A 3 años de legalización del aborto, se registraron más de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público

El 30 de diciembre de 2023 se cumplieron 3 años de la sanción de la ley que legalizó el aborto. La norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (lo que se llama interrupción voluntaria del embarazo -IVE-) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante; en este caso la norma no estipula plazos.

¿Qué muestran los datos sobre aborto?

Entre enero y septiembre de 2023 (último mes con datos disponibles), se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado al Ministerio de Salud de la Nación. 

Si se suman los procedimientos registrados en los años que la ley estuvo vigente (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público. 

La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 34 cada mil mujeres, seguida por Salta, donde fue de 30,4. 

Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco y Misiones, con una tasa de 9,1 y 10,1 cada mil mujeres respectivamente.

Si se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, en primer lugar se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 96.994 IVE/ILEs (ver acá y acá). Esto se debe a que se trata de la jurisdicción con mayor cantidad de población de todo el país.

Vale aclarar que las estadísticas públicas sobre los abortos realizados en el país se basan en la cantidad de interrupciones informadas por los centros de salud públicos de cada provincia. Sin embargo, estos indicadores no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de la seguridad social (obras sociales) y en el sector privado (empresas de medicina prepaga).

Diversas organizaciones, como el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Amnistía Internacional Argentina, advirtieron sobre la falta de información pública que releve, a nivel nacional, cuántas IVE/ILE fueron garantizadas en el sector privado y las dificultades de cumplimiento del acceso a la práctica entre obras sociales y prepagas. 

Qué barreras existen en el acceso al aborto legal y seguro

En 2023, el Ministerio de Salud nacional intervino en 55 oportunidades frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a interrupciones voluntarias y legales de embarazos”. Estas fueron informadas a través de la línea telefónica de consultas por Salud Sexual (0800-222-3444).

Por otra parte, desde la sanción de la norma, se presentaron 37 demandas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. De ese total, el 62% fueron ante la Justicia federal, y el 38% ante juzgados provinciales.

Según consta en el análisis citado, la Justicia rechazó 26 demandas, 4 fueron archivadas y 7 se encuentran a la espera de un pronunciamiento judicial.

Para Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), explicó en esta nota que existen 2 grandes problemas a resolver: “Las inequidades en el acceso y la calidad en la atención”.

El informe “Es mucho más que un aborto” del Proyecto Mirar -una iniciativa del CEDES junto con Ibis Reproductive Health (organización global de investigación y defensa que promueve la autonomía, las opciones y la salud sexual y reproductiva en todo el mundo)- analiza el primer punto. 

“Las desigualdades territoriales para acceder al derecho aún persisten. Si se miden los servicios públicos disponibles por mujer en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán hay entre 3 y 4 servicios disponibles cada 100 mil mujeres. En cambio, en La Pampa, hay 48 servicios cada 100 mil mujeres”, señala. 

Ramos, además, destacó que en esta problemática también influye un “uso abusivo de la objeción de conciencia (N.de la R.: es la negativa a acatar órdenes, leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos), por fuera de lo que prevé la ley”, y a través de la cual no se respeta la obligación de brindar información adecuada y derivar a otros profesionales de la salud, como así también resguardar la confidencialidad de los pacientes.

En tanto, y en relación a la calidad de la atención, la especialista advirtió: “Todavía se siguen utilizando procedimientos cruentos como el legrado (N.de la R.: es una técnica ginecológica que consiste en raspar el tejido de las paredes internas del útero con el fin de extraer restos ovulares después de un aborto incompleto), que es una práctica poco segura y está desterrada de las guías de prácticas”.

Descenso de las muertes maternas por aborto

Las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021 (último dato disponible), según el Ministerio de Salud de la Nación. “La ley 27.610 de Acceso a la ILE/IVE generó condiciones para el acceso al aborto seguro y esto se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de implementación de la ley. La meta de mortalidad materna por aborto es cero, por lo cual es necesario seguir ampliando los equipos de salud que garantizan la práctica, continuar con la disponibilidad de medicación en el primer nivel de atención y mejorar la calidad de atención en el segundo trimestre y posaborto”, sostuvo la cartera sanitaria.

En este contexto, se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año.

“El sostenimiento del descenso de la fecundidad adolescente tardía se refuerza a partir de la estrategia de implementación de políticas públicas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, en especial de larga duración como el DIU y los implantes subdérmicos”, detallaron.