Tarifa de agua: todo lo que tenés que saber sobre el aumento

El Gobierno nacional anunció el 16 de agosto último el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de servicios públicos e incorporó al nuevo régimen las tarifas de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que brinda servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de los municipios del Conurbano bonaerense.

En conferencia de prensa, la titular de AySA, Malena Galmarini, brindó detalles sobre el nuevo esquema de segmentación para el servicio, que llega a 3,5 millones de usuarios según datos oficiales.

La funcionaria señaló que los usuarios que se encuentren en zonas residenciales de valor alto y medio pagarán el valor pleno del servicio (sin subsidios), aunque su aplicación será gradual y variará según la zona. En tanto, quienes estén en zonas de niveles medio bajo mantendrán un 15% del subsidio, y sólo continuarán con el actual esquema tarifario quienes posean la tarifa social, un universo que actualmente alcanza al 7% de los usuarios.

Cómo será la segmentación del servicio de agua

Galmarini informó que actualmente los usuarios de AySA pagan, a través de sus facturas, el 36% de lo que efectivamente cuesta el servicio. Es decir que el restante 64% es asumido por el Estado a través de subsidios.

La funcionaria indicó, además, que “el subsidio hoy es recibido por todos los usuarios de forma general y homogénea. Por lo tanto, la distribución termina siendo injusta: reciben lo mismo del subsidio los más ricos y los más pobres”.

En este marco, la empresa estatal adoptó un criterio diferente y más restrictivo que el utilizado en los servicios de luz y de gas para aplicar el subsidio: en lugar de hacerlo a partir de la situación patrimonial de las familias, se estructuró según la zona geográfica en la que se encuentran ubicadas las viviendas. 

De este modo, se estableció una segmentación según 3 tipos de categorías. En todos los 2 primeros casos se avanzará en una eliminación total del subsidio, pero la diferencia radica en la progresividad de la quita. 

Mantendrán los subsidios aquellos usuarios incluidos en la tarifa social, que actualmente engloba sólo al 7% de los usuarios, según datos oficiales. Y también recibirán un 15% de subsidios quienes vivan en zonas determinadas como de nivel medio bajo. 

De acuerdo con la información oficial, con esta medida el 41% de los usuarios perderán todo tipo de subsidios y deberán pagar la tarifa plena, mientras que otro 47% tendrá un subsidio del 15% y el 7% de los usuarios continuará sin cambios.

Aplicación gradual de aumentos

Según lo dispuesto por la Resolución 91/2022 publicada en junio último -antes de la definición de la segmentación-, a partir del mes de octubre todos los usuarios por igual recibirán un incremento del 10% en la tarifa de agua. 

En el nivel zonal alto (que se ubica en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano y según la empresa engloba a 530 mil usuarios y representa el 15% de la facturación total) la quita de subsidios será total a partir del 1° de noviembre próximo. Es decir que estos usuarios deberán pagar desde entonces la tarifa plena.

De acuerdo a lo explicado por Galmarini en conferencia de prensa, estos usuarios pasarán de pagar una factura de $ 841 (sin impuestos) en octubre a $ 2.099 a partir de noviembre (es decir, sufrirán un aumento del 150%).

En tanto, en las viviendas ubicadas en el nivel zonal medio (que se encuentra en el centro de la Ciudad de Buenos Aires e involucra a 990 mil usuarios y representa el 24% de la facturación de la empresa) las quitas serán progresivas: el 1° de noviembre mantendrá el 40% de la factura subsidiada; el 1° de enero de 2023 el 20% y en marzo de 2023 pagarán la tarifa plena. 

De este modo, un usuario que en octubre poseía una tarifa de $ 754 (sin impuestos) pasará a pagar $ 1.130 en noviembre; $ 1.507 en enero de 2023 y $ 1.883 desde marzo de 2023. Se trata también de un incremento del 150%. 

En el caso del nivel zonal medio bajo (1,7 millones de usuarios que viven en el sur de la Ciudad y en los distritos del Conurbano y representan el 31% de la facturación total), el 1° de noviembre tendrán un 45% del subsidio; el 1° de enero el 30% y a partir de marzo de 2023 sólo mantendrán el 15% del beneficio. 

Así, los usuarios de este segmento pasarán de pagar $ 707 en octubre a $ 971 en noviembre; $ 1.236 en enero de 2023 y $ 1.501 desde marzo de 2023. Un aumento total del 112%.

Finalmente, los usuarios no residenciales (clubes, bibliotecas y otras organizaciones que suman un total de 334 mil usuarios y explican el 30% de la facturación total) tendrán un subsidio del 40% en noviembre; un 20% a partir de enero de 2023 y pagarán tarifa plena desde marzo de 2023. 

En estos casos la tarifa subirá escalonadamente un 135%, de $ 752 en octubre a $ 1.765 desde marzo de 2023.

Quiénes podrán acceder a la tarifa social

Galmarini señaló que sólo mantendrán los subsidios los usuarios categorizados dentro de la tarifa social, e indicó que quienes consideren que no pueden afrontar los aumentos podrán anotarse, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones, que son más restrictivas que las establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación para el mantenimiento de los subsidios de luz y gas. 

Según indicó la funcionaria, para acceder a la tarifa social las familias deberán cumplir algunas de estas condiciones:

• Poseer ingresos menores a 2 canastas básicas totales definidas por el INDEC (unos $ 208.400 en junio de 2022),
• Que la vivienda se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
• Que en el domicilio funcione un comedor.
• Que uno de los integrantes del hogar posea una pensión por ser ex combatiente de Malvinas.
• Que uno de los integrantes tenga un certificado de discapacidad (siempre y cuando los ingresos familiares sean menores a 3 canastas básicas totales, unos $ 312 mil).

Quedarán excluidos del beneficio los grupos familiares que posean, en conjunto, 2 o más inmuebles registrados o un vehículo de hasta 3 años de antigüedad. El acceso a la tarifa social se deberá renovar de forma anual. En estos casos, el valor del servicio se mantendrá en $ 206.

En el caso de los usuarios no residenciales, mantendrán el subsidio aquellas instituciones que cumplan funciones sociales, como bibliotecas y comedores.