Día de la Memoria: más de la mitad de los presos por delitos de lesa humanidad está en prisión domiciliaria

Hoy se cumplen 42 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en la Argentina. Es por eso que cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se reactivaron en 2006 y continúan en la actualidad. También forma parte del debate de estos días el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a detenidos por estos delitos que, en muchos casos, tienen una avanzada edad. A continuación, datos sobre estos y otros temas vinculados con el juzgamiento de los delitos cometidos luego del golpe de Estado de 1976.

Prisión domiciliaria

En diciembre de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 le concedió la detención domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz. Está decisión fue revertida hace pocos días por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. También generó controversia la difusión de un documento elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el que se sugería un listado de cerca de 1.500 presos que estarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria o libertad condicional, según publicó Infobae. Ese listado incluía al represor Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA, acusado entre otras cosas de arrojar prisioneros al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación muestran que, con datos actualizados al 15 de marzo de este año, hay 1.034 detenidos en causas por delitos de lesa humanidad. De ese total, un 56,1% tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, un 39,7% está alojado en cárceles del servicio penitenciario, y el 4,1% se encuentra detenido en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

La tendencia a una mayor proporción de detenidos en prisión domiciliaria viene creciendo en los últimos años. En 2015 los detenidos con prisión domiciliaria representaban el 41% y el 56% estaban alojados en unidades del servicio penitenciario. Es decir que se daba una proporción inversa a la actual. 2016 fue el primer año con más presos en sus domicilios que en la cárcel: el 49,6% de los imputados por crímenes de lesa humanidad tenía prisión domiciliaria, el 43,9% en cárceles y el 6,4% en dependencias militares o de las fuerzas de seguridad.

Por la avanzada edad de la mayoría de los imputados por crímenes de lesa humanidad, se trata de un segmento de la población penal con más prisión domiciliaria que el promedio. Los datos del Ministerio de Justicia de la Nación muestran que tomando la población penitenciaria total, los detenidos en sus hogares sólo representan un 2% del total, aunque el informe aclara que los datos no son completos. Si se toma, por ejemplo, las cárceles bonaerenses, en 2016 del total de detenidos los que tenían prisión domiciliaria representaban un 5 por ciento.

Explica la Procuraduría en un informe de 2016 que la prisión domiciliaria “implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad”.

Pero admite, a su vez, que “el Estado tiene la obligación internacional de impedir que la imposición de la restricción de la libertad conlleve un trato cruel, inhumano o degradante ni afecte otros derechos fundamentales de las personas”.

Los juicios, las sentencias y las demoras

El informe de la Procuraduría revela que desde 2006 se han dictado 203 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad. En 2017 se dictaron 27 sentencias, la cifra más alta de la serie. “Se ha interrumpido la tendencia decreciente que se presentaba hasta 2016”, señala el documento. Del total de sentenciados desde 2006, 867 fueron condenados y 110 absueltos.

El análisis del organismo de la Procuración incorpora, además, información sobre los tiempos y la duración de las causas. Sostiene que hay 60 causas con sentencia firme, es decir que el veredicto del juicio ya pasó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y no quedan apelaciones por presentar. Con estos datos, el informe concluye que desde el momento en que el fiscal pide la elevación a juicio hasta que la causa queda “firme” luego de la intervención de la Corte pasan en promedio 5,5 años. A estos tiempos, además, hay que sumarle lo que demora la etapa previa de la causa, es decir, la instrucción.

La etapa en la que más se estanca el proceso es cuando la causa llega a la Cámara Federal de Casación Penal, luego de la sentencia del tribunal oral. Desde el veredicto del tribunal hasta el fallo de Casación (que revisa las sentencias del tribunal oral) pasan en promedio casi dos años. Y desde el momento en que la causa se eleva a juicio oral hasta que empieza el juicio pasan en promedio un año y ocho meses. La Corte también contribuye a las demoras: entre la sentencia de Casación y el fallo definitivo de la Corte pasan en promedio casi un año y medio.

El informe concluye: “Con ese ritmo, aun suponiendo que se presente el requerimiento de elevación en 2018 en todas las causas en instrucción -cuestión poco probable- como mínimo, la finalización de los procesos demoraría hasta mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados”.