Cadena nacional: usos y abusos de CFK y otros presidentes de América Latina

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner suele recurrir con frecuencia a la cadena nacional. En lo que va de 2015 lo hizo en 31 ocasiones (ver datos), el récord anual de su segundo mandato.

Utilizó la cadena este año para anunciar el envío al Congreso de la ley de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la inauguración del Centro Cultural Kirchner, la apertura de la quinta edición de Tecnópolis y el segundo aumento jubilatorio previsto por ley, entre otras cosas.

Pero, ¿qué dice la ley sobre la utilización de este recurso y cómo funciona en otros países?

En la Argentina, el uso de la cadena oficial está contemplado en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009. El artículo 75 de la llamada “ley de medios” dice: “El PEN y los ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”.

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 1225/2010 e incluye “en la obligación de difusión” de la cadena “a las señales nacionales inscriptas como de género Periodísticas/Noticias”. “La transmisión de las cadenas nacionales, provinciales o municipales deberá ser realizada en forma íntegra, sin alteraciones, cortes, sobreimpresos u otros agregados”, agrega.

La diputada nacional por Unión PRO Patricia Bullrich presentó este año un escrito ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que debe velar por el cumplimiento de la LSCA, para limitar la utilización de este recurso por considerarlo “abusivo e indebido”, algo que fue desestimado por el presidente de la autoridad de aplicación, Martín Sabbatella, al señalar que, “de acuerdo con la ley, la necesidad de usar la cadena nacional la determina quien está a cargo del Poder Ejecutivo; en este caso, la presidenta Cristina Kirchner”.

Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló a Chequeado que la “trascendencia institucional” de la que habla la ley audiovisual “supera con creces el interés de una mayoría electoral que ejerce el partido de gobierno, ya que tanto lo que refiere al Estado como al interés público comprende también a las minorías”, por lo que consideró desmedido el uso actual de la cadena nacional.

Un informe de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red no gubernamental conformada por 23 organizaciones, señala que en la mayoría de los países de América Latina existe leyes que regulan el uso las denominadas “cadenas nacionales”. Una síntesis de los siguientes países sudamericanos:

-Bolivia: el artículo 112 de la ley de telecomunicaciones establece que las radios y los canales de TV privados “están obligados a realizar dos transmisiones en cadena al año, sin pago alguno, de los mensajes oficiales de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional dirigidos a todas las personas del país”. Los discursos son transmitidos por los medios estatales Radio Illimani y Bolivia TV, que administra el Ministerio de Comunicación.

“En cuanto a la duración de las cadenas, los discursos del presidente Evo Morales tienen una duración aproximada de tres horas”, agrega el informe.

-Brasil: el uso de la cadena nacional está reglamentado por el Decreto 84.181, dictado en 1979. Estipula la posibilidad de que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan solicitar al Presidente cadenas nacionales en casos de utilidad pública. El Poder Ejecutivo tiene competencia para convocar cadenas en estos casos por intermedio de la Secretaría de Comunicación Social.

“Desde el principio de su gobierno, Dilma [Rousseff] apareció 17 veces en cadena nacional, con un promedio de aproximadamente cinco por año, superando la media de dos de su predecesor, Lula [Da Silva]”, informa el documento.

-Chile: las cadenas nacionales de televisión son de carácter voluntario, aunque la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) -el gremio de canales de televisión que se transmiten por señal abierta- tiene por práctica transmitir de manera conjunta los mensajes de televisión de la Presidencia de la República. Según el informe de Alianza Regional, las radios también se suman de manera voluntaria a estas transmisiones.

En 2013, el ex presidente Sebastián Piñera utilizó este recurso en siete oportunidades. Desde la asunción de Michelle Bachelet en marzo de 2014 hasta fines del año último, la Jefa de Estado de ese país lo hizo en cinco ocasiones.

-Ecuador: los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en 2013 durante la Presidencia de Rafael Correa, establecen que los medios radiales y televisivos, ya sea estatales como privados, tienen la obligación de transmitir “los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República” y, además, en los casos de estado de excepción previstos en la Constitución ecuatoriana.

La ley no establece límites de frecuencia ni de duración. El gobierno de Ecuador recurrió a 666 cadenas nacionales televisivas desde enero hasta agosto de 2013, entre las que se incluyen discursos presidenciales y otros mensajes gubernamentales considerados como “cadena nacional”.

-Venezuela: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones habilita al Presidente a disponer “la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales”, ya sean de la Presidencia, la Vicepresidencia o de los Ministros. Si bien señala que mediante reglamento se determinarán las modalidades y limitaciones, todavía éste no fue elaborado, por lo que en la práctica no existen especificaciones de tiempo, fechas o situaciones.

En 2013, por ejemplo, se llevaron a cabo 192 cadenas nacionales, y 163 en 2014 (ver datos), incluyendo casos como el del 5 de marzo, cuando se transmitió el documental de 51 minutos “Mi amigo Hugo”, sobre la vida del ex presidente Hugo Chávez.

* Se consideró 2013 por contar con datos de todos los países para ese año. Algunos de ellos, como Ecuador y Venezuela, consideran “cadena nacional” en su marco normativo a los discursos presidenciales y mensajes gubernamentales.