La transparencia en la Provincia de Buenos Aires: dificultades para el acceso a la información pública

El acceso a la información pública es una herramienta fundamental para los ciudadanos. A nivel nacional, está regulado por la Ley 27.275, que aprobó el Congreso en 2016, durante la gestión de Cambiemos. En el ámbito provincial, el acceso a la información y la transparencia dependen de las regulaciones de cada jurisdicción.

¿Qué dificultades existen para el pleno ejercicio de este derecho en la Provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada del país? Hay mucho por hacer.

Presupuesto: datos con poca actualización

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires publica en su sitio web la ley de presupuesto, el mensaje y las planillas anexas, con un agregado de proyectos por municipio.

Sin embargo, la primera dificultad se encuentra en la búsqueda de la ejecución de ese presupuesto. Esta información está disponible en 2 fuentes distintas: el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Contaduría General de la Nación. Pero, en ambos casos, la información más reciente corresponde al segundo trimestre de 2022. Esto quiere decir que, como ocurrió en años anteriores, en la Provincia hay que esperar varios meses para saber cómo culmina la ejecución del presupuesto el año que terminó.

Para entablar una comparación, a nivel nacional existe un sitio de presupuesto abierto, en el que se puede hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria de forma diaria.

Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Directorio Legislativo realizaron un informe sobre integridad y transparencia en la Provincia de Buenos Aires e indicaron que la información de la Contaduría cuenta “con un mayor nivel de detalle”, aunque “se publica con una actualización de algunos meses, por lo que no permite un seguimiento simultáneo de la ejecución presupuestaria”. 

El informe agrega: “En cualquiera de estos casos, la forma en la que se publica la información dificulta las posibilidades de acceder a información desagregada que habilite un análisis comprehensivo de todo el ciclo presupuestario y que sea a la vez accesible para toda la ciudadanía. Estos documentos, además de estar poco difundidos, contienen información con un variado nivel de detalle, que a veces no permite comprender las asignaciones presupuestarias, la forma en que fueron devengadas y su ulterior ejecución”.

En el sitio de datos abiertos de la Provincia, la última información presupuestaria corresponde a 2018. En la Ciudad de Buenos Aires tampoco hay un sitio que permita hacer un seguimiento en tiempo real de la ejecución presupuestaria, pero en el sitio de datos abiertos porteño los datos de ejecución presupuestaria están actualizados hasta el tercer trimestre de 2022.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publica anualmente un Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial. En la última publicación, con datos de 2021, la Provincia de Buenos Aires quedó en el puesto 14 del ranking, con un puntaje propio superior al de 2020 (en ambos casos, con Axel Kicillof -Frente de Todos- como gobernador), pero aún por debajo que lo que había registrado en todo el período 2014-2019, durante el final del gobierno de Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y la gestión de María Eugenia Vidal (Cambiemos). Esto supone que la actual gestión retrocedió en términos de acceso a la información y transparencia.

Acceso a la información pública

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que los ciudadanos gozan del derecho a “la información y la comunicación”. La regulación de este derecho está contemplado en 2 normas: la Ley 12.475, de 2000, y su Decreto reglamentario N° 2549/04. Este marco legal no cumple con los estándares internacionales de acceso a la información, según señalan especialistas de Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo.

En primer lugar, el decreto reglamentario excluye al Poder Legislativo y al Judicial del cumplimiento de la ley de acceso. Sólo están incluidos el Poder Ejecutivo y las empresas públicas provinciales.

Un informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el organismo que regula este derecho a nivel nacional, ubica a la Provincia de Buenos Aires en el grupo de jurisdicciones que “no tienen un marco legal con presunción a favor del derecho debido a que el solicitante debe demostrar un interés legítimo y/o la solicitud debe estar fundada”. El documento oficial ubicaba en 2019 a la jurisdicción bonaerense entre las 9 provincias peor puntuadas del país respecto a la calidad del acceso a la información, sólo mejor que Río Negro, Santiago del Estero, Corrientes, La Pampa, San Juan, La Rioja, Tucumán y Formosa.

El informe de Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo califica a la norma como “sumamente restrictiva en su alcance y no responde al principio de informalismo a favor del administrado”.

Agrega que, “en la práctica, la falta de respuesta ante una solicitud de información es estructural”, y concluye: “Existen problemas graves en las respuestas a las solicitudes, que incluyen las respuestas incompletas, tardías, de mala calidad, y la falta total de respuestas, sin visos de razonabilidad para el incumplimiento, ni un sistema de sanciones que pueda disuadir a los organismos a denegar información”.

En los últimos meses, Chequeado realizó diversos pedidos de acceso a la información a distintas áreas del estado provincial.

En un caso, se solicitó información sobre los vacunatorios de la Provincia y nunca se obtuvo respuesta. Por otro lado, a principios de enero de 2023 se solicitó información sobre presupuesto en programas de salud sexual y reproductiva, para el que tampoco se obtuvo respuesta hasta el momento. También se solicitó información sobre la producción de residuos sólidos urbanos por municipio. En este caso, este medio obtuvo respuesta, pero resultó incompleta.

Declaraciones juradas de funcionarios

La Provincia no cuenta con una ley de ética pública. El gobernador Kicillof envió un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense en noviembre de 2022. Según se informó oficialmente a este medio, de la redacción participaron 12 universidades públicas; 7 organizaciones de la sociedad civil; 10 colegios profesionales; asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales; representantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Provincial y Municipios.

Si bien aún no hay ley de ética pública, durante el gobierno de Vidal se aprobó una ley de declaraciones juradas patrimoniales: hasta ese momento estas presentaciones no eran públicas.

La ley alcanza a los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo: desde entonces, las declaraciones juradas están disponibles en la web del Ministerio de Justicia, en el caso del Ejecutivo, y en los sitios de cada cámara de la Legislatura para los legisladores provinciales. La ley, sin embargo, no afecta al Poder Judicial.

Según explicaron a Chequeado desde la Subsecretaría de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia provincial, en la actual gestión se adoptó un nuevo régimen de presentación de las declaraciones juradas, diseñado junto con la AFIP, que, además, universaliza el sistema al permitir que los 135 municipios de la Provincia puedan utilizarlo. Hasta ahora, 9 municipios han firmado convenios de adhesión al sistema, aunque sólo 3 ya lo tienen activo: Mercedes, Suipacha y Carmen de Areco.

La situación del Poder Judicial bonaerense

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales. El formulario de presentación tiene un espacio “sintético” y un apartado “reservado”, que está excluido del régimen de publicidad. Toda persona tiene derecho a solicitar las declaraciones patrimoniales completando el formulario de consulta.

“Sin embargo, la norma añade un elemento más que obstaculiza innecesariamente el acceso a la información (por sobre la ausencia de un deber de publicar proactivamente las declaraciones), al disponer que para rellenar el formulario de consulta se requiere la identificación mediante firma digital, lo que en los hechos excluye a la generalidad de la población -que no está obligada a poseer firma digital-”, explica un informe del Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC).

El informe también cuestiona la falta de transparencia en la publicación de sentencias: “A la fecha, se hallan disponibles para su consulta las decisiones emanadas de la Suprema Corte y una selección de sentencias dictadas por las Cámaras de Apelaciones. Dicha selección excluye importantes decisiones de segunda instancia, y prácticamente todas las sentencias dictadas por juzgados de primera instancia”.

Chequeado consultó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre estos 2 aspectos, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.