Cómo funciona el negocio del juego en la Argentina

El primer dato a tener en cuenta es que la regulación de los juegos de azar en la Argentina es facultad de cada provincia. Esto es así porque no está incluida dentro de las facultades del Poder Legislativo Nacional establecidas en el artículo 75 de la Constitución, y porque la Corte Suprema de Justicia, en un fallo dictado el 31 de mayo de 1999, resolvió que el régimen en la materia (incluyendo loterías, casinos, bingos y máquinas tragamonedas) y sus posibles infracciones no son una cuestión federal.

“Todas las provincias declaran ilegal el juego salvo el que esté admitido por sus leyes, con muchas que tercerizan y concesionan permisos a particulares contra el pago de canon a Loterías e Institutos Provinciales,” resume ante Chequeado Gustavo Arballo, docente de la Universidad Nacional de la Pampa y autor del blog Saber Derecho.

El control provincial también incluye a los sorteos promocionales, como por ejemplo los que ofrece una empresa con la compra de un producto o servicio. “Por eso es que en varias publicidades se lee ‘promoción no válida en Córdoba y Mendoza’. Ponen eso para evitar pagar impuestos muy altos que esas provincias ponen a los sorteos que no son de loterías oficiales”, explica Arballo.

A partir de esta premisa se han desplegado diferentes modelos de operación del negocio, que van desde la explotación de casinos por parte del Estado -como sucede en varios casos en provincia de Buenos Aires- hasta la privatización total de la actividad (ocurrió en Salta durante varios años hasta que el gobierno de Juan Manuel Urtubey revocó la licencia de la empresa ENJASA).

Sin embargo, el esquema más extendido es el de concesiones a privados a cambio de un canon y/o una serie de impuestos.

[su_accordion] [su_spoiler title=”Provincia de Buenos Aires”]

La provincia de Buenos Aires es uno de los distritos que incluyó una referencia directa al juego en su propia Constitución. Pero si bien el artículo 37 de la Carta Magna sancionada en 1994 establece que “la provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración de todos los casinos y salas de juegos” -y deja en claro que “no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”- varias de estas salas son explotadas, en la práctica, por privados.

El ejemplo más claro de este fenómeno es el Casino de Tigre. La sala, que abrió sus puertas en noviembre de 1999, es operada por la firma privada Trilenium SA (Unión Temporal de Empresas, UTE, entre la empresa Boldt y Sociedad Comercial del Plata, que el año último cedió su 50% a Casino Club, del empresario Cristóbal López). ¿Cómo fue posible? Gracias al decreto 726/99, que dispuso la extensión de un contrato con Boldt de 1993 para el control online de las apuestas de las agencias de lotería. Jorge Omar Rossi, entonces titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), argumentó ante la Justicia que el decreto era una especie de “contrato sui géneris”.

Al momento de su inauguración, el casino ofrecía 1.500 máquinas tragamonedas y 44 mesas de paño. Según el acuerdo, la empresa se llevaba el 50,82% de la ganancia bruta de las máquinas tragamonedas, mientras que la recaudación por los juegos de paño iba para el Estado. Este último caso se replica en todos los casinos de la provincia. La clave detrás de esta división estaba en la propia redacción del artículo 37, que prohibía la privatización de la banca. “Un juego bancado es la Quiniela, donde existe la posibilidad de que el operador pierda. Lo mismo con la ruleta de paño… y ambos son explotados por el Estado. Diferente es el caso de las máquinas tragamonedas, porque son juegos probabilísticos: ya tienen determinado el orden de pago de premios, lo único aleatorio es el momento en el que salen,” sostiene Juan José Marc, director de sistemas del IPLyC bajo la gestión del gobernador Felipe Solá.

El resto de los casinos de la provincia son operados por el Estado, aunque en todos los casos (salvo en el Sasso de Mar del Plata, donde aún no hay slots) la empresa Boldt se encarga de la provisión de máquinas tragamonedas.

