Causa Cuadernos: las 5 claves del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios

El 6 de noviembre comenzará el juicio oral de la “Causa Cuadernos”, que tiene entre los acusados a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (Partido Justicialista). Entre ex funcionarios y empresarios hay otros 86 imputados que serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7.

La causa le debe su nombre a los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los detalles de estos cuadernos fueron revelados en agosto de 2018 por el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, que aportó esos materiales a la Justicia antes de su publicación.

El origen de la “Causa Cuadernos”

En 2018, Cabot tuvo acceso a 8 cuadernos escritos por Centeno, quien había anotado los movimientos de su jefe y otros funcionarios que trasladaban presuntos bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos o domicilios de funcionarios.

Antes de publicar el contenido de esos cuadernos, el periodista puso el material a disposición de la Justicia. El caso se originó como un desprendimiento de otra causa por irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL). Desde un inicio intervinieron el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El caso salió a la luz el 1° de agosto de 2018, cuando La Nación publicó la información contenida en los cuadernos junto con los detalles de los allanamientos y detenciones que se estaban llevando a cabo.

¿Quiénes están acusados en la instancia de juicio?

En total son 87 acusados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios. 

Entre los ex funcionarios figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las primeras, segundas y terceras líneas del Ministerio de Planificación Federal: el ex ministro Julio De Vido; el mencionado Baratta; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José López; y el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos Rafel Llorens.

También figuran otros funcionarios de menor rango dentro de esa área, como Claudio Uberti, Germán Nivello, Sandro Férgola y Nelson Periotti; el propio Centeno; el ex secretario privado de Baratta, Nelson Lazarte; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y su chofer, Hernán Del Río; y el ex jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina.

Entre los empresarios están algunos de los principales constructores del país: Angelo Calcaterra (ODS SA y IECSA SA), Aldo Roggio (Grupo Roggio SA), Gabriel Romero (Hidrovía SA) y Carlos Wagner (ESUCO SA y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción).

También empresarios ligados a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: Cristobal López (CPC SA y Grupo Indalo), Fabián y Osvaldo De Souza (CPC SA y Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Rudy Ulloa (Cumehue SA).

¿Qué delitos se investigan?

A Fernández de Kirchner se la acusa de ser la jefa de la asociación ilícita, y además como coautora y partícipe de diversos hechos calificados como cohechos. 

De Vido, Baratta, Jaime, Wagner y Ernesto Clarens (de la financiera Inverness SA) están acusados como organizadores de la asociación. Todos los demás ex funcionarios acusados son considerados miembros de la asociación ilícita. Entre los miembros (pero del lado empresario) también figuran Ferreyra (Electroingeniería), Oscar Thomas (Entidad Binacional Yacyretá) y Miguel Aznar (Vialco SA – Decavial SAICAC – UTE, empresa concesionaria del Corredor Vial N°3).

Según el Código Penal, la mera pertenencia a una asociación ilícita tiene una pena que va de los 3 a los 10 años de prisión. Para los jefes u organizadores, la mínima se eleva a 5.

En la mayoría de los casos, los ex funcionarios están acusados por cohechos pasivos, y los empresarios y directivos de compañías, por cohechos activos. Ambos delitos tienen una pena que va de 1 a 6 años de prisión.

La ex presidenta ya tiene una condena firme a 6 años de prisión en la causa Vialidad y actualmente cumple la pena en su domicilio.

Los arrepentidos en el expediente

Durante la instrucción del expediente, diversos imputados suscribieron acuerdos de colaboración en el marco de lo que se conoce como la “ley del arrepentido”, una norma que le otorga beneficios procesales a un imputado o procesado a cambio de aportar información que contribuya al esclarecimiento de un delito.

Según datos de la fiscalía del juicio, a cargo de Fabiana León, son 21 los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. Además de Centeno, figuran Uberti y José López. Entre los empresarios, figuran como arrepentidos Clarens, Wagner, Aznar, Calcaterra, Roggio y Enrique Pescarmona, entre otros.

La “reparación integral” rechazada por la Justicia

En septiembre, previo al inicio del debate, las defensas de 47 empresarios y de 4 ex funcionarios presentaron propuestas de “reparación integral”, una herramienta prevista en el artículo 59 del Código Penal que prevé la extinción de la acción penal en casos de “conciliación o reparación integral del perjuicio”. Esa reparación es patrimonial, es decir, consiste en el pago de dinero (que puede ser en moneda extranjera) o bienes.

Presentaron propuestas de reparación, entre otros, Clarens, Cristóbal López, Fabian De Souza, Calcaterra, Roggio, Romero, Pescarmona y Abal Medina.

En ese entonces, la fiscal Fabiana León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar este artículo del Código, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En la audiencia donde fue tratado el planteo, León afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.

En coincidencia con la fiscal, el TOF N° 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazó las propuestas de reparación integral al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”.