Causa de los seguros: qué se investiga en el expediente que involucra a Alberto Fernández

La Justicia federal investiga al ex presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado.

En las últimas horas, salieron a la luz chats privados, que forman parte de la causa, entre la secretaria privada del ex mandatario, María Cantero, y su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, presuntamente beneficiado con contrataciones en la gestión del Frente de Todos. 

En ese marco, se difundieron conversaciones de Cantero con Fabiola Yáñez, ex Primera dama, que dan cuenta de presuntos hechos de violencia de género por parte del ex presidente. Posteriormente, Yánez denunció ante la Justicia a Fernández por violencia de género.

Pero, ¿en qué consiste esta causa y en qué estado se encuentra? Te lo contamos en esta nota.

¿Cómo se originó este expediente?

La causa se inició a partir de 2 denuncias radicadas ante la Cámara Federal a fines de febrero de 2024: una fue presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra, por los diputados nacionales Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. En ambos escritos se hacía referencia a una nota publicada días atrás en Clarín por Ricardo Roa, director del diario, en la que se hacía referencia a una “caja negra” de la política en ANSES.

En la misma semana, el Ministerio de Capìtal Humano, bajo cuya órbita funciona la ANSES, presentó su propia denuncia.

¿Qué sostienen las denuncias?

El escrito presentado por los diputados de la Coalición Cívica indica que el Decreto 823/2021, dictado por Alberto Fernández, impuso la obligación a los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, sin posibilidad de que se contraten otros servicios mediante licitación pública.

“Aunque en el decreto se justificó esta medida como una excepción para favorecer a entidades públicas, en realidad resultó en la consolidación de un monopolio en el sector de seguros estatales, y facilitó la participación de empresas privadas como reaseguradoras y brokers intermediarios en operaciones poco transparentes”, señalaron López y Oliveto.

Con la nota de Clarín como fuente, la denuncia sostiene que durante la gestión del Frente de Todos la ANSES firmó un contrato con Nación Seguros SA por $ 20 mil millones. En ese marco, la aseguradora del Banco Nación “subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%”.

Y menciona algunos los brokers presuntamente beneficiados: Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura; Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART; y el mencionado Martínez Sosa.

Tanto esta denuncia como la de Silvina Martínez señalan, además, que el presidente de Nación Seguros SA era Alberto Pagliano, a quien le atribuyen ser amigo del ex presidente.

Las denuncias fueron unificadas en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.

El avance de la causa de los seguros

El fiscal federal Ramiro González, que en ese entonces subrogaba la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, impulsó la investigación y ordenó una serie de medidas de prueba, como solicitar a Nación Seguros SA que informe “la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021”. Desde ese momento, Alberto Fernández se encuentra imputado en el expediente. 

Una semana después, solicitó que se amplíe el período de investigación: desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023, es decir, durante toda la gestión de Fernández. También requirió que se le solicite a las compañías telefónicas las conversaciones de los actores que participaron en la autorización e intermediación de los seguros en cuestión “para revelar las relaciones interpersonales que rodearon los hechos investigados”.

Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y de otros involucrados en la causa. Esa inhibición fue revocada por la Cámara Federal porteña a principios de junio.

En ese fallo, el tribunal enumera las hipótesis de la fiscalía. “Se detectó que, en la relación entre cliente y operador del servicio (por regla, estatales ambos), apareció la repetida participación de personas y empresas de la actividad privada, operando como ‘intermediarias’ y ‘organizadoras’. Las averiguaciones efectuadas llevaron a inferir que aquellas cobraron comisiones de altos porcentajes, que excederían a los comúnmente percibidos en el mercado. Las sumas en cuestión son millonarias”, sostiene el fallo.

Agrega que las empresas investigadas percibieron de Nación Seguros SA, en conjunto, un total de $ 2.782.170.946 en concepto de comisiones durante el período investigado. “Participaron en un porcentaje mayoritario (más del 80%) de los seguros contratados por los entes estatales como consecuencia del Decreto dictado por el Presidente Alberto Fernández”.

Ercolini fue recusado por la defensa del ex presidente, entre otros motivos, por la relación personal que mantuvo con el juez en el ámbito académico y las “situaciones de amistad y enemistad que se habrían presentado entre ambos”.

Como Presidente de la Nación, Fernández impulsó una investigación penal y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el magistrado por haber participado de un viaje a Lago Escondido junto a jueces, fiscales, funcionarios y empresarios. Ercolini y la Cámara Federal rechazaron la recusación, que ahora debe ser analizada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La difusión de los chats de los imputados

El 2 de agosto Infobae dio a conocer la pericia judicial sobre el teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández y esposa de Martínez Sosa. La nota concluye, a partir de los chats, que Cantero y Martínez Sosa trabajaron en conjunto para obtener contratos con diversos organismos públicos.

En uno de los diálogos, Cantero le comenta al entonces presidente que “están sacándole Cancillería” a su esposo y están nombrando “otro productor”. Fernández, según los chats filtrados, respondió “ya me ocupo”.

Por otro lado, Clarín dio a conocer que en el celular de Cantero había diálogos con Fabiola Yánez, ex Primera dama, que daban cuenta de presuntos actos de violencia de género por parte de Fernández contra Yáñez. Juan Pablo Fioribello, abogado de Yáñez, reconoció la existencia de esos chats, señaló que el juez Ercolini lo notificó y le ofreció hacer una denuncia penal pero Yáñez no quiso.

“Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica”, señaló Fioribello, y agregó que tanto Fernández como Yáñez le reconocieron que hubo una “fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes”.

Según el artículo 72 del Código Penal, algunos delitos, como las lesiones leves, son de instancia privada. Es decir que no se puede iniciar un expediente de oficio, sino que tiene que existir un impulso del denunciante.

Tras la difusión del caso, la ex Primera dama, denunció por violencia de género a Fernández. Lo hizo mediante Zoom ante Ercolini desde Madrid (España), donde reside.

Ante la presentación judicial, el magistrado le prohibió la salida del país al ex mandatario y ordenó de inmediato medidas de “restricción” y “protección” para que los presuntos hechos a los que aludió Yáñez no se repitan.

Por su parte, Fernández señaló en un comunicado publicado en X: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa”.

Actualización 06/07/2024 a las 20:50 hs; se actualizó la nota tras la denuncia presentada por Fabiola Yáñez ante la Justicia.