¿Qué sucede con las 46 salas de bingo distribuidas en 32 distritos bonaerenses? El artículo 36 de la Ley de Bingos sancionada durante la Gobernación de Antonio Cafiero, estableció que la autoridad de aplicación “podrá explotar el juego por sí, pudiendo autorizar a entidades de bien público (…) a explotar el mismo”. No obstante, en la práctica, las entidades sin fines de lucro (clubes de fútbol, asociaciones de bomberos voluntarios) que recibieron una licencia subcontrataron la explotación de la sala.

La “Comisión Especial Investigadora de lo actuado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos”, creada en 1999 por la Cámara de Diputados de la provincia, denunció que todas y cada una de las solicitudes para abrir bingos fueron presentadas por los terceros contratados y no por los verdaderos titulares de la concesión (es decir, las asociaciones de bien público), “lo cual aclara definitivamente quiénes eran los principales beneficiarios de la operatoria”.

Salas en el distrito: 62 (Asociación de Loterias, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, 2012).
Máquinas tragamonedas: 21.870 (ALEA, 2012).
Canon: 34% del net win (ganancia bruta) en bingos, 50,82% del net win en el Casino de Tigre.
Ingresos brutos: 12%.
Control online: Sí, del IPLyC.

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[su_spoiler title=”Ciudad Autónoma de Buenos Aires”]

Como se explicó en este chequeo anterior, la administración de juegos de azar es una facultad que la Ciudad reservó para sí en el artículo 50 de la Constitución local, aprobada en 1996. La Legislatura porteña, además, sancionó la creación de un Instituto de Apuestas de la Ciudad. Sin embargo, el negocio del juego fue históricamente potestad de Lotería Nacional.

En la Ciudad existen cinco bingos (Caballito, Flores, Belgrano, Congreso y Lavalle: ninguno tiene máquinas tragamonedas) y tres casinos: los barcos Princess y Estrella de la Fortuna, amarrados en Puerto Madero, y los 4.500 slots del Hipódromo de Palermo.

En 2003, el Gobierno porteño firmó un convenio con Lotería Nacional en el que se estableció el destino de lo producido. Se pretendía así que la Ciudad pudiera comenzar a recibir al menos una parte de estos ingresos, lo que implicaba abandonar la batalla judicial entre jurisdicciones. “El convenio era como un corsé sobre el juego: se reconocía lo que estaba, sobre eso se tributaba y no se podía ampliar nada sin autorización de la Ciudad,” explicó el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, en el libro El poder del juego.

Luego de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno porteño, y con el argumento de que resultaba difícil cobrar ingresos brutos a los operadores del juego, el PRO sancionó su propia adenda al convenio, ajustando hacia arriba el canon pagado por los operadores. Al mismo tiempo, el macrismo renunciaba a la pretensión de cobro de ingresos brutos, algo que varios legisladores de la oposición entendieron como un perjuicio a las arcas estatales.

Un tema no menor es cómo hace la Ciudad para controlar que las empresas paguen el canon correspondiente de acuerdo a lo recaudado, ya que (a diferencia de lo que sucede en provincia, donde el control en línea es operado directamente por el IPLyC) el Gobierno porteño no dirige el proceso.

“El Gobierno de la Ciudad no ejerce un control fehaciente sobre su recaudación efectiva, ya que la fiscalización del juego en territorio porteño está a cargo de Lotería Nacional”, sostiene la legisladora de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto Lago. La legisladora se refiere al hecho de que la Ciudad, que por Artículo 50 de su Constitución debería “regula[r], administra[r] y explota[r] los juegos de azar”, no está dirigiendo el proceso de control de lo producido.

Según explicó el titular del Instituto de Juegos de Apuestas, Néstor García Lira, la Ciudad recibe las cifras de recaudación mediante terminales instaladas en el noveno piso de la sede del Instituto de Juegos de Apuestas. Sin embargo, el control online en tiempo real de las máquinas (hasta 2012, los operadores pagaban en base a sus propias declaraciones juradas) es operado por Lotería Nacional, que utiliza un software de control de salas provisto por la empresa IGT, la misma que fabrica los slots del Hipódromo de Palermo.

