Causa Vialidad: qué propiedades fueron decomisadas y qué hace la Justicia con esos bienes

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dispuso el decomiso de un listado de bienes pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, al empresario Lázaro Báez y a empresas vinculadas a la condena dictada en la causa “Vialidad”, que se encuentra firme desde junio de 2025.

En esta causa, iniciada en 2016, se condenó a la ex presidenta, a Báez y a otros funcionarios nacionales y provinciales por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Fernández de Kirchner recibió una pena de seis años que cumple actualmente en su domicilio.

Pero, además, la condena dictada por el Tribunal Oral dispuso el decomiso de una suma de dinero que fue luego actualizada por peritos tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema.

¿Qué dice el fallo y qué bienes fueron decomisados?

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, de diciembre de 2022, definió que los bienes decomisados a los condenados deben cubrir el monto de $ 84.835 millones. Cuando la condena quedó firme, en junio de 2025, los peritos contadores de la Corte Suprema actualizaron la cifra a $ 684 mil millones.

Esta semana, el TOF, tras la intervención de los fiscales y las defensas, resolvió el decomiso de un largo listado de propiedades para que sean tasadas y se pueda alcanzar el monto fijado en la condena. El fallo establece una clasificación de los titulares de los bienes a decomisar: condenados beneficiarios, condenados con obligación reparadora y sujetos no condenados.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso dispusieron el decomiso de 84 bienes inmuebles de Lázaro Báez.

1. 49 inmuebles en Santa Cruz y uno en Chubut: la mayoría son lotes, chacras o propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre) y la restante en Alto Río Senguer, Chubut. Fueron adquiridas entre 2004 y 2011.
2. 34 inmuebles que ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: fueron adquiridos por Báez entre 2010 y 2013, y fueron decomisados en la causa conocida como “La ruta del dinero”.

Los jueces también dispusieron el decomiso de un inmueble de Fernández de Kirchner, porque, según el fallo, fue beneficiaria “de los efectos del delito”. Se trata de una propiedad de 6.000 m2 adquirida en 2007 y ubicada en El Calafate, Santa Cruz.

Además, la Justicia dispuso el decomiso de 19 inmuebles que fueron cedidos a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, sus hijos. Según el fallo, a pesar de no haber sido condenados, “los recibieron a título gratuito y deben reputarse producto o provecho del ilícito”. Son 19 inmuebles: 12 ubicados en Río Gallegos y los 7 restantes en el Departamento Lago Argentino, donde está ubicada la ciudad de El Calafate. En este último grupo figura el terreno en el que fue construido el Hotel Los Sauces.

¿Qué bienes fueron decomisados a empresas?

El decomiso se extendió a las personas jurídicas que fueron “beneficiadas por el producto o provecho del delito cometido por sus órganos o administradores”. Son tres empresas: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL.

A Austral Construcciones SA se le decomisaron dos propiedades en Río Gallegos, adquiridas en 2009. A Kank y Costilla SA, tres propiedades: una en Chubut (adquirida en 1970), otra en Las Heras (Santa Cruz) y la última en Río Gallegos (Santa Cruz).

A Loscalzo y Del Curto SRL se le decomisaron dos propiedades en Río Gallegos, adquiridas en 1996 y 2001.

El Tribunal adelantó que si tras la tasación estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total del decomiso, procederán a la realización de los bienes de los otros condenados en la causa: Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.

¿Qué hace la Justicia con los bienes decomisados?

En julio de 2025, a través de la Acordada 22/2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un nuevo reglamento para gestionar los bienes decomisados o secuestrados en causas penales (vehículos, inmuebles, dinero, etc.). Estos bienes son recursos propios del Poder Judicial, según la Ley 23.853.

La reglamentación establece que los jueces que disponen un decomiso deben registrar obligatoriamente todos los bienes en una base de datos (Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal) dentro de los 30 días, y la Corte Suprema puede asignarlos provisoriamente para uso del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, de las fuerzas de seguridad, o de entidades de bien público.

De hecho, el fallo de esta semana dispone que se informe lo resuelto “a los fines de que se determine si alguno de ellos será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para el uso del Máximo Tribunal o del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”. Si los bienes no se asignan, deben subastarse y el dinero ingresa a las cuentas del Poder Judicial como recurso propio.

La Corte Suprema mantiene el control total: decide qué bienes se asignan, a quién, y administra el producido de las ventas. Los bienes pueden destinarse a mejorar el servicio de justicia (equipamiento e infraestructura) o, en el caso de artículos menores que no ameritan subasta (alimentos, ropa, útiles), pueden entregarlos directamente a programas de asistencia a víctimas, educación, salud o ayuda a personas vulnerables.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, de agosto de 2025, el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 20.785, que definía cómo sería la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal. El decreto creaba un nuevo régimen centralizado en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, ante una demanda iniciada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), la Justicia ordenó suspender cautelarmente el DNU 575/25.