A 46 años del golpe de Estado, datos sobre el avance de los juicios de lesa humanidad

Hoy es 24 de marzo y, como cada año, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que fue instituido por ley del Congreso en 2002 en recuerdo de quienes resultaron víctimas de la última dictadura militar. A 46 años del golpe militar, repasamos datos y estadísticas sobre los juicios contra los represores.

Los juicios por delitos de lesa humanidad se reiniciaron hace 16 años, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo “Simón”, en el que confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Desde entonces fueron condenadas 1058 personas y 165 resultaron absueltas en juicios orales y públicos, según datos publicados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Por otra parte, 964 imputados fallecieron antes de obtener una sentencia y 22 acusados se encuentran prófugos. El resto de las personas investigadas se divide en instancias intermedias del proceso: a alrededor de 240 se les dictó el sobreseimiento o la falta de mérito; 542 están procesadas y poco más de 600 están imputadas o indagadas.

La pandemia, el parate y la vuelta a la actividad

En 2020, con la llegada del coronavirus y la vigencia de medidas de confinamiento, se desaceleró la actividad judicial en causas de lesa humanidad. Sólo se iniciaron 9 juicios en todo el año, la cifra más baja desde 2007. En 2021 se retomó cierta normalidad. Se iniciaron 17 juicios orales y se dictaron 17 sentencias.

Detenidos en sus domicilios

“Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales”, señala la Procuraduría en su comunicado. El dato de 2021 revela que 3 de cada 4 detenidos por causas de lesa humanidad accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria. Son 579 sobre 764 detenidos.

Por otro lado, hay 118 detenidos en unidades penitenciarias y 67 personas alojadas en otras dependencias, como la Unidad N° 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por sus características y por el rol del Ejército en su administración, la Procuraduría no considera a este tipo de lugares como unidades penitenciarias.

La evolución de los arrestos domiciliarios, que está estrechamente vinculada a la edad y a la salud de los detenidos, mostraba una situación inversa en 2015, 7 años atrás. Ese año, sólo el 40% de los detenidos por crímenes de lesa humanidad accedía al beneficio de la detención en el domicilio.

Los tiempos judiciales, bajo la lupa

Los procesos judiciales son largos: primero hay una etapa de instrucción (es decir, de investigación), luego un juicio oral y, por último viene, la etapa recursiva, en la que las partes pueden apelar lo que se resuelve en el juicio para que otros tribunales lo revisen.

“De las instancias que tenemos la posibilidad de medir, la recursiva sigue siendo la que más demora: 3 años y 7 meses en promedio es el tiempo que transcurre entre que el Tribunal Oral Federal presenta los fundamentos de la sentencia y ésta es decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para todos los recursos pendientes”, señala un informe publicado en diciembre último por la Procuraduría.

“Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la Corte, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, para confirmar o no lo dispuesto por el TOF”, agrega. En lo que respecta a la instancia oral, pasan en promedio 2 años y 2 meses desde que se eleva la causa a juicio hasta que el tribunal dicta sentencia.

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