Salas en el distrito: 8.
Máquinas tragamonedas: 6.031 (ALEA, 2012).
Canon: 30% del net win (hipódromo) / 20% del net win (casinos flotantes); desde 2013 se divide en partes iguales entre Lotería Nacional y la Ciudad *.
Ingresos brutos: No paga.
Control online: Sí, de Lotería Nacional (provisto por la empresa IGT).

* Según Decreto PEN 1155/2003 y Decreto PEN 600/99

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[su_accordion] [su_spoiler title=”Santa Fe”]

Santa Fe fue una de las últimas provincias en habilitar salas de juego en su territorio. La Ley de Casinos, aprobada en diciembre de 2001 durante la gestión de Carlos Reutemann, permitió por primera vez la instalación y explotación de casinos y bingos en la provincia.

En los años siguientes, ya durante la gestión de Hermes Binner como gobernador, se inauguraron el Rosario City Center, el Casino Melincué y el Casino de Santa Fe, todos con sus respectivos llamados a licitación.

Una disputa por la alícuota de ingresos brutos, que la provincia subió del 4,1 al 6,5%, terminó en la Justicia. A fines de 2012, la entonces diputada provincial peronista María Eugenia Bielsa presentó un pedido de informes para que la provincia explicara exactamente cuál es la alícuota de ingresos brutos aplicada a las tres salas. No recibió respuesta.

Salas en el distrito: 3.
Máquinas tragamonedas: 3.901 (ALEA, 2012).
Canon: 20,56% (Rosario City Center), 25% (Casino Santa Fe); 21% (Casino Melincué) *.
Control online: Sí.
Ingresos brutos: 6,5% (juegos de paño), 10,5% (máquinas tragamonedas).

* Además, los operadores pagan un canon mensual por cada mesa de paño. En el Rosario City Center esta cifra es de US$ 2.243 y € 1.820, en el Casino de Santa Fe son US$ 2.000 y € 1.820, y en el Casino Melincué son US$ 1.250  y € 1.100.
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[su_accordion] [su_spoiler title=”Córdoba”]

En marzo de 2000, el gobernador José Manuel de la Sota aprobó una ley de reforma del Estado, conocida como la Ley del Nuevo Estado cordobés. Además de permitir una oleada de privatizaciones, la legislación -en su artículo 209- habilitó por primera vez la instalación de máquinas tragamonedas en la provincia.

El gran beneficiado por la medida, y a la fecha dueño absoluto del juego en Córdoba, es la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), una UTE entre el Grupo Roggio y el empresario Miguel Ángel Caruso. Como se explica en El poder del juego, Este empresario es el ex socio de Ángel Adolfo Alé, alias “El Mono”, un miembro del clan Alé acusado por la desaparición de María de los Ángeles Verón.

En noviembre de 2002, CET ganó la licitación para ser concesionaria de máquinas tragamonedas en la provincia. Hoy administra 19 salas en 17 localidades del interior, donde hay instaladas unos 3.600 slots.

Seis años más tarde, la Legislatura cordobesa autorizó la instalación de 2.400 máquinas más, pero hasta la fecha sólo se instalaron unas 300. En varias localidades pequeñas, los vecinos obligaron a firmar ordenanzas prohibiendo explícitamente el funcionamiento de slots. La Legislatura también aprobó la eliminación de la exención del gravamen de ingresos brutos a la industria del juego. Hoy la provincia grava con un 5% la facturación del juego de paño en casinos y aplica una alícuota del 10,5% para la explotación de máquinas tragamonedas en concepto de ingresos brutos.

