Las razones por las que la educación es obligatoria en la Argentina

El 7 de abril último, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Alberto “Bertie” Benegas Lynch, dijo en una entrevista con la periodista Romina Manguel, para FM Milenium: “No creo en la obligatoriedad de la educación”. 

Y agregó: “Vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar, y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre trabajando”. ¿Cómo va a ser el Estado quien decida sobre el chico?”. 

Con respecto a estas declaraciones, el presidente de la Nación, Javier Milei, señaló en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino el 8 de abril último que no estaba de acuerdo con los dichos de Benegas Lynch. Sin embargo, en más de una oportunidad Milei afirmó estar en contra de la obligatoriedad de la educación. 

A raíz de estos dichos, varios especialistas, políticos y hasta funcionarios oficialistas salieron a responderle a Benegas Lynch. Entre estos últimos, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación -ministerio del que depende la Secretaría de Educación-, señaló en su cuenta personal de Instagram: “La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación”. 

En esta nota, desde Chequeado te contamos por qué la educación es obligatoria en la Argentina. 

La educación es un derecho garantizado por la Constitución nacional

La educación es un derecho establecido en la Constitución nacional en su artículo 14, en donde se explicita que todos los habitantes de la Nación poseen el derecho “de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

Además, la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, establece, entre otros puntos, que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

En ese sentido, la norma explicita que “el Estado nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias”.

La idea de la educación como un derecho aparece a fines del siglo XIX, con la promulgación de la Ley 1420 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria. 

“Es considerada la ley educativa más importante, por lo menos hasta muy avanzado el siglo XX, porque estableció la idea de que todos los ciudadanos, fuera quien fuera, todos los niños de esta país, hombres y mujeres, nativos, inmigrantes, rurales o urbanos, pobres o ricos, debían concurrir a la misma escuela, en igualdad de condiciones, aprender lo mismo, para formarse como ciudadanos y poder ejercer sus derechos”, explicó el doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Pineau, profesor titular regular de la cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana (UBA) y de la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta” de la Ciudad de Buenos Aires.

En nuestro país, la educación, en efecto, es obligatoria desde los 4 años hasta completar el nivel secundario.

A nivel internacional, la legislación también avala la educación obligatoria

“La educación es en sí misma un derecho emancipador y uno de los instrumentos más potentes que permite que los niños y los adultos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar plenamente en la sociedad”, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La obligatoriedad en la educación no se da sólo en la Argentina, sino que es un derecho humano fundamental y está ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos (acá y acá).

Además, en 1989, se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. “Cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debería ser gratuita. La educación secundaria y superior deben estar al alcance de todos los niños”, señala el apartado 28, dedicado a la educación. 

La Argentina ratificó la Convención en 1990 y 4 años después le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. Desde entonces, el Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.

“La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades. El acceso a la educación es una condición esencial para el acceso pleno a la ciudadanía de todos los niños, niñas y adolescentes”, destacó en este documento la filial local de Unicef. Y posteó en X: “Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices”, tuiteó y agregó el posteo con el que a esa hora cada quién respondía en las redes “#DerechoALaEducacion”. 

Mayor analfabetismo en los países donde la educación no es obligatoria

“El mundo entiende que la educación debe ser obligatoria (salvo Bután, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, donde no lo es)”, señaló en su cuenta de X Germán Lodola, ex secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), doctor en Ciencias Políticas e investigador adjunto del Conicet.

En Papúa Guinea, la educación no es obligatoria. Según la ONG internacional Humanium (fundada en Suiza en 2008 y cuyo objetivo es defender los Derechos del Niño), en este país la educación es gratuita durante los 2 primeros años de primaria. Muchos niños, por lo tanto, tienen poco o nulo acceso a ella. En consecuencia, más del 30% de los jóvenes de 15 a 24 años son analfabetos.

Los niños que viven en regiones rurales están más afectados por la desescolarización. Menos del 50% de ellos van a la escuela y solo la mitad termina el ciclo de primaria. Las niñas son menos susceptibles de seguir una educación completa, víctimas especialmente de abusos sexuales en el colegio o en el camino al mismo.

En Bután, 1 de cada 10 niños no recibe educación. “Las familias más pobres eligen que sus hijos trabajen y generen un ingreso, antes de mandarlos al colegio donde serían económicamente inútiles”, explica Humanium en su informe sobre dicho país.

En cuanto a las Islas Salomón, el organismo internacional señala que “el hecho de que la educación no sea obligatoria supone que nunca ha existido una edad fija para la admisión y finalización de la educación primaria”.

Esto explica, según Humanium, que al menos entre el 20% y el 25% de los niños en edad escolar no haya recibido ninguna educación y que alrededor del 30% abandone el colegio antes de finalizar la educación primaria.

Y agregan: “Debido a la elevada tasa de abandono en la educación primaria y a la ausencia de una edad mínima para trabajar, los niños se encuentran en situaciones intolerables de explotación laboral”.

La obligatoriedad de la educación reposiciona el papel de las mujeres en el ámbito público y privado

Antes de la implementación de la Ley 1420, el papel de la mujer estaba relegado al espacio privado, la vida íntima de la familia, el cuidado de las hijas y los hijos. 

“Las mujeres de la elite social tenían acceso a educación y cultura, la que se impartía domésticamente con tutores, ya que protocolarmente tenían que ser excelentes acompañantes de los hombres; las que no, debían saber cocinar, bordar, criar hijas e hijos, atender al hombre, ser silenciosas y recatadas”, explicó Josefina Ganuza, profesora en Letras, docente de la cátedra Lengua y Literatura. 

Y Ganuza agregó que la Ley 1420 fue un factor importante en el reposicionamiento de la mujer en el espacio público porque habilitó el acceso a la educación de manera universal, laica, gratuita: “Hasta su promulgación, sólo accedían al conocimiento los varones de clases acomodadas”. 

Como explicó Chequeado en esta nota, la brecha de género en la educación aún está presente. Según datos del Banco Mundial de 2018 (los últimos disponibles), a nivel mundial el 90% de las niñas completan actualmente la escuela primaria, pero sólo el 75% completa la educación secundaria inferior. 

En los países de bajos ingresos, la situación es menos alentadora: menos del 67% de las niñas completan su educación primaria y sólo el 33% completa la escuela secundaria inferior. “Los ingresos y el género se combinan para obtener un resultado aplastante”, concluye el organismo internacional 

El Banco Mundial calcula que esta falta de educación de las niñas le cuesta a la economía mundial hasta 30 billones de dólares en pérdida de ingresos y productividad. También tiene un alto costo para su salud y bienestar. 

A nivel mundial, las mujeres con educación secundaria ganan el doble que las mujeres sin educación. La educación no sólo reduce la brecha salarial con los hombres, sino que también aumenta su confianza en sí mismas y su poder de toma de decisiones en el hogar. 

La Unesco estima que si todas las niñas recibieran educación secundaria, habría una reducción del 64% en los matrimonios infantiles precoces y forzados, lo que aumenta en gran medida el riesgo de muerte durante el parto. Si todas las niñas completaran incluso la educación primaria, se estimaría que se evitarían anualmente 189 mil muertes maternas, una reducción de dos tercios.

Por último, un informe global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2019 señala que “a pesar de la creciente inversión en esfuerzos para reducir las brechas de género y empoderar a las mujeres en los últimos 25 años, al ritmo actual de progreso todavía se necesitarán más de 200 años para alcanzar el ODS 5, que es el equivalente a nueve generaciones”.