Bosques: en 2017 el país perdió una superficie igual a casi nueve veces la Ciudad de Buenos Aires

La Argentina es el segundo país del mundo que mayor superficie de bosques perdió entre 1982 y 2016, sólo superada por Brasil y seguida por Paraguay, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Nature. Si bien en 2007 se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se sigue reduciendo el área de bosques, aunque a un ritmo más lento que en el pasado.

En 2017, el último dato disponible, se perdieron 172.639 hectáreas, un área equivalente a 8,6 veces la superficie que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gran mayoría de esta pérdida se dio en las provincias del Norte: Chaco, Santiago del Estero y Formosa, de acuerdo con datos de un pedido de acceso realizado por Chequeado ante la Dirección Nacional de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollos Sustentable de la Nación, que releva datos de 17 provincias que, de acuerdo con el organismo, albergan las regiones forestales con mayor impacto de la actividad humana sobre el medioambiente.

“A nivel regional, el Parque Chaqueño presenta los valores más altos de porcentaje anual de pérdida de bosque nativo a lo largo del tiempo”, confirmó a Chequeado la Dirección Nacional de Bosques, donde desde 2006 realizan monitoreos anuales en las regiones forestales con mayor impacto del ser humano sobre el medioambiente, es decir, en 17 provincias que abarcan las regiones forestales de Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense y Espinal.

A pesar de la sanción de la ley en 2007, a partir de 2014 se observa que en seis de las 17 provincias relevadas volvió a aumentar el ritmo de pérdida de hectáreas. El total nacional, sin embargo, se mantuvo en una tendencia decreciente (en 2017 se perdió un 9,4% menos de bosques que en 2014).

Desde la Dirección Nacional de Bosques señalaron como las principales causas directas de la deforestación a los cambios de uso de suelo habilitados por las provincias, como así también los desmontes ilegales, ambos realizados mayormente para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas extensivas. La extracción forestal no sostenible y el desarrollo urbano se suman a la lista de causales.

Otra causa que explica la pérdida de bosques son los incendios. “En 2017, el Espinal (región forestal que rodea a la Región Pampeana por el norte, este y sudoeste) también presenta un alto valor de pérdida anual debido en gran parte a los incendios ocurridos en el verano de 2017 en la provincia de La Pampa”, explicaron desde el organismo oficial.

La mitad de las tierras perdidas en 2017 estaban clasificadas en categorías en las que la Ley de Bosques prohíbe el desmonte. Unas 83 mil, dentro de la categoría “amarilla”, donde las tierras sólo pueden ser utilizadas para “aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica” y unas 3.200 en la “roja”, categoría en la cual la ley no permite su transformación en absoluto. Otras 61 mil estaban clasificadas como “verdes”, que se pueden transformar bajo ciertos criterios, de acuerdo con la ley.

“Esto se da porque los montos de las multas, definidas por los gobiernos provinciales para quienes desmontan en áreas donde es ilegal muchas veces son irrisorias”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Sin embargo, el especialista destacó que aun en los casos en los que las provincias imponen multas con valores elevados, hay dificultades, porque los casos se judicializan y los plazos de resolución se estiran.

También apuntó contra las autoridades que tienen que velar por el cumplimiento de la ley. “Esto además se da porque hay gobiernos provinciales que directamente autorizan desmontes donde la ley no lo permite, como Chaco, Santiago del Estero y Salta”, añadió, y cuestionó la práctica de algunas administraciones provinciales de hacer “recategorizaciones prediales”, mediante las cuales modifican, a simple solicitud del titular del terreno, la zonificación establecida como “roja” o “amarilla”, para que queden dentro de la categoría “verde”, donde la ley sí permite el desmonte. “En estos casos, la excepción se convierte en regla. Así se dio en Chaco, por ejemplo, donde lo hicieron en más de 50 predios. Se trata de la violación a la Ley de Bosques, propiciada por el propio gobierno provincial”, denunció Giardini.

“Desde Greenpeace nosotros presentamos un proyecto de ley de delitos forestales para que estos sean considerados delitos penales. En la Argentina hoy podés destruir un bosque del tamaño de la ciudad de Buenos Aires y después vas y pagas una multa irrisoria y nada más”, aseveró.

A pesar de esta situación, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), subrayó que “con la Ley de Bosques, la situación forestal en el país es hoy mucho mejor, pese a todas las dificultades que hay en su implementación” e hizo un llamamiento a fortalecer los mecanismos para su correcta aplicación. “Se necesitan más fondos para poder implementar la ley, hay que hacer mucho y eso supone dinero. Es importante, además, reprender a las provincias que hacen las cosas por fuera de la ley”, señaló.

FARN también había denunciado, en un informe publicado este mes, los mecanismos de recategorizaciones prediales en Chaco que, señalaron, ya se habían visto en Salta en años anteriores, y que, en ambos casos, atentan contra el espíritu de la Ley de Bosques.

“La recategorización se hacía con un simple trámite, sin respetar el proceso participativo que se dio con la ley. Esto no puede ocurrir. Las provincias tienen que aprender. No puede haber retrocesos en cuanto a bosques protegidos”, sostuvo Di Pangracio. “Desde FARN, nosotros pedimos que no se permitieran más recategorizaciones, y que, en los casos que ya se hubieran permitido y en los que se hubieran llegado a ejecutar desmontes, que se obligara al propietario a restaurar la tierra”, añadió.

En el caso de Salta, citado como antecedente por FARN, los decretos que habilitaban esta práctica, firmados en 2010 y 2011 por el gobernador Juan Manuel Urtubey, fueron derogados por él mismo en 2014. En Chaco, en enero último, el gobernador, Domingo Peppo, tomó una medida similar, al firmar el Decreto 298/2019 con el que derogó las normativas (las disposiciones 1103/12, 742/15 y 598/16 de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de la Provincia) que daban la posibilidad a los particulares de pedir excepciones para permitir desmontes en zonas prohibidas por la ley.

Luciano Olivares, subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia del Chaco, detalló a Chequeado que desde 2012 se habían solicitado unos 100 permisos, de los cuales se otorgaron 53, por un total de 33.000 hectáreas, que actualmente están bajo evaluación. “La autoridad técnica, a pedido del Gobernador, está ahora revisando caso por caso, para analizar la alternativa de suspensión de los trabajos autorizados. Estamos sentando las bases técnicas para que el Gobernador tome la decisión”, explicó.

Consultados por acciones que se llevan adelante para combatir los desmontes ilegales a nivel federal, en la Dirección Nacional de Bosques señalaron la existencia de “instrumentos integrales para lograr fomentar el uso sustentable del bosque nativo y su conservación”, que incluyen: sistemas de monitoreo y control de la superficie forestal de los bosques nativos y herramientas para la promoción de modelos de valorización y uso sustentable de los bosques nativos (el Plan Nacional de Manejo de Bosque con Ganadería Integrado, Manejo Forestal Sostenible en Cuencas Forestales y los Planes Integrales Comunitarios).

“Con el objetivo de complementar la información disponible sobre la pérdida de bosque nativo, se están realizando mejoras en el monitoreo satelital a través de la implementación de un sistema de alerta temprana de deforestación (en primera instancia para el Parque Chaqueño), que genera alertas de deforestación cada 16 días”, añadieron. La información recolectada es a su vez contrastada con lo informado por cada provincia. En caso de irregularidades, se solicita a las autoridades provinciales que detallen si el desmonte fue autorizado o no y las medidas que se encuentran tomando al respecto.