Salas en el distrito: 19 (ALEA, 2012).
Máquinas tragamonedas: 3.398 (ALEA, 2012).
Canon: 34% del net win (31% para el gobierno provincial y 4% para los municipios).
Control online: Sí, de la empresa Gtech.
Ingresos brutos: 5% (juegos de paño), 10,50% (máquinas tragamonedas).
Otros: 5% de impuesto al cambio de ficha (ganadores); financia el programa Paicor de comedores escolares.

[/su_spoiler][/su_accordion][su_accordion] [su_spoiler title=”Otras provincias”]

Si bien el control online de lo “producido” por las tragamonedas se impuso en algunas jurisdicciones, varias provincias todavía cobran un irrisorio canon fijo por máquina que los empresarios pagan sin mayores problemas.

Es el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego. En 2004, durante la Gobernación del luego suspendido Mario Jorge Colazo, la provincia fijó a la empresa Casino Club un canon de $2.871,99 por cada máquina. Dos años más tarde, el gobernador Hugo Cóccaro firmó un convenio que permitió a la empresa de Cristóbal López extender por 15 años su concesión en Tierra del Fuego a cambio de una millonaria inversión. Como parte de ese acuerdo, el empresario pasó a pagar apenas $300 mensuales por 320 de las 500 máquinas que explota en el distrito, al usar el valor de referencia de un antiguo decreto, el N°1460/00. Al canon de las otras 180 máquinas se le aplica el índice CER de actualización permanente.

Un intento reciente de la gobernadora, Fabiana Ríos, de elevar ese monto fue frenado en la Justicia y terminó con una carta del propio López advirtiéndole a la gobernadora por su accionar. “La situación amerita su intervención para poner las cosas en su justo lugar, antes de que sea tarde”, escribió López, en su intento por evitar que la empresa Casino Club pague un canon actualizado.

Otras provincias como Tucumán y Catamarca también aplican un canon fijo por máquina.
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[su_accordion][su_spoiler title=”El juego en otras partes de Latinoamérica”]

En Brasil, el Decreto Ley Nº 3688 de 1941, ratificado por el Decreto Ley Nº 2315 de 1946, prohibió explícitamente los juegos de azar. La Ley de Contravenciones Penales, también de 1946, prohíbe “establecer o explotar juegos de azar en lugar público, o accesible al público, ya sea mediante el pago de una entrada o sin dicho pago”, aunque excluye de la prohibición a los sorteos autorizados.

En 1984, la “Lei do Jockey” permitió las apuestas sobre carreras de caballos. Nueve años más tarde, la “Ley Zico” permitió la explotación de salas de bingo mediante permisos expedidos por las autoridades de Hacienda de cada uno de los estados. Sin embargo, a la fecha los casinos siguen estando prohibidos.

En Chile, hasta hace muy poco, un régimen de leyes especiales regulaba la creación y funcionamiento de cada casino. Sin embargo, el país ha avanzado hacia una ley única reguladora que, una vez extinguidas las concesiones actuales, permitirá la creación de salas en 17 localidades. En miras a ese objetivo, la ley 19.995 creó la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), cuyo director es nombrado directamente por el presidente. La tasa del juego es actualmente del 20% de la ganancia bruta, más un IVA del 19 porcentaje.

En Uruguay, el régimen de casinos está compuesto por cuatro leyes (9.630, 9.994, 13.931 y 14.335) sancionadas entre 1936 y 1975. Estas leyes “conceden a la autoridad una amplia facultad para establecer los términos y condiciones en que habrán de gestionarse todos aquellos casinos que juzgue conveniente autorizar”, explica José Ramón Romero, especialista en derecho público y fundador del Centro de Estudios de Legislación sobre el Juego (CELEJ).
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[su_accordion][su_spoiler title=”Los 15 principales grupos del juego”]

1. Grupo Cristóbal

(Casino Club + HAPSA + TecnoAcción)

Titulares: Cristóbal López, Juan Castellanos Bonillo, Ricardo Benedicto y Héctor Cruz (Casino Club); Casino Club y Federico de Achával (HAPSA); Casino Club y Cirsa (Casino Puerto Madero y Casino Rosario); Intralot, Casino Club y HAPSA (TecnoAcción).

