado por su abogado ante el juez. Y agregó: “Se invirtió dinero, se construyó un edificio, se lo trasladó a Neuquén, allí se ‘armó’ y se amueblaron los 60 departamentos. Dentro de estas últimas tareas tuvo una participación parcial el señor Morel y personas de su confianza. Se pagó por ello, contra entrega de facturas, a través de transferencias bancarias y dinero en efectivo”.