Cómo se define el terrorismo

La ley antiterrorista aprobada esta semana en el Congreso generó debate por la amplitud en la definición de terrorismo. La modificación al Código Penal establece que, cuando algún delito “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población” la pena prevista se incrementará al doble. Lo mismo ocurre si “la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.”

La definición reemplaza una bastante más acotada, establecida en la ley de 2007, que limitaba el terrorismo a grupos que tuviesen un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; estuviesen organizados en redes operativas internacionales y tuviesen armas o algún medio para poner en peligro la vida “de un número indeterminado de personas.”

La amplia delimitación del terrorismo prevista en la nueva ley generó críticas de numerosas organizaciones sociales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes observaron que podría alcanzar también a las protestas sociales. Roberto Gargarella, profesor de derecho constitucional, manifestó también sus reservas acerca de la laxitud de la calificación de “terrorista” prevista en la norma. El proyecto fue modificado, para incluir una aclaración: las penas extraordinarias  no se aplicarán “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

La ley sigue presentando serios problemas para Eleonora Rabinovich, directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC): “No impide que se abran los procesos penales, y será el imputado el que después tendrá que probar que estaba ejerciendo un derecho constitucional.” Habría una posibilidad de criminalizar la protesta social, puesto que “los jueces serán quienes implementen esta ley y quienes decidan cuándo se está ejerciendo un derecho constitucional”, concluyó la abogada.

La definición que se aplica es objeto de debate en muchos países. De hecho la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha podido todavía definir de manera oficial el terrorismo por no poder llegar a un acuerdo entre todos los miembros.

La Unión Europea sí lo definió en 2002 de la siguiente manera: “Intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. El texto luego delimita las acciones que serán consideradas terrorismo, las que incluyen: atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; secuestro o toma de rehenes; destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas y otras acciones específicas.

En Estados Unidos la ley establece que los actos de terrorismo son aquellos que buscan intimidar o coaccionar a la población civil, influir en las políticas de un gobierno por intimidación o coerción, afectar la conducta de un gobierno con destrucción masiva, asesinatos o secuestros.

China aprobó hace dos meses una definición que cataloga como terroristas los actos “destinados a provocar el temor público, poner en riesgo la seguridad pública o a coaccionar a órganos estatales u organizaciones internacionales por medio de la violencia, sabotaje, amenazas u otras tácticas. Estos actos causan o están destinados a causar un daño severo a la sociedad al provocar víctimas, generar grandes pérdidas económicas, dañar instalaciones públicas o alterar el orden social.”

En la región, Chile tiene una ley que puede triplicar las penas de un delito si se considera terrorismo. Ha sido aplicada a la hora de juzgar delitos cometidos durante protestas de grupos mapuches. Para la norma legal, constituyen actos terroristas todos aquellos se cometan “con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos” por tratarse de “un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.” También será considerado terrorismo cuando “ el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.” Brasil, por su lado, no tiene legislación específica sobre el tema.

La discusión sobre las leyes antiterroristas y su impacto sobre los derechos humanos no es exclusiva de la Argentina. Un estudio sobre las consecuencias de las leyes antiterroristas realizado por la Comisión Internacional de Juristas (un organismo dedicado a supervisar el respeto de la ley en el mundo) detalló los problemas, luego de realizar audiencias en más de 40 países. Tras de aclarar la importancia de que los Estados combatan el terrorismo, subraya los problemas de estas leyes, entre ellos que “las definiciones amplias de la legislación antiterrorista limitan las libertades fundamentales de expresión, opinión y reunión.”