Eliminación de las PASO, financiamiento de las campañas y funcionamiento de los partidos: las claves de las reformas electorales que impulsa el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto para reformar varios aspectos del sistema electoral de cara a las próximas elecciones.

“El Gobierno nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocido como PASO; modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos”, señaló el vocero.

Cabe recordar que en octubre último, la Cámara de Diputados convirtió en ley la Boleta Única de Papel, un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. En esta nota, las claves de los anuncios del Gobierno.

¿Qué son las PASO y por qué el Gobierno busca eliminarlas?

Las PASO fueron creadas por ley en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) y se realizaron por primera vez en 2011.

Son elecciones primarias (es decir, no para elegir presidente, diputados y senadores sino para definir quiénes serán los candidatos a estos cargos); son abiertas, porque cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que quiera, sin necesidad de estar afiliado; son simultáneas porque se realizan el mismo día; y son obligatorias, porque todos los ciudadanos empadronados tienen el mismo deber de votar que en una elección general.

Se realizan 2 meses y medio antes de cada elección general y sirven para definir por el voto popular una candidatura presidencial cuando un frente electoral tiene 2 o más aspirantes, o una lista de senadores o diputados, cuando hay más de una lista.

De todas formas, las PASO se realizan obligatoriamente, aunque no haya competencia interna, es decir, que haya un solo postulante en un frente electoral, ya que para competir en las elecciones generales es requisito obtener en las PASO al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos del distrito, o a nivel nacional en caso de elecciones presidenciales.

El Gobierno anunció que el proyecto que presentará en el Parlamento prevé la eliminación de las PASO.

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos. Solo en 2023 tuvieron un costo de $ 45.445 millones (a valores históricos,  osea que en términos reales esto fue mucho más gravoso) y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado 3 veces”, señaló Adorni.

La reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, Adorni anunció que se busca “mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma, partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

Y dio algunos detalles del proyecto: “Para ser considerado un partido, las agrupaciones van a tener que cumplir con los siguientes requisitos: contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (antes esta cifra era del 0,4%); tener un piso mínimo del 3% de los votos en 2 elecciones consecutivas (esto va a significar un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones); en el caso de los partidos nacionales, van a tener que tener presencia en al menos 10 distritos, en lugar de las 5 jurisdicciones que se requieren hoy”.

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos fue sancionada en 1985, aunque luego tuvo varias reformas. La norma garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos y establece las condiciones para la existencia de los partidos, los requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política, y regulación acerca de cómo pueden ser nombrados los partidos, y dónde deben establecer su domicilio.

Además, determina cómo debe ser la organización y el funcionamiento de los partidos: sus cartas orgánicas, plataformas electorales, afiliaciones, elecciones partidarias internas, símbolos y emblemas, y administración del patrimonio y recursos. Adorni adelantó que las agrupaciones tendrán plazo hasta 2026 para adecuarse a la nueva norma, en caso de aprobarse. 

Reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Adorni anunció que el objetivo es “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”. Y detalló los cambios: “Aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios; la eliminación del financiamiento público para las campañas (quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales); la prohibición de hacer encuestas se va a reducir de 8 días a los 3 días anteriores de la elección; y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral”.

La ley actual establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas. Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría.

Por otra parte, existen los aportes privados, que también tienen límites y topes. Por ejemplo, en las elecciones de 2023 el monto máximo de aportes por persona humana o jurídica fue de $ 20 millones en las primarias, $ 40 millones en las generales y $ 20 millones en la segunda vuelta.

Pueden aportar a las campañas las personas físicas, las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas. Los aportes de empresas se habilitaron legalmente en la reforma de 2019. Por otro lado, no pueden aportar los organismos del Estado, los multilaterales, las empresas concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado, las que explotan juegos de azar, las asociaciones sindicales y profesionales, los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país.

En cuanto a las personas, no pueden aportar extranjeros sin residencia en el país, personas que exploten juegos de azar, o quienes estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria.

Como se explicó en esta nota, los especialistas señalan que aún existe un circuito informal de financiamiento de las campañas y que los partidos políticas subdeclaran sus ingresos.