Manuel Tarricone

El monto informado implica un incremento del 221% respecto a lo declarado en diciembre de 2023, cuando reportó un patrimonio de $ 3,5 millones. Declaró un departamento con cochera en Vicente López, ahorros en pesos por casi $ 5 millones y una caja de ahorro con sólo US$ 76. El salto en el patrimonio se explica, en gran medida, por un aumento en la valuación de su departamento y un incremento de sus ahorros en pesos.

El canciller declaró en 2024 bienes por $ 92.056 millones, una cifra superior a la suma del patrimonio de todos los ministros que presentaron el detalle de sus bienes hasta el momento. Registró un aumento del 7,6% respecto de su anterior declaración jurada.

En dólares el aumento fue de más del 30%. No registró modificaciones en sus inmuebles, sus vehículos y sus tenencias en dólares, y una parte importante de ese salto se explica en un aumento en la valuación de bienes que ya tenía en su anterior presentación.

El Presidente utiliza una simulación de datos de enero de 2024 de la UCA que luego fue corregida a la baja y lo compara con proyecciones de 2025. Si se toman los últimos datos oficiales, entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2024, salieron de la pobreza casi 8 millones. Y si se compara contra el último trimestre de 2023, la baja es de alrededor de 3 millones.

Según datos oficiales, el ministro de Justicia es uno de los funcionarios más ricos del gabinete nacional: declaró en 2024 un patrimonio de $ 18 mil millones, un 47% más que en 2023. El grueso de su patrimonio está repartido en distintas cuentas en el exterior. Son casi US$ 14 millones distribuidos en depósitos bancarios en Estados Unidos, Suiza, Puerto Rico y Uruguay.

Es la estrategia de postular a funcionarios en ejercicio con popularidad o buena reputación y que difícilmente vayan a dejar su cargo en caso de ser electos. En los comicios del próximo 7 de septiembre se postulan funcionarios de distintos niveles de gobierno que deberían renunciar a sus cargos para asumir como legisladores. De lo contrario, constituiría una candidatura testimonial.

El lunes 21 de julio fue la fecha límite para la presentación de candidaturas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. En las listas de concejales del peronismo aparecen nombres involucrados en causas judiciales.

Fuerza Patria tiene a Gabriel Katopodis, ministro bonaerense, como cabeza de lista en la Primera Sección, a la vicegobernadora Verónica Magario en la Tercera y a Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, en la Segunda. La Libertad Avanza lleva en las listas a varios funcionarios nacionales y a 2 intendentes: Diego Valenzuela (Tres de Febrero), por la Primera Sección, y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), por la Quinta.

La Ministra de Seguridad ha respaldado frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado por la Justicia.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno inició el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA SA), la empresa estatal encargada de brindar agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La empresa fue estatizada en 2006 y fue declarada sujeta a privatización en la Ley Bases en 2024.

La miniserie biográfica sobre el ex presidente repasa alguno de los casos de corrupción que atravesaron su gobierno. Tras dejar la Casa Rosada, Menem estuvo preso, enfrentó 4 juicios orales y fue condenado en 3 ocasiones, pero ninguna condena quedó firme.

Los mandatarios aducen que las propuestas no afectan las cuentas públicas nacionales. El Gobierno rechaza el argumento pero dice que está dispuesto a negociar. Según un estudio del IARAF,  el costo fiscal nacional para 2025 del proyecto de los ATN rondaría los $ 0,4 billones de pesos, es decir, el 0,05% del PBI.

Dos fiscales dictaminaron que existieron diversas irregularidades en torno al vuelo, el equipaje y la tripulación. Al momento del control aduanero, se habilitó un carril especial que evitó que las valijas fueran sometidas al control del escáner.

En la Argentina hay diferencias entre ambas cámaras y también hay matices al interior del Senado. Con esas variables, los legisladores argentinos se ubican entre el 6º y el 14º puesto del ranking latinoamericano, con sueldos que van de los US$ 4.787 a los US$ 7.999.

La jueza de Nueva York Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar US$ 16 mil millones de indemnización al fondo Burford y otros demandantes, ordenó al país que entregue el 51% de las acciones de YPF para afrontar ese pago.