El crimen de Diego Fernández en Coghlan: ¿cuándo prescribe una causa?

El crimen de Diego Fernández Lima abrió una serie de interrogantes sobre la posibilidad de que sea investigado por la Justicia. Su muerte se habría producido hace 40 años y el delito ya prescribió, es decir que ya caducó la posibilidad de que el Estado juzgue los hechos que ahora salieron a la luz. 

El caso trascendió cuando un grupo de obreros encontró restos óseos humanos en una vivienda en el barrio porteño de Coghlan a fines de mayo de 2025. Del análisis posterior se llegó a la conclusión de que la víctima era Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984. La casa donde se hallaron los restos es de la familia de Cristian Graf, un ex compañero de colegio de la víctima. 

 ¿Qué es la prescripción y cuándo prescriben los delitos?

La prescripción es la garantía que tienen los ciudadanos de ser juzgados en un plazo razonable. 

El Código Penal de la Nación establece los plazos de prescripción de la acción penal y el plazo que tiene el Estado para perseguir un delito. Los tiempos de prescripción dependen del monto de la pena. Es decir, mientras más grave sea el delito más largo es el plazo de prescripción. 

De acuerdo con el artículo 62 del Código Penal, los plazos son los siguientes:

• Cuando la pena del delito es de reclusión o prisión perpetua, el plazo es de 15 años.
• Para el resto de los delitos que tienen pena de prisión la acción penal se extinguirá cuando transcurra el máximo de la pena prevista para ese delito, pero no podrán ser más de 12 ni menos de 2.
• Cuando son delitos que únicamente tienen pena de inhabilitación perpetua, el plazo es de 5 años.
• Cuando son delitos penados únicamente con inhabilitación temporal; prescriben al año.
• Cuando son hechos reprimidos con multa, el plazo es de 2 años.

La excepción a todos estos criterios son los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Por eso, pese a que ya pasaron más de 40 años desde la recuperación de la democracia, continúan los juicios contra represores de la última dictadura militar. O, por ejemplo, no prescribió el expediente principal de la causa AMIA, que ocurrió hace más de 30 años, pero fue declarado delito de lesa humanidad.

Otra excepción existe sobre los funcionarios públicos. Cuando se cometen delitos en el ejercicio de la función pública, los plazos de prescripción comienzan a correr cuando el funcionario deja el cargo.