La denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género: qué dice el dictamen del fiscal y qué significa que Alberto Fernández esté imputado

El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente Alberto Fernández (Frente de Todos) en la causa iniciada a partir de la denuncia por violencia de género realizada por la ex Primera dama, Fabiola Yáñez. El dictamen enumera una serie de hechos puntuales y acusa al ex presidente por los delitos de lesiones “leves y graves, doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”.

En esta nota, te contamos qué implica una imputación y qué dice el dictamen del fiscal.

¿Qué quiere decir que Alberto Fernández esté imputado?

La imputación es uno de los primeros pasos de una investigación judicial. El artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación establece que, cuando un juez recibe una denuncia, debe transmitirla inmediatamente al fiscal asignado al caso.

Ante ese escenario, el fiscal, según el Código, tiene 24 horas para elegir entre 3 opciones. En caso de que considere que lo denunciado puede configurar un delito, el fiscal impulsa la investigación e imputa al denunciado (es lo que se conoce como requerimiento de instrucción), como ocurrió con la denuncia de Yáñez. Si considera que lo denunciado no configura delito o que no se puede proceder, desestima la denuncia. La tercera opción es que remita la denuncia a otra jurisdicción, en caso de que así corresponda.

Tras el requerimiento fiscal (la imputación), el juez puede desestimar la denuncia cuando el hecho no constituya delito, aunque esa resolución es apelable por el fiscal y la querella (en este caso, la víctima).

Es decir que la imputación es sólo un primer paso para dar inicio a una investigación. Distinto es el caso de un procesamiento, que lo dicta un juez cuando ya reunió elementos suficientes para considerar que el imputado cometió un delito.

¿Qué hechos enumera el dictamen del fiscal?

El dictamen de Ramiro González se sostiene sobre la base de 9 hechos. En primer lugar, señala que en 2016 Fernández obligó a Yáñez a practicarse un aborto “a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’. Luego, “meses antes” del 12 de agosto de 2021, según el dictamen, Fernández sujetó del brazo a Yáñez y le provocó las lesiones que se observan en las imágenes que se filtraron en los últimos días.

En julio de 2021, sostiene González, Fernández, “luego de una discusión originada posiblemente por la denominada ‘fiesta de Olivos’, le propinó un golpe de puño en el ojo”. Luego, describe otra discusión ocurrida el 11 de agosto de 2021 en la que Fernández habría zamarreado a Yáñez de sus brazos y la habría tomado del cuello. Al día siguiente, según el dictamen, le propinó una patada en el vientre, “conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento”.

El sexto hecho enumerado describe un viaje de Yáñez a Brasil junto a Ayelén Mazzina, por entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad, en el que le mostró los golpes que había recibido, y la funcionaria no habría tomado ninguna medida al respecto.

Según el dictamen, durante el primer semestre de 2023 “con habitualidad Alberto Fernández golpeaba con la mano abierta” a Yáñez, quien luego decidió mudarse a la casa de huéspedes junto a su hijo y su madre.

El 28 de junio de 2024, detalla el fiscal, Yáñez recibió varios llamados y mensajes telefónicos en los que Fernández le pedía que lo atendiera y “terminemos con esto lo antes posible”. Y presuntas advertencias del abogado Juan Pablo Fioribello para que no haga la denuncia “dado que si lo hacía iban a decir cosas sobre ella”. Por último, señala que Yáñez en las últimas semanas recibió amenazas de Fernández y de terceros. “Entre ellas, el mensaje o llamada diciendo que Alberto Fernández había muerto”, dijo.

¿Qué delitos le imputa el fiscal a Alberto Fernández?

Ramiro González consideró que los hechos relatados en la denuncia de Yáñez podrían encuadrar en los delitos de “lesiones leves y graves, doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”.

El delito de lesiones leves, con el agravante de ser cometido en un contexto de violencia de género, tiene una pena de 6 meses a 2 años, y el de lesiones graves, con el mismo agravante, de 3 a 10 años. Por su parte, el delito de amenazas coactivas tiene una pena de 2 a 4 años de prisión.

¿Qué medidas solicitó el fiscal?

Ramiro González solicitó que se le tome declaración testimonial a Miriam Yáñez Verdugo (madre de Yáñez), Daniel Rodríguez (ex intendente de la Quinta de Olivos), Sofía Pacchi (ex amiga de Yáñez), Federico Saavedra (miembro de la Unidad Médica Presidencial), María Cantero (secretaria de Fernández) y Alicia Barrios, periodista y a quien Yañez describió como “una excelente mujer que sabía lo que yo estaba viviendo”.

También solicitó las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, el registro de los ingresos de Federico Saavedra, la nómina del personal doméstico del chalet y la casa de huéspedes de la Quinta, las constancias de atención a Yáñez de la Unidad Médica Presidencial, la historia clínica de Yáñez de 2016 y 2017, los acompañantes de Yañez en su viaje a Brasil e información sobre las líneas telefónicas de los involucrados, entre otras medidas.