Principales operaciones: Hipódromo de Palermo, Casino Puerto Madero, Rosario City Center, Casino de Tigre (junto con Boldt) Casino Posadas, Casino Comodoro Rivadavia, Casino Trelew, Casino Río Gallegos, Casino El Calafate, Casino Magic Neuquén, Casino La Rioja, Casino Santa Rosa, Casino Ushuaia. Captura y procesamiento de apuestas en 12 provincias

Empresas: Casino Club SA, Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA), Casino Puerto Madero Buenos Aires, Casino Rosario SA, TecnoAcción SA

Negocios: explotación de casinos, captura de apuestas

Jurisdicciones donde opera: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego

Cantidad de máquinas tragamonedas: 10.481

Facturación (2012, oficial): $5.570 millones

2. Codere

Titulares: José Antonio y Javier Martínez Sampedro, Jesús y Joaquín Franco Muñoz

Principales operaciones: Bingo Lomas de Zamora, Bingo Lanús, Bingo Lomas del Mirador, Bingo La Plata, Bingo Morón, Bingo Ramos Mejía, Bingo San Justo, Bingo San Martín, Bingo San Miguel, Bingo Temperley, Bingo Mar (Mar del Plata), Bingo Puerto (Mar del Plata), Bingo Peatonal (Mar del Plata), Bingo Sol (Mar del Plata)

Empresas: Codere Argentina SA, Interjuegos SA, Iberagen SA, Intermar Bingos SA, Bingos Platenses SA, Bingos del Oeste SA, Interbas SA

Negocios: explotación de bingos

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 6.304

Facturación (2012, oficial): $1.950 millones

3. Boldt

Titular: Antonio Ángel Tabanelli

Principales operaciones: Casino de Tigre (junto a Casino Club), Casino Central (Mar del Plata), Casino de Tandil, Casino de Miramar, Casino de Valeria del Mar, Casino de Mar de Ajó, Casino de Pinamar. Captura y procesamiento de apuestas en 4 provincias

Empresas: Boldt SA y Boldt Gaming SA

Negocios: explotación de casinos, alquiler de máquinas tragamonedas, captura de apuestas

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe

Cantidad de máquinas tragamonedas: 6.265

Facturación (2012, oficial): $1.350 millones ($688 millones de Boldt + $622,68 de Boldt Gaming)

4. Argentine Gaming Group (AGG)

Titulares: Martín y Gastón Blaquier

Principales operaciones: Bingo Avellaneda, Bingo Alto Avellaneda, Bingo Florencio Varela

Empresas: Kandiko SA, Rebisco SA, Biyemas SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 1.355

Facturación (2013, estimación): $750 millones

5. Compañía de Entretenimiento y Turismo (CET)

(Grupo Roggio + Grupo Mac)

Titulares: Benito Roggio, Miguel Ángel Caruso

Principales operaciones: Casino Villa María, Casino Villa Carlos Paz, Casino Morteros, Casino Río Ceballos, Casino Mina Clavero, Casino Embalse, Casino Río Cuarto, Casino Corral de Bustos, Casino Laboulaye

Empresa: CET SA – Concesionaria de Entretenimiento y Turismo, Servicios del Centro SA, Dilke Sons SA

Jurisdicciones donde opera: Córdoba

Cantidad de máquinas tragamonedas: 3.398

Facturación (2012, oficial): $705 millones

6. Grupo Midas

Titular: Jorge Pereyra

Principales operaciones: Bingo Hurlingham, Bingo Caseros, Bingo Merlo, Bingo Ciudadela, Bingo Bahía Blanca

Empresas: Bingo Oro SA, Bingo Ciudadela SA, El Chalero SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 1.062

