El fin de la moratoria previsional: los 3 principales problemas del sistema jubilatorio argentino

La última moratoria previsional -que desde 2023 permitió jubilarse a personas que no cumplían con los 30 años de aportes obligatorios- llegó a su fin en marzo. En sus 2 años de vigencia, accedieron a la moratoria alrededor de 700 mil personas, lo que representa un 77% del total de altas jubilatorias en ese período, de acuerdo con datos de Chequeado elaborados en base al Boletín Estadístico de la Seguridad Social.

Actualmente, 6 de cada 10 jubilados (unas 4,3 millones de personas) obtuvieron su jubilación a través de una de las sucesivas moratorias que se implementaron en nuestro país desde 2004. 

En esta nota, analizamos las 3 principales  problemáticas del sistema jubilatorio argentino y contamos qué proponen los especialistas para preservar la alta cobertura del del régimen pero en el marco de un programa de mayor equidad y sostenibilidad fiscal.

3 dimensiones para analizar los principales problemas del sistema previsional argentino

De acuerdo con un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipecc), los resultados de los sistemas previsionales suelen medir sobre 3 dimensiones: la cobertura (esto es, qué porcentaje de la población adulta mayor recibe protección económica); la adecuación (es decir, cuán buena es esa protección) y la sostenibilidad (cuán cara es y cómo se financia).

En relación con el nivel de cobertura, los autores del informe, Manuel Mera -director de Protección Social de Cippec- y Rafael Rofman -investigador principal de esa área-, plantearon que el sistema argentino se mantuvo históricamente en niveles de coberturas razonables(entre el 70 u 80%), hasta que a mediados de la primera década de este siglo, la sanción de una serie de normas (conocidas como “moratorias”) facilitaron una rápida expansión hasta un nivel cercano a la cobertura universal (se estima en más del 90%).

No obstante, aclararon: “Que el buen resultado obtenido en los últimos años en relación a la cobertura se deba a la implementación de un mecanismo de emergencia es problemático. Las moratorias son parches temporales que pueden funcionar (como de hecho lo hicieron) para solucionar problemas en el corto plazo, pero difícilmente se los puede considerar como una reforma sostenible”. 

Y agregaron: “en la práctica, la aplicación de las sucesivas normas de moratoria previsional generó inequidades y costos innecesarios en el sistema que se podrían haber evitado de aprobarse una reforma integral y consistente”.

En cuanto a la calidad del sistema, el informe de Cippec establece que “en términos del poder sustitutivo de los haberes, el régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) promete, para un trabajador con ingresos promedio y 30 años de aportes, un haber inicial cercano al 55% del salario promedio de los trabajadores formales, pero con mucha heterogeneidad”. Es decir que, en promedio, las jubilaciones se ubican apenas por encima de la mitad de un salario medio. 

Sin embargo, los autores advierten que si ese mismo trabajador llega a la edad jubilatoria con 29 años de aportes “su haber inicial será de apenas un 18% del mismo salario promedio, es decir, un tercio de lo que recibiría con un año más de aportes”. Y resaltan que “ese monto sería similar a quien nunca hubiese realizado aportes al sistema”.

Rofman y Mera aseguran que “este serio problema de inequidad se potencia por la existencia casi 200 regímenes de excepción existentes, que concentran el 40% de los beneficios y suelen percibir ingresos mucho mayores que los del régimen general, pese a ser financiados en parte por el resto del sistema o por recursos del Tesoro de la Nación”.

En este sentido, Patricio Canalis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) destacó en diálogo con Chequeado que “el principal problema está en las reglas de juego del sistema previsional ya que -por la existencia de los regímenes especiales- sólo el 22% de los beneficiarios pertenecen al régimen general. Es decir, la excepción es la norma”. 

En referencia con la sostenibilidad, Rofman y Mera aseguran que “el país destina cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) a beneficios previsionales, con una población aún joven (un 12% de la población argentina tiene en la actualidad 65 años o más). Este nivel de gasto es cercano al doble del de países con niveles de envejecimiento comparable, como Israel, China, Costa Rica o Chile”.

En este sentido, el informe plantea: “La población adulta mayor (de 65 años y más) es cercana a los 5,5 millones. Si cada una de estas personas recibiese un beneficio mensual equivalente a lo que perciben en promedio los beneficiarios del régimen general ($ 381 mil al mes de septiembre de 2024), el costo mensual sería de $2,1 billones. La diferencia entre este valor y el gasto efectivo (cercano a $ 4,5 billones) es del 53%. En otras palabras, con los mismos recursos se podrían duplicar los beneficios actuales (o se podría generar un ahorro fiscal cercano a 4 puntos del PBI)”.

Las soluciones que proponen los expertos

El documento de Cippec propone un nuevo diseño del sistema previsional con 2 componentes: una nueva prestación básica, que provea un beneficio uniforme cercano a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) actual (25% del salario medio) a todos los residentes en el país a partir de una edad mínima, y una prestación proporcional a los aportes realizados por una persona.  

En este sentido, el aporte universal debería ser financiado con recursos de rentas generales (incluyendo impuestos laborales), mientras que el segundo se debería financiar fundamentalmente con los aportes de los trabajadores participantes. 

Por otro lado, los autores plantean 3 cambios en la edad jubilatoria: igualar las edades mínimas legales por género (hoy los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres, a los 60); generar incentivos y oportunidades para quienes prefieran posponer la jubilación; y establecer mecanismos de actualización de edad de retiro por aumento de la expectativa de vida. 

Además, los autores sugieren “suspender la creación de nuevos regímenes ( existen casi 200), mantener aquellos que sean indispensables bajo reglas claras de financiamiento, y avanzar hacia la integración de los restantes al esquema general, respetando y premiando los aportes adicionales que se hayan realizado”. 

En el documento, también se plantea la necesidad de ordenar el esquema de beneficios por invalidez y fallecimiento, que permite el otorgamiento de pensiones sin los controles necesarios y la duplicación de beneficios de jubilación y pensión, generando injusticias y costos fiscales excesivos.  

En el caso de las pensiones por invalidez, los autores sugieren un único esquema que incluya a las personas que realizaron aportes y a las que no; el acceso universal a beneficiarios temporarios o permanentes; y que el otorgamiento de la pensión cumpla todos los criterios médicos establecidos. También propone que el haber sea similar al de los jubilados por vejez. 

Por último, la propuesta de CIPPEC incluye la creación de un esquema de ahorro previsional voluntario, en el marco de la regulación de mercado de capitales y sistema financiero. Estos podrían ser de individuos, ofrecidos por las empresas a sus trabajadores o generados por grupos de trabajadores. 

Consultado sobre posibles soluciones, Canalis planteó que “una salida razonable sería eliminar el requisito de 30 años de aportes para abrir la posibilidad a un haber proporcional a los años aportados, sean estos 29, 10 o 5. Y fijar al mismo tiempo un piso que podría ser igual a la PUAM”. 

Y agregó: “otros desafíos no menos importantes son abordar la alta litigiosidad del sistema (hay alrededor de 200 mil juicios activos), repensar la doble cobertura que generan las pensiones derivadas por ejemplo, el beneficio que recibe una persona cuando fallece su cónyugue) e incluir ajustes por los cambios demográficos (aumento de expectativa de vida)”.