Cinco preguntas para entender el proyecto de pago a los holdouts

La alianza Cambiemos intentará sancionar antes de fin de mes en el Congreso de la Nación el acuerdo con los holdouts, iniciativa que ya fue aprobada por 165 votos a favor y 86 en contra en la Cámara de Diputados. A continuación presentamos los puntos centrales del proyecto en discusión:

¿Qué establece el proyecto?

En líneas generales, la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Nacional y que recibió el apoyo de Diputados tiene dos ejes centrales: deroga las leyes cerrojo y de pago soberano, que impiden que la Argentina formule una mejor oferta a los acreedores externos que quedaron fuera de los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total); y autoriza la emisión de bonos para pagar en moneda extranjera a los holdouts.

Parte de ellos, los llamados “fondos buitre”, lograron un fallo favorable de la Justicia de Nueva York que obligó a la Argentina a negociar en condiciones desfavorables.

¿Cuál será el mecanismo de pago a los acreedores?

El Gobierno nacional prevé abonar, según explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en su presentación ante el Congreso, US$ 11.684 millones en efectivo a los holdouts (incluyendo a los fondos buitre). Esta operación se concretará luego de emitir bonos con un plazo de cinco, diez y treinta años a una tasa del 7,5% anual.

Por otro lado, el proyecto de ley que fue aprobado en Diputados puso un tope de US$ 12.500 millones a la emisión que hará el Gobierno. El texto también aclara que cualquier excedente de esa cifra que surja de la emisión será computado como parte de la deuda que tiene prevista el Estado nacional en el Presupuesto 2016.

¿Qué cambios logró la oposición?

Sumado al límite que se puso para la emisión, los partidos opositores al interbloque Cambiemos lograron condicionar el acuerdo y los pagos a que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos efectivice el “levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas contra la República Argentina”. Otras de las demandas que incluyeron en el texto final fue que la nueva emisión de deuda deberá contener cláusulas pari passu (de igual trato) para evitar que los bonistas puedan reclamar embargos en el futuro.

Se crea, además, una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda que, a pedido del massismo, deberá ser informada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas cada tres meses sobre el uso de los fondos de deuda para que estos no sean utilizados en gastos corrientes.

¿Qué implica este acuerdo para las finanzas del país?

Los datos de la compañía internacional de software financiero Dealogic, unas de las pocas en el mundo que maneja información financiera de este tipo, muestran que los bonos que pondrá en el mercado la Argentina representan una de las mayores emisiones en moneda extranjera de un país en desarrollo.

La operación argentina, si se concreta, sólo se ubicará por debajo del caso de México. “Los US$ 16 mil millones recaudados por México hace 20 años es el total recaudado por ese país en un año por diferentes bonos”, detalló a Chequeado el vocero de Relaciones Institucionales de Dealogic, Edward Jones.

Si bien el acuerdo significa alrededor del 3% del Producto Bruto Interno (PBI), y el ratio deuda/PBI de la Argentina representa el 43,7% (por debajo de países desarrollados, como Japón, Inglaterra y Alemania, pero por encima de otros países de la región), el economista de la consultora Quantum Finanzas Fernando Baer señaló a este sitio: “Con las necesidades de financiamiento que hay en 2016 (el déficit fiscal, los vencimientos de deuda, las inversiones en infraestructura, etcétera) cerrar el conflicto tiene un efecto mucho mayor en las perspectivas de financiamiento externo que se le abren a la Argentina que seguir discutiendo el tema”.

Luego de pagarle a estos acreedores, ¿se terminan los juicios para la Argentina?

Existe un debate sobre el tema. De un lado, algunos especialistas no descartan el riesgo de futuros reclamos por parte del 93% de los acreedores que sí ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

Los bonistas reestructurados “podrían exigir pagos por el equivalente al PBI argentino”, señalan los investigadores del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín Martín Schorr y Pablo Nemiña y agregan que “irónicamente, podrían apoyarse en los principios del Marco de Reestructuración de Deudas Soberanas sancionado en la ONU, que la Argentina convirtió recientemente en ley de orden público”. Este marco, que aprobó las Naciones Unidas y fue promovido por la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, protege a deudores y acreedores del accionar de los fondos litigantes.

Por el otro, y aunque admitió que aún no tiene un dictamen jurídico formal, el procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, dijo en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado de la semana última que tras la caída de la cláusula RUFO (por Rights Upon Future Offers -ver esta nota-) y al derogarse la ley cerrojo -uno de los ejes del proyecto que aprobó Diputados-, el juez neoyorquino Thomas Griesa no tendría por qué aceptar nuevas medidas cautelares contra el país.