Facturación (2013, estimación): $683 millones

7. Antonio Lacquaniti

Titulares: Nazareno Antonio Lacquaniti, Domingo Fabián Lacquaniti

Principales operaciones: Bingo Belgrano, Bingo Flores, Bingo Lavalle, Bingo Congreso, Bingo Luján, Bingo Moreno

Empresas: Argentone SA, Argenbingo SA, Lamartine SA (Bingo Belgrano), Unión Transitoria de Agentes SA (Bingo Flores), Bingo Lavalle SA, National Game SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cantidad de máquinas tragamonedas: 509

Facturación (2013, estimación): $649 millones

8. Daniel Mautone

Titulares: Daniel Mautone, Arturo Roberto Lemseyan (junto a Mautone en World Games SA), Eduardo Amirante (junto a Mautone en Desarrollos Maipú SA)

Principales operaciones: Casino Arena Maipú, Casino Victoria, Bingo San Clemente, Bingo Santa Teresita, Bingo San Bernardo, Bingo Mar de Ajó, Bingo Ramallo, Bingo Chivilcoy, Bingo Imperial Pergamino

Empresas: Binarge SA, Cronopios SA, American Games SA, Betec SA, World Games SA, Desarrollos Maipú SA, Casino Victoria SA, Bingo Ramallo SA, Atlántica de Juegos SA, Bingo de la Ría SA, Bingo Show SA, Bingo Chiozza SA, Bingo Mar de Ajó SA

Negocios: explotación de bingos y casinos

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba

Cantidad de máquinas tragamonedas: 3.123

Facturación (2012, estimación): $554 millones

9. Golden Jack

Titulares: Ángel Martín Cavanna (apoderado), Agustín Cavanna (director de slots)

Principales operaciones: Golden Jack San Francisco Solano, Golden Jack Quilmes

Empresas: L.R.F. Group SA, La Mediterránea SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 516

Facturación (2013, estimación): $462 millones

10. Tango Game Group

Titular: Antonio Rao Ferrari

Principales operaciones: Bingo Tres Arroyos, Bingo Zárate, Hotel Casino Mayorazgo, Casino Neo Formosa, Casino Colón, Casino Gualeguaychú

Empresas: Neogame SA, Newtronic SA, Star Game SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa

Cantidad de máquinas tragamonedas: 1.001

Facturación (2012, estimación): $388 millones

11. Bingo Oasis

Titulares: Julio Cesar Vailati y Ricardo Glazman

Principales operaciones: Bingo Oasis Pilar

Empresa: Bingo Pilar SA

Jurisdicción donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 488

Facturación (2013, estimación): $265 millones

12. Grupo Begui

Titular: Marcelo Rocchetti

Principales operaciones: Begui I, Begui II (Berazategui)

Empresas: Stepako SA, Pasteko SA

Jurisdicciones donde opera: Provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 406

Facturación (2013, estimación): $247 millones

13. Aurelio Serra

Titular: Aurelio Serra

Principales operaciones: Bingo Villa Gesell, Bingo Olavarría, Bingo Pinamar

Empresas: Magic Star SA, Bingo Las Vegas SA

Jurisdicciones donde opera: provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 256

Facturación (2013, estimación): $226 millones

14. Bingo King

Titular: Diego Pascual Isabella

Principales operaciones: Bingo San Fernando

Empresa: Bingo King SA

Jurisdicción donde opera: provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 489

Facturación (2013, estimación): $225 millones

15. Bingo Quilmes

Titulares: Juan del Valle, Daniel Godoy, Ricardo Suto

Principales operaciones: Bingo Quilmes (Estación)

Empresa: Godel Quilmes SA

Jurisdicción donde opera: provincia de Buenos Aires

Cantidad de máquinas tragamonedas: 550

Facturación (2013, estimación): $116 millones

 Fuente del cuadro: El poder del juego. El gran negocio de la política argentina, de Ramón Indart y Federico Poore (Aguilar, 2014